Este lunes, tras la batería de medidas anunciadas por el ministro de Economía Sergio Massa durante el fin de semana, desde el Gobierno confirmaron que aquellas provincias y municipios que decidan pagar la suma fija de 60 mil pesos que abonará el Poder Ejecutivo a los empleados públicos nacionales, deberán hacerlo con fondos propios.
Así lo reportó el medio Infobae cuyas fuentes oficiales señalaron que no habrá partidas específicas del Gobierno nacional para asistirlas con ese gasto.
No obstante, cabe tener en cuenta que, según los últimos datos consolidados sobre el empleo público en las provincias, hacia fines de 2021, existe unos 2,2 millones de trabajadores del Estado cuyo salario es pagado por las administraciones provinciales, con un peso más marcado en gobernaciones como las de Tierra del Fuego (125 por cada 1.000 habitantes), Catamarca (113 cada millar de habitantes), La Rioja (109) Neuquén (106) y Santa Cruz (95), según datos recopilados por la consultora Politikón Chaco que dirige Alejandro Pegoraro.
El pago de la suma fija salarial que determinó el Poder Ejecutivo nacional se hará para los trabajadores públicos nacionales en dos tramos de 30 mil pesos. En el video en que anuncia la medida, el ministro de Economía invitó, sin carácter de obligatorio, a que los gobiernos provinciales y municipales también se sumen a la misma. Uno de los argumentos que esgrimen desde los despachos oficiales es que las provincias tienen margen fiscal para absorber ese gasto.
Si bien los datos fiscales de las provincias tienen un rezago mayor a la información nacional, la recopilación que hizo Pegoraro muestra que hay algunas jurisdicciones con resultado primario positivo aunque “con un deterioro a lo largo del año, explicado en gran medida por la expansión del gasto, calendario electoral mediante, y por ingresos que corren por detrás de la inflación”, explicó el experto a Infobae. Para el caso del empleo público municipal la información es mucho menos completa.
Hacia el segundo trimestre del año, las pocas provincias que presentaron sus datos fiscales mostraban números, en general, en rojo: Santa Fe ($26.000 millones), Catamarca ($20.800 millones), San Juan ($11.500 millones), Neuquén ($6.800 millones), Salta ($3.900 millones) y Entre Ríos ($3.500 millones).
Por el contrario, con superávit aparecían Tucumán (casi $9.500 millones) y Formosa (menos de $900 millones), de acuerdo a Politikón. Un trimestre hacia atrás se ve que la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tenía un superávit de $186.000 millones, seguido por Córdoba ($45.000 millones), Corrientes ($7.000 millones) y Río Negro ($6.100 millones).
Según información del Banco Central, actualizada hasta fines de junio, el stock de depósitos en moneda nacional correspondientes al conjunto de provincias ascendía a los 2,2 billones de pesos (1,1 billones en cuenta corriente y $467.000 millones en plazo fijo), mientras que los municipios tenían depositados a esa altura del año $442.000 millones. En dólares, por su parte, hay un stock de USD 1.500 millones en manos de gobiernos provinciales (USD 1.220 millones en cajas de ahorro) y poco más de USD 23 millones de gobiernos municipales.
Por otro lado, un grupo de intendentes de la oposición en la provincia de Buenos Aires ya le advirtió al gobernador Axel Kicillof que no podrán afrontar ese pago. Kicillof recibió este lunes a una comitiva de intendentes de la Unión Cívica Radical. Los mandatarios locales le anticiparon al gobernador que no tienen fondos para aplicar el bono de 60 mil pesos dirigido a trabajadores del sector público nacional que instrumentará la Casa Rosada.
El propio gobernador había asegurado que se “está analizando” la implementación de la suma fija porque “los sueldos de la provincia de Buenos Aires, por los acuerdos que llevamos adelante con los trabajadores y trabajadoras, no han venido perdiendo con la inflación hasta ahora”.
El Gobierno asegura que el paquete de doce medidas que anunció este domingo a manera de “compensación” por el efecto de la devaluación de peso el día después de las elecciones primarias tendrá un costo fiscal de 0,43% del PBI. Se trata de una cifra cercana a la que esperaba el Fondo Monetario Internacional y que pondrá presión a la meta de reducción del déficit primario prevista hasta fin de año.
El paquete de medidas que anunció por partes el ministro Massa, que incluye el pago de una suma fija a cuenta de futuros aumentos para empleados en relación de dependencia, un bono para jubilados por los próximos tres meses, exenciones para monotributistas, créditos a tasa blanda, medidas para el agro, pymes, personal doméstico, entre otros, tendrá un costo fiscal de $729.000 millones, según informaron a Infobae fuentes oficiales.
El Fondo Monetario, en su informe de staff técnico publicado este viernes, había ubicado esa cifra en torno de los 0,4 puntos del PBI y aseguraba que ese paquete podría “aumentar las presiones fiscales en el futuro”. En cuentas simples: la meta de fin de año para el recorte del rojo primario es de 1,9% del Producto. Hasta los primeros siete meses del año el Ministerio de Economía ya había acumulado un déficit 1,27 por ciento. El margen no es mayúsculo y, por estacionalidad, el segundo semestre suele ser el de mayor ejecución del gasto.
(Fuente: Infobae)
