El Gobierno libera tarifas: suben el gas, la luz y los combustibles desde noviembre
Con el fin del congelamiento pos electoral, el Ejecutivo dispuso incrementos en los servicios públicos y los impuestos a los combustibles. La medida forma parte del plan para reducir subsidios y equilibrar las cuentas fiscales.

Tras las elecciones legislativas de medio término y con la llegada del clima más templado, el Gobierno nacional decidió poner fin al esquema de aumentos moderados que rigió en los últimos meses y avanzar en una nueva fase de ajuste tarifario. Desde noviembre, las facturas de gas natural registrarán un incremento promedio del 3,8% a nivel nacional, mientras que se prevén subas similares en electricidad, agua y combustibles, en línea con la estrategia oficial de reducir gradualmente los subsidios y mejorar el resultado fiscal.

La decisión fue oficializada mediante la resolución 433 de la Secretaría de Energía y una serie de disposiciones complementarias del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), numeradas entre la 811 y la 830. Estas normas reemplazan el esquema de aumentos inferiores al 2% mensual que había sido aplicado durante el último semestre. Dicho mecanismo, impulsado por el Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo, buscaba contener los precios regulados y mitigar el impacto inflacionario en la antesala de los comicios.

Ahora, con las elecciones ya superadas, el Ejecutivo retoma la senda de la "normalización tarifaria", un proceso que apunta a reducir los subsidios energéticos y trasladar de manera gradual los costos reales de producción y distribución a los consumidores finales.

Además del aumento en las tarifas, el Gobierno dispuso elevar hasta 7,2% el recargo sobre el precio del gas destinado al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que financia los descuentos en las llamadas "zonas frías". Este beneficio —vigente desde 2002 y ampliado en 2021— alcanza a regiones de la Patagonia, la Puna, Malargüe y parte de la Costa Atlántica. No obstante, el Ejecutivo ya adelantó su intención de eliminar la mayoría de los fondos fiduciarios, manteniendo solo este mecanismo y acotándolo a los beneficiarios originales.

En paralelo, el Ministerio de Economía dispuso una actualización de los impuestos a los combustibles líquidos, que impactará con incrementos de entre 1% y 1,5% en los precios de la nafta y el gasoil a partir del 1° de noviembre. Según cálculos oficiales, la falta de actualización de estos tributos representaba una pérdida de aproximadamente 200 millones de dólares mensuales en recaudación, recursos que se destinan principalmente al mantenimiento vial.

También se confirmó que los servicios de agua y cloacas provistos por Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) seguirán aumentando 1% mensual, en continuidad con la pauta establecida a comienzos de 2025. En tanto, se espera que en los próximos días el Gobierno publique una resolución de revisión tarifaria para el servicio eléctrico del AMBA, que alcanzará a los usuarios de Edenor y Edesur.

El capítulo pendiente dentro del esquema de tarifas es el del transporte público, tanto colectivos como trenes de jurisdicción nacional, cuyos valores aún no fueron actualizados. Fuentes oficiales indicaron que el nuevo esquema de revisión tarifaria se encuentra "en evaluación" y podría ser anunciado antes de fin de año.

Con este paquete de medidas, el Gobierno busca reordenar los precios relativos de la economía y avanzar en la reducción del déficit fiscal mediante una menor carga de subsidios. Sin embargo, los analistas advierten que esta política, aunque necesaria desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera, impactará directamente en el poder adquisitivo de los hogares durante los próximos meses, en un contexto de inflación persistente y menor consumo.

En los despachos oficiales sostienen que el objetivo de la Casa Rosada es "normalizar los precios regulados sin provocar un salto inflacionario brusco", por lo que las próximas actualizaciones se realizarán "de manera gradual y previsible".