El Gobierno modificó el RIGI: flexibiliza las condiciones para proveedores locales
El Ejecutivo introdujo cambios en la reglamentación para ampliar el alcance del régimen y aportar mayor claridad a su aplicación. Las modificaciones alcanzan la definición de proveedores locales, los plazos de inversión, las reorganizaciones societarias y el reconocimiento de divisas ingresadas al país.

El Gobierno introdujo modificaciones en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con cambios que impactan sobre las condiciones para la participación de proveedores locales, el cumplimiento de los compromisos de inversión, los procedimientos ante modificaciones en la estructura empresarial y el ingreso de divisas destinadas a los proyectos.

La medida quedó instrumentada mediante el Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. Según los fundamentos de la modificación, la decisión busca aportar mayor claridad a la implementación del régimen, agilizar la integración de proveedores locales y establecer reglas para los procesos de reorganización empresarial.

Los cambios introducidos modifican distintos aspectos de la reglamentación y establecen nuevos criterios para determinar qué empresas pueden ser consideradas proveedoras locales, cómo deben computarse determinadas inversiones y de qué manera pueden realizarse operaciones que impliquen modificaciones en los Vehículos de Proyecto Único (VPU).

Uno de los puntos centrales de la reforma está relacionado con la definición de proveedor local. Hasta ahora, la composición accionaria podía tener incidencia en la evaluación de esa condición. Con la nueva disposición, el criterio para las personas jurídicas queda vinculado exclusivamente con su constitución y domicilio en el país, independientemente de la nacionalidad o residencia de sus accionistas y de la composición de su capital social.

Proveedores locales

El decreto establece un nuevo parámetro para identificar a las personas jurídicas que podrán ser consideradas proveedores locales dentro del RIGI. A partir de la modificación, la condición se determinará exclusivamente por la constitución de la empresa y su domicilio en territorio argentino.

Esto significa que dejará de considerarse la nacionalidad o residencia de quienes integran su estructura accionaria, así como tampoco será determinante la composición del capital social para definir esa condición.

En consecuencia, una empresa de origen extranjero que se encuentre constituida y tenga domicilio en el país podrá calificar como proveedor local, siempre que cumpla con los requisitos establecidos para los bienes que suministre.

La modificación apunta a ampliar la participación de empresas radicadas en el territorio nacional y facilitar su integración a los proyectos alcanzados por el régimen. De esta manera, el criterio de pertenencia local deja de estar condicionado por el origen de los accionistas y pasa a concentrarse en la constitución jurídica y el domicilio de la persona jurídica.

Sin embargo, el cambio no elimina las condiciones vinculadas con el origen de los productos. La normativa mantiene el requisito de que los bienes provistos cumplan con las reglas de origen nacional del MERCOSUR. Por lo tanto, la flexibilización se concentra en la definición de la empresa proveedora, mientras que las exigencias sobre el origen de los bienes continúan vigentes.

Proyectos de Exportación Estratégica

Otro de los aspectos modificados corresponde a los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo. En este caso, la norma sustituye el inciso i) del artículo 47 y establece una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión global en activos computables exigido al proyecto único.

La modificación introduce una distinción formal entre dos obligaciones que deben ser consideradas dentro del régimen: por un lado, el cumplimiento del monto global de inversión requerido para el proyecto y, por otro, los compromisos de inversión correspondientes a cada una de las etapas individuales.

Con este criterio, el decreto busca evitar superposiciones normativas entre los hitos temporales establecidos para cada etapa y la meta general de inversión del proyecto.

La nueva disposición permite diferenciar el cumplimiento de los compromisos parciales de cada fase respecto de la obligación de alcanzar el monto mínimo global exigido. Así, la reglamentación incorpora un parámetro temporal único para la inversión total en activos computables, sin confundirlo con los plazos específicos previstos para las distintas etapas.

Cambios en los Vehículos de Proyecto Único 

La reforma también incorpora precisiones sobre los procedimientos aplicables cuando se producen modificaciones en la estructura de los Vehículos de Proyecto Único (VPU).

Uno de los puntos regulados es la adquisición de acciones o cuotas de un VPU por parte de terceros. El decreto establece que estas operaciones no alterarán los derechos que el proyecto obtuvo bajo el régimen. Sin embargo, determina expresamente que el valor de esas adquisiciones no podrá computarse como inversión en activos computables para alcanzar las metas mínimas exigidas.

Esta diferenciación resulta central dentro de las nuevas disposiciones: la transferencia de participaciones no implica la pérdida de los derechos del RIGI, pero tampoco puede utilizarse para acreditar el cumplimiento de las obligaciones de inversión en activos computables.

En paralelo, la normativa habilita la cesión de participaciones y el ingreso de nuevos miembros a los vehículos. Para estas operaciones establece un procedimiento de comunicación ante la autoridad de aplicación.

La notificación deberá realizarse dentro de los 15 días corridos desde la inscripción de la operación. Una vez recibida, el organismo contará con un plazo de 30 días corridos para formular observaciones. De esta manera, el decreto establece plazos concretos tanto para informar los cambios en la composición de los VPU como para que la autoridad competente pueda evaluar y realizar las observaciones que considere correspondientes.

Reorganización societaria

Otro de los cambios incorporados consiste en la autorización expresa para realizar reorganizaciones societarias mediante la transferencia integral de activos y obligaciones hacia una Sociedad Anónima (SA) o una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU).

La disposición contempla que, cuando se concrete este tipo de reorganización, se mantendrán la fecha de adhesión original al RIGI y los derechos correspondientes al proyecto. El decreto establece, además, que la transferencia integral no será considerada una nueva adhesión al régimen. De esta forma, la reorganización societaria podrá realizarse sin que el proyecto deba iniciar nuevamente el procedimiento de incorporación ni pierda la fecha de adhesión que tenía reconocida.

La incorporación de esta posibilidad se suma a las reglas sobre adquisición de participaciones, cesión e ingreso de nuevos miembros, y completa el conjunto de modificaciones destinadas a ordenar los procedimientos aplicables ante cambios en la estructura de las empresas vinculadas con los proyectos.

Acceso al mercado de cambios

La reforma también introduce modificaciones en las condiciones establecidas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para el acceso al mercado de cambios.

La nueva reglamentación permite que se computen como divisas liquidadas no solamente los fondos ingresados directamente por el Vehículo de Proyecto Único, sino también aquellos provenientes de aportes de no residentes o de endeudamientos externos que hayan sido liquidados por accionistas o socios.

El cambio amplía las modalidades de ingreso de fondos que pueden ser reconocidas dentro del esquema, al contemplar recursos que llegan al país a través de los integrantes de la estructura societaria y no exclusivamente mediante el propio VPU.

Sin embargo, el decreto establece condiciones específicas para que esos fondos puedan ser considerados dentro del régimen. En primer lugar, deberán destinarse de manera efectiva al Proyecto Único. Además, deberán contar con registros contables que garanticen su trazabilidad.

Estos requisitos buscan asegurar que los recursos reconocidos como divisas liquidadas tengan una vinculación concreta con el desarrollo del proyecto y que exista documentación contable suficiente para seguir su recorrido y verificar su aplicación.