El Gobierno Nacional analiza crear un amplio programa de reformas como parte de un acuerdo con todas las fuerzas políticas que decidan adherirse al punteo de principios básicos declarados en la apertura de las sesiones ordinarias.
Una de esas reformas sería la creación de nueva fórmula de movilidad previsional, la cual podría entrar en vigencia en los próximos meses. Se estudia un esquema que sea capaz ya no sólo de detener el inminente proceso de deterioro en el poder adquisitivo de los jubilados, sino además permitir algún tipo de compensación progresiva por los años de deterioro acumulados hasta la fecha.
Entre los múltiples proyectos que se están tratando, una alternativa trascendida entre conversaciones es el ajuste automático de los haberes previsionales atados al IPC (la evolución de los precios minoristas).
Actualmente la fórmula previsional vigente es la que se dispuso en marzo de 2021 por el expresidente Alberto Fernández, la cual establece una actualización que se compone en un 50% por el índice de salarios formales RIPTE (que no lograron alcanzar a la inflación en los últimos años) y otro 50% atado a la recaudación de la ANSES (la cual depende de las contribuciones patronales y personales).
La fórmula propuesta por el kirchnerismo demostró ser nociva para los jubilados, quienes perdieron sistemáticamente desde su sanción. De hecho, fue tal el efecto corrosivo sobre el poder adquisitivo de los haberes, que hubo la necesidad de establecer bonos adicionales por decreto (completamente discrecionales y sin ninguna garantía) para tratar de compensar la debacle.
Con la sanción de una nueva fórmula previsional atada al IPC, los jubilados dejarían de depender del Gobierno de turno para ver actualizados sus haberes, y obtendrían una garantía concreta para mantener el valor de lo que reciben mensualmente. También se baraja la posibilidad de aplicar una suma porcentual adicional al IPC para tratar de recomponer el poder de compra perdido por los jubilados en los últimos 4 años.
La discusión por recomponer el poder adquisitivo de los jubilados se encuentra íntimamente ligada, además, a la redefinición de los parámetros del sistema. Actualmente existen pocos incentivos para aportar activamente, ya que la pirámide de ingresos en el sistema previsional se acható cada vez más.
A diferencia del esquema vigente que sólo reconoce un bono adicional para los haberes más bajos, la nueva movilidad previsional se aplicaría de manera automática para todos los jubilados, evitando así que continúe profundizando el achatamiento.
La mayor desregulación sobre el mercado laboral constituye una de las reformas imprescindibles para garantizar el sostenimiento de la seguridad social a largo plazo. El Gobierno pretende modernizar la legislación argentina para que pueda adecuarse a los requerimientos del siglo XXI y las nuevas modalidades de trabajo.
