El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó este miércoles una conferencia de prensa en la que presentó formalmente el proyecto de ley que contempla modificaciones sustanciales a la Ley de Inocencia Fiscal. Esta medida tiene como propósito central incentivar el uso de los dólares del colchón, permitiendo que los ahorros acumulados fuera del circuito bancario puedan reingresar a la economía formal sin sufrir penalizaciones de ninguna índole.

Durante el encuentro con los medios, el jefe del Palacio de Hacienda estuvo acompañado por María Ibarzabal Murphy, representante de la Secretaría Legal y Técnica, así como por un equipo de tributaristas involucrados en el proceso de mejoras, quienes se encargaron de responder y aclarar las diversas inquietudes de la prensa presente.

El diagnóstico económico y el origen de los cambios

En el marco de su intervención, Luis Caputo explicó en detalle las razones que motivaron la revisión de la normativa. El titular de la cartera económica señaló que las modificaciones presentadas surgieron de manera directa tras las reuniones que mantuvo en las últimas semanas con contadores y tributaristas, quienes habían planteado una serie de dudas e inquietudes respecto a la norma que había sido sancionada originalmente a fines de diciembre.

El diagnóstico oficial sobre el volumen de activos fuera del sistema es contundente. El ministro sostuvo que el Banco Central calcula que existen actualmente US$170.000 millones "debajo del colchón", una cifra que representa más de cuatro veces el volumen total de los depósitos en dólares existentes en el sistema financiero. Pese a la magnitud de este dato, desde el Gobierno no se respondió cuántos de esos dólares esperan efectivamente que ingresen al sistema financiero a partir de la implementación del nuevo texto.

El ministro fue enfático respecto al impacto que genera la falta de bancarización de estos recursos tanto para los particulares como para la macroeconomía:

"Para la gente, tener los dólares debajo del colchón es un mal negocio. A nivel país, tampoco nos sirve."

En ese sentido, Luis Caputo agregó que formalizar esos fondos permitirá dinamizar la actividad y hacer que la economía crezca de manera sostenida. "Queremos que haya más inversión, y la contracara de la inversión es el ahorro, que hoy están debajo del colchón", profundizó el funcionario para explicar la lógica detrás de la medida.

Respecto al trámite parlamentario, Luis Caputo expresó su confianza en que el Congreso vuelva a aprobar el proyecto de ley. Remarcó que el espíritu de la iniciativa "no cambia en absolutamente nada" y aseguró que "el objetivo sigue siendo permitirle a la gente que en el pasado se vio forzada a tener que informalizar sus ahorros a poder bancarizarlos".

Las precisiones sobre los procesos judiciales en curso

Uno de los puntos de mayor debate durante la conferencia de prensa giró en torno al alcance que esta legislación podría tener sobre investigaciones del fuero penal. Al ser consultado sobre si la nueva normativa podría llegar a beneficiar a funcionarios como el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni —quien se encuentra investigado por la justicia por los delitos de enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas—, los tributaristas presentes evitaron nombrarlo de manera directa, pero ofrecieron definiciones técnicas precisas para delimitar las incumbencias de la norma.

Los especialistas aclararon categóricamente que la Ley de Inocencia Fiscal no elimina ninguna investigación judicial en curso y enfatizaron que la Justicia continuará su carril de manera independiente. Para despejar cualquier tipo de especulación sobre un eventual uso de la legislación con el fin de blindar situaciones judiciales particulares, puntualizaron: "Esto no es un régimen de blanqueo, es un régimen simplificado de declaración. Corre por el carril fiscal, no por la vía de la Justicia".

Los cuatro pilares de la reforma técnica

El proyecto de modificación introduce ajustes estructurales con el fin de otorgar mayor certidumbre y flexibilidad a los contribuyentes. Entre los cuatro cambios más importantes que introduce la reforma se destacan los siguientes puntos:

Eliminación de los topes de ingresos y patrimonio: Se remueven los límites vigentes para poder ingresar al régimen, el cual se encontraba restringido hasta el momento a personas con ingresos de hasta $1000 millones anuales, $10.000 millones de patrimonio y a quienes no estuvieran categorizados como Grandes Contribuyentes.

Redefinición de la "discrepancia significativa": Se reestructura el parámetro que le permite a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) romper la presunción de exactitud del contribuyente. Para ello, se fija un piso de $5 millones con el objetivo de que dicha presunción no caiga, aun en los casos en que se supere el 15% de diferencia.

Mecanismo de rectificación de declaraciones: Se incorpora la posibilidad de que el contribuyente pueda rectificar su declaración jurada y abonar el ajuste correspondiente dentro de los 15 días posteriores a ser notificado, garantizando que no perderá por esa razón los beneficios estipulados en el régimen.

Procedimiento de reintegro acelerado: Se establece una cláusula que obliga a la ARCA a devolver los montos pagados con sus respectivos intereses en un plazo máximo de 45 días hábiles, en aquellos escenarios donde una impugnación fiscal termine siendo revocada.