En un giro clave en su política energética, el Gobierno argentino confirmó ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) que impulsará un nuevo esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas, con el objetivo de reducir el gasto público y focalizar la asistencia estatal en los sectores de menores ingresos. La medida forma parte del compromiso asumido en el nuevo acuerdo con el FMI y replica el modelo implementado durante la administración de Mauricio Macri entre 2016 y 2019.
Actualmente, el sistema de subsidios se divide en tres niveles de segmentación (N1, N2 y N3), que diferencian a los usuarios según su nivel de ingresos. No obstante, el nuevo esquema proyectado por la Secretaría de Energía prevé una simplificación significativa: solo habrá dos categorías, una con subsidio (tarifa social) para los hogares vulnerables, y otra sin subsidio, para el resto de los usuarios.
Qué dice el FMI y cómo impacta el nuevo esquema en las tarifas de luz y gas
Según el staff report del FMI, el Gobierno argentino se comprometió a sustituir el actual sistema de segmentación por un único subsidio energético destinado exclusivamente a los hogares de bajos ingresos. Además, ratificó que continuará alineando las tarifas de los hogares con mayores ingresos y los usuarios comerciales con los niveles de recuperación de costos reales, una exigencia del organismo internacional para consolidar el ajuste fiscal.
La intención inicial era aplicar los cambios a partir de mayo, junto con los nuevos cuadros tarifarios discutidos en las audiencias públicas de febrero. Sin embargo, la inestabilidad cambiaria de marzo y su posible impacto inflacionario obligaron a posponer el calendario.
En la actualidad, más de 2,8 millones de usuarios de electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) reciben algún tipo de subsidio. De ese total, 1,97 millones pertenecen al nivel N2 (ingresos bajos) y 1,13 millones al nivel N3 (ingresos medios). Otros 2,3 millones pagan tarifa plena. En el caso del gas natural, 2,22 millones de usuarios en AMBA acceden a subsidios, según datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).
Libre contratación y reestructuración del mercado eléctrico mayorista
La reforma energética va más allá del rediseño de subsidios. En el acuerdo con el FMI también figura el compromiso de reformar el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) antes de noviembre. Esta iniciativa busca aumentar la competencia en el sector, reducir la presión sobre la cadena de pagos y habilitar la contratación directa entre empresas generadoras y grandes consumidores, sin la intermediación de CAMMESA, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico.
La Resolución 21 de la Secretaría de Energía formaliza esta nueva etapa, permitiendo a las empresas del sector acordar contratos de suministro sin necesidad de recurrir al esquema centralizado actual. Según el Gobierno, este cambio busca "racionalizar el sistema fragmentado" y alinear las contribuciones de los usuarios con las prestaciones recibidas, además de fomentar la formalización laboral en la industria energética.
Hacia un sistema energético más eficiente, focalizado y competitivo
El rediseño de los subsidios energéticos representa un paso clave en la estrategia del Gobierno para ordenar las finanzas públicas y mejorar la eficiencia del gasto. El reemplazo del sistema de tres niveles por un esquema binario apunta a simplificar la gestión, garantizar una tarifa social justa y eliminar subsidios innecesarios en sectores que no lo requieren.
A su vez, la apertura del mercado eléctrico a la libre contratación introduce un modelo que busca dinamizar la competencia, optimizar costos y modernizar la estructura energética argentina. Ambos frentes de reforma —el tarifario y el estructural— están atados a los compromisos con el FMI, pero también responden a una necesidad urgente de transformación del sector.
Estos cambios tendrán un impacto directo en los hogares, las empresas y el ecosistema energético del país. La implementación efectiva y transparente será clave para garantizar que el ahorro fiscal no se traduzca en un costo social excesivo, y que la energía sea más accesible, eficiente y sostenible para todos.