Tras la publicación del resultado fiscal correspondiente al cierre del primer semestre, distintos analistas privados coincidieron en señalar que el superávit acumulado hasta junio se ubicó por debajo del objetivo comprometido por el Gobierno nacional ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El resultado adquiere especial relevancia debido a que la próxima auditoría del organismo internacional se encuentra prevista para fines de este mes y tendrá como base de evaluación los datos correspondientes a la primera mitad del año. De esa revisión dependerá la aprobación de un nuevo desembolso de más de US$680 millones, contemplado en el marco del acuerdo vigente.

En este escenario, el Ministerio de Economía deberá afrontar una instancia clave en la negociación con el organismo, ya que los resultados informados reflejan un desvío respecto de la meta establecida para el período analizado.

La revisión del FMI y la posibilidad de solicitar un waiver

De acuerdo con el análisis realizado por especialistas del sector privado, el Gobierno tendría que solicitar que el organismo excuse el incumplimiento mediante un waiver, mecanismo que permitiría destrabar el desembolso previsto pese a no haberse alcanzado el objetivo fiscal comprometido.

En ese contexto, el 27 de julio la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, visitará la ciudad de Buenos Aires. Si bien la funcionaria no integra los equipos técnicos encargados de evaluar los aspectos específicos de cada revisión, los analistas consideran probable que el Gobierno le adelante el desvío registrado y solicite que el organismo contemple esa situación para asegurar el giro de los fondos.

La eventual aprobación de la revisión permitiría liberar un desembolso estimado en más de US$680 millones, motivo por el cual el cumplimiento de las metas acordadas adquiere un peso central dentro de la negociación.

Los informes de las consultoras privadas

El reporte matutino elaborado por Max Capital sostuvo que el resultado fiscal quedó por debajo del compromiso asumido con el FMI. Según ese informe, "el superávit primario acumulado bajo la metodología del FMI alcanzó $6,3 billones a junio, por debajo de la meta de $6,861 billones establecida para fines de ese mes, lo que sugiere que el Gobierno no cumplió con ese objetivo".

En la misma línea se expresó Grupo SBS, que también evaluó el desempeño fiscal del primer semestre.

De acuerdo con ese análisis, "excluyendo los ingresos extraordinarios, la meta fiscal del primer semestre con el FMI está incumplida por aproximadamente $573.970 millones, aunque no creemos que esto genere ningún inconveniente en la próxima revisión".

Ambos informes coinciden en señalar que el objetivo comprometido para junio no fue alcanzado, aunque difieren en la evaluación sobre las posibles consecuencias que ello podría tener durante la auditoría prevista para fines de este mes.

La meta anual continúa siendo un desafío

Luego de la última revisión del acuerdo con el FMI, el Gobierno modificó el compromiso fiscal previsto para 2026.

La meta de superávit pasó de 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI) a 1,4% del PBI, un cambio que fue considerado por los analistas al evaluar las posibilidades de cumplimiento para el resto del año.

Desde Max Capital señalaron que ese objetivo anual todavía podría alcanzarse si las cuentas públicas registran un desempeño superior al previsto durante el segundo semestre. Sin embargo, distintas consultoras identificaron factores que podrían dificultar el cumplimiento de esa meta.

La recaudación y el ajuste

Uno de los aspectos señalados por los analistas es el deterioro real de la recaudación, atribuido al rezago que presenta el nivel de actividad.

Según la consultora LCG, la persistente reducción de los ingresos representa un desafío adicional para cumplir el compromiso asumido con el FMI, ya que obliga a realizar un mayor ajuste sobre el gasto.

El informe sostuvo que, aun cuando exista voluntad oficial de cumplir con el objetivo fiscal, la magnitud del esfuerzo requerido, su composición y la tolerancia social frente a ese ajuste podrían representar un costo para el Gobierno. En ese marco, la consultora consideró que el Ministerio de Economía adoptó una serie de decisiones que reflejan la preocupación oficial por el impacto que podría generar un mayor ajuste fiscal.

Entre las medidas mencionadas por LCG se encuentran:

• Anuncio de una baja menor de retenciones, concentrada en trigo y cebada, mientras se postergó hasta 2027 la reducción de los derechos de exportación sobre la soja y sus subproductos.
• Postergación hasta noviembre de la puesta en marcha de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), mecanismo que desvía aportes patronales que anteriormente ingresaban al Estado y que ahora serán destinados a inversiones en el mercado.
• Reconocimiento de una deuda con la Ciudad de Buenos Aires mediante lo que la consultora describió como un recurso de contabilidad creativa.