Catamarca ocupa el primer lugar del país en morosidad si se compara la cantidad de personas con deudas impagas con la población económicamente activa (PEA). De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado sobre datos de septiembre de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), 81.596 catamarqueños tienen compromisos financieros en situación de mora, una cifra equivalente al 56,2% de la PEA provincial.
El porcentaje ubica a Catamarca por encima de Santa Cruz (56%), San Luis (55,8%), La Rioja (51%) y Tierra del Fuego (50,9%). El promedio nacional es del 37,9%.
El resultado cambia cuando se toma como referencia a la población mayor de 18 años. Bajo ese criterio, Catamarca registra una proporción del 25,4% y queda segunda, detrás de Santa Cruz (27%). La cifra también supera ampliamente el promedio nacional, que alcanza el 18,1%, equivalente a casi uno de cada cinco adultos.
El informe también analiza la proporción de deudas familiares con atrasos superiores a los 90 días. En septiembre, Catamarca llegó al 21,5%, el mismo porcentaje que San Luis y por debajo de La Rioja (23,8%) y Santa Cruz (21,7%). El promedio nacional fue del 15,4%.
En el otro extremo se ubicaron La Pampa, con el 8,5%; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 9,6%; y Córdoba, con el 12,8%. De esta manera, la provincia aparece entre los cinco distritos más afectados en los indicadores analizados.
La morosidad en billeteras virtuales alcanzó un récord
A nivel nacional, el relevamiento contabilizó 6,07 millones de personas en situación de mora sobre un total de 21,40 millones de deudores. Esto representa 113.365 morosos más que en agosto y un incremento de 2,76 millones respecto de febrero de 2024, antes del inicio de la tendencia creciente.
Uno de los datos centrales del documento es el avance de la morosidad entre quienes utilizan billeteras virtuales y otros proveedores de crédito no bancarios. Cerca de la mitad de las personas en mora —unos 2,93 millones— mantiene deudas exclusivamente con este tipo de entidades.
La irregularidad en ese segmento pasó del 7,3% en noviembre de 2024 al 34,6% en septiembre de 2026. El porcentaje incluso superó el máximo registrado durante la pandemia, que había sido del 27,1% en mayo de 2020.
El CEPA señala que estos proveedores suelen presentar niveles de mora más elevados debido a que aplican tasas de interés superiores. En el sistema bancario, en tanto, la morosidad de las familias alcanzó el 12,2%, el nivel más alto desde la crisis de 2001, según el análisis. Aunque el indicador descendió por segundo mes consecutivo, el informe advierte que todavía no se consolidó una tendencia sostenida a la baja.
Entre las entidades no bancarias, Tarjeta Naranja y Mercado Libre concentran casi cuatro de cada diez pesos en mora del segmento, con indicadores de irregularidad del 25,8% y el 18,1%, respectivamente. Entre los bancos, Sáenz y Carrefour presentan los porcentajes más elevados, con 51,3% y 50,4%, mientras que el Banco Nación registra un 8,3%.
Quiénes son los más afectados por las deudas
El relevamiento muestra que la mayor cantidad de personas en mora se concentra entre los adultos en edad laboral. Siete de cada diez tienen entre 25 y 54 años: 1,69 millones corresponden al grupo de 25 a 34 años y 1,53 millones al de 35 a 44.
Sin embargo, la mayor proporción de morosidad relativa se registra entre quienes tienen de 20 a 24 años.
Otro dato que destaca el CEPA es la duración de los incumplimientos: el 68% de las personas en mora arrastra compromisos impagos desde hace más de un año. Se trata de más de 4,1 millones de personas que acumulan una deuda total de 5,37 billones de pesos, de los cuales 3,19 billones corresponden a billeteras virtuales.
El documento advierte que esta situación afecta especialmente a quienes sostienen económicamente sus hogares y deben afrontar los gastos cotidianos.
El CEPA vincula el endeudamiento con la caída del salario real
En su análisis, el Centro de Economía Política Argentina relaciona el crecimiento de la morosidad con la pérdida de poder adquisitivo. Según sus cálculos, el salario real de los trabajadores registrados cayó un 7% entre la asunción de Javier Milei y agosto de 2026, si se toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Si se utiliza la inflación calculada con la canasta de consumo de 2017/18, la caída llega al 17,6%.
En ese contexto, el informe sostiene que "el endeudamiento no operó como una palanca de expansión económica, sino como un mecanismo de liquidez de última instancia para sostener consumos esenciales".
El documento también recoge la explicación que brindó el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el Congreso. Según esa postura, los proveedores no financieros tienen una mayor proporción de clientes sin empleo en relación de dependencia, con ingresos menos estables, una condición que incide tanto en los montos como en las tasas de los préstamos.
Frente a ese argumento, el CEPA incorpora un dato del Banco Central: en abril de 2026, los servicios de deuda de las familias representaron el 24,1% de la masa salarial. A partir de ese indicador, el centro de estudios cuestiona que el endeudamiento pueda explicarse principalmente por supuestos gastos irresponsables de los hogares.
Menos crédito bancario y más dificultades para pagar
El informe también advierte sobre una reducción del financiamiento bancario. Los préstamos destinados al consumo cayeron un 9,4% en términos reales durante los primeros diez meses de 2026, luego de haber crecido un 31,3% en 2025. Dentro de ese período, los créditos personales habían aumentado un 49,8% y los préstamos mediante tarjetas de crédito, un 18,5%.
Según el CEPA, parte de los deudores que inicialmente recurrían a los bancos termina buscando financiamiento en billeteras virtuales o prestamistas informales. El documento señala que el costo financiero puede alcanzar el 180% anual en el sistema bancario y llegar hasta el 1.375% en otros canales de crédito.
Desde febrero de 2024, los bancos redujeron en 1,2 millones la cantidad de deudores exclusivos, una caída del 13,3%. En paralelo, aumentaron en 2,64 millones las personas que mantienen obligaciones tanto con entidades bancarias como con proveedores no bancarios.
Por último, el relevamiento identifica una señal de alerta: la deuda en seguimiento especial, que todavía no se contabiliza como morosa, alcanza los 3,52 billones de pesos. Según el análisis, ese volumen podría deteriorarse en los próximos meses si los hogares no consiguen regularizar sus pagos.