La Justicia de Estados Unidos le dio a la Argentina un fallo favorable en el litigio por la expropiación de YPF, al determinar que el país no tendrá que entregar las acciones de la petrolera ni otros activos como garantía mientras se resuelve la apelación del juicio. La decisión, que fue celebrada por el Gobierno de Javier Milei, significa un alivio financiero y político para la administración nacional.
El fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York beneficia al país, ya que le permite esperar la apelación sin la amenaza de un embargo inmediato sobre el 51% de las acciones de YPF. Además, el tribunal aceptó que el Gobierno de Estados Unidos se presente como "amicus curiae" (amigo de la corte), un gesto de respaldo a la posición argentina.
Esta medida suspende temporalmente la orden de la jueza Loretta Preska, quien hace dos años condenó al Estado argentino a pagar una cifra que, con intereses, ya supera los 18.000 millones de dólares. La demanda fue presentada por Burford Capital, un bufete inglés que adquirió los derechos de la demanda y se ha convertido en el principal beneficiario de la condena.
La defensa argentina, liderada por la Procuración del Tesoro, argumentó ante la corte que la orden de Preska violaba el principio de cortesía internacional y la inmunidad soberana del país. Además, se destacó que las acciones de YPF están en la Caja de Valores del país y no en Estados Unidos, y que la legislación local prohíbe su venta sin la aprobación del Congreso, eliminando el riesgo de "disipación" de los activos.
La batalla judicial continúa. El 25 de septiembre se presentarán los escritos formales para la apelación de la orden, y en la semana del 27 de octubre se llevará a cabo la primera audiencia para tratar la apelación de fondo, en la que se definirá si el fallo de la jueza Preska es correcto o no.
Otras aristas del caso
Mientras tanto, Burford Capital ha continuado con otras acciones legales. Uno de sus principales objetivos es probar la teoría del "alter ego", que busca demostrar que el Estado argentino e YPF son la misma entidad, lo que le permitiría al bufete cobrar la deuda de otros activos estatales, incluyendo las reservas de oro del Banco Central.
Además, en otra arista del caso, Burford solicitó al tribunal que el Gobierno entregue los chats y mensajes de WhatsApp de los exministros de Economía Luis Caputo y Sergio Massa. La jueza Preska dio lugar al pedido y, aunque la defensa argentina ya se ha comprometido a entregar la información, este paso genera un nuevo punto de fricción en un juicio que parece estar lejos de terminar.