El Gobierno argentino analiza distintas estrategias para demorar el pago de US$716 millones impuesto por el Centro Internacional de Arreglo de Diferendos Relativos a Inversiones (CIADI), tras un fallo en contra en la disputa con la empresa estadounidense AES Corporation. El caso se originó por la pesificación de contratos de concesión de la represa hidroeléctrica Alicurá, realizada durante la salida de la convertibilidad en 2002.
AES argumentó que la Argentina violó el Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos, al modificar unilateralmente los términos contractuales que establecían ingresos en dólares. A ello se sumó el congelamiento prolongado de tarifas eléctricas, lo que habría afectado las proyecciones financieras de la compañía. El reclamo original fue por US$1814 millones, cifra que con intereses podría haber superado los US$2500 millones.
Estrategia judicial para demorar el pago
Fuentes oficiales reconocen que el Ejecutivo no tiene previsto afrontar el pago en el corto ni mediano plazo, y que buscará dilatar la ejecución del laudo a través de mecanismos legales. La Procuración del Tesoro, a cargo de Santiago Castro Videla, será la responsable de las presentaciones judiciales.
La principal herramienta que analiza el Gobierno es el pedido de anulación del laudo, que puede solicitarse dentro de los 120 días posteriores a su dictado. Según la convención del CIADI, el recurso puede basarse en irregularidades en la constitución del tribunal, extralimitación de funciones, violaciones procesales o corrupción de alguno de sus integrantes.
Si se avanza con el pedido, el CIADI deberá conformar una comisión ad hoc de tres árbitros ajenos al proceso original. Esta instancia puede incluso suspender provisionalmente la ejecución del fallo mientras se analiza la solicitud de anulación.
En caso de que el pedido sea rechazado, el Gobierno buscaría negociar un esquema de pago progresivo con la empresa demandante.
Alternativas en carpeta
Una posibilidad que evalúa la Casa Rosada es compensar el pago del laudo con un eventual beneficio en la futura licitación de la represa Alicurá. Si AES se presenta y gana, se le eximiría del pago del nuevo canon de concesión como forma de cancelar la deuda.
Este caso se inscribe en el contexto del proceso de privatización de otras tres represas en la región del Comahue, que el Ejecutivo tiene en agenda.
Precedentes y otros frentes abiertos
El Estado argentino ya fue condenado recientemente a pagar US$147 millones a la constructora Webuild, por el congelamiento de peajes en el puente que une Entre Ríos y Santa Fe. Además, enfrenta otros litigios internacionales, como el juicio por el "Cupón PBI", donde deberá abonar US$1500 millones tras un fallo firme de la Corte Suprema del Reino Unido.
