Las universidades nacionales convocaron a una nueva marcha federal para el 12 de mayo ante la demora del Gobierno en aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Será la cuarta protesta desde el inicio de la gestión de Javier Milei y los organizadores esperan una convocatoria masiva en defensa de la educación pública, la ciencia y el sistema universitario, con impacto en todo el país, incluida Catamarca.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial llamaron a movilizarse hacia Plaza de Mayo. "Esperamos que el pueblo argentino dé una señal clara de que quiere un país en el que los jóvenes de todas las clases sociales puedan ir a la universidad", señaló la titular de CONADU, Clara Chevalier.

Rectores, docentes y estudiantes reclaman la aplicación efectiva de la ley aprobada por el Congreso. El Gobierno, en cambio, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para suspenderla y evitar avanzar con mejoras salariales, recomposición de becas y financiamiento de programas de investigación, tal como ordenaron dos fallos judiciales.

Desde la Casa Rosada sostienen que la norma no especifica las fuentes de financiamiento y advierten que su cumplimiento podría afectar el equilibrio fiscal. Según el documento presentado por la Procuración del Tesoro, la aplicación implicaría reasignar más del 90% de los créditos disponibles para gastos primarios, lo que pondría en riesgo funciones esenciales del Estado.

El sistema universitario rechaza ese argumento. "La ley solo representa el 0,23% del PBI, algo ínfimo para la Argentina", afirmó el presidente de la FUA, Joaquín Carvalho. En la misma línea, Chevalier advirtió que el sistema "no puede sobrevivir ante las condiciones de asfixia presupuestaria".

El CIN aseguró que las transferencias a las universidades cayeron 45,6% desde 2023 y que el 93% del presupuesto universitario se destina a salarios. Los gremios docentes sostienen que la pérdida de poder adquisitivo alcanza el 50%.

"Hay que cuidar lo que funciona"

Los sindicatos remarcan que la implementación de la ley permitiría actualizar salarios y becas estudiantiles. "Aun con una ley sancionada y con fallos judiciales que ordenan su aplicación, el Gobierno mira hacia otro lado y las respuestas no aparecen", afirmaron los rectores.

La comunidad universitaria volverá a movilizarse el 12 de mayo. "Les pedimos que escuchen a los estudiantes de la Argentina. La soberbia fracasó: hay que cuidar lo que funciona", expresó el presidente de la FUA.

Desde el CIN agregaron que la educación pública "iguala, hace libres y es clave para el desarrollo", y convocaron a toda la sociedad a defenderla.

Un conflicto que se arrastra desde 2024

El reclamo por la aplicación de la ley comenzó en 2024 y ya generó tres movilizaciones federales. El 21 de octubre de 2025 el Gobierno promulgó la norma luego de que el Congreso rechazara los vetos presidenciales, pero su ejecución quedó suspendida hasta definir las fuentes de financiamiento e incorporarlas al Presupuesto.

La disputa avanzó en la Justicia: un fallo de primera instancia y su confirmación en Cámara ordenaron aplicar artículos centrales vinculados a recomposición salarial y financiamiento. El Estado apeló y el expediente sigue en discusión.

En paralelo, el oficialismo envió un nuevo proyecto al Congreso que modifica la ley vigente. La iniciativa no contempla recomposición por 2024 y 2025 y establece que en 2026 solo habrá actualización presupuestaria si la inflación anual supera el 14,3%. Es decir, si el IPC supera esa variación, las universidades recibirán una actualización real de sus gastos de funcionamiento.