El Gobierno incluyó en el Presupuesto 2027 una partida de US$1.100 millones destinada a afrontar pagos derivados de sentencias firmes de organismos arbitrales internacionales, entre ellos el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial.
La decisión adquiere una nueva dimensión a partir de la situación judicial vinculada con la expropiación de Aerolíneas Argentinas, luego de que un tribunal de Estados Unidos ratificara el laudo del CIADI por más de US$390 millones, más intereses. El fallo habilitó además al fondo litigante Titan Consortium a avanzar sobre activos argentinos en el exterior y solicitar embargos con el objetivo de cobrar la sentencia.
El proceso no es inmediato y la defensa argentina todavía puede apelar la decisión e intentar revertir las medidas. Sin embargo, el antecedente vuelve a poner bajo la lupa los restantes casos en los que existen laudos adversos contra el país y que atraviesan diferentes instancias judiciales.
Aerolíneas Argentinas y el nuevo frente judicial
El conflicto por la expropiación de Aerolíneas Argentinas representa uno de los casos que mayor atención concentra dentro de este escenario. El CIADI había ordenado el pago de más de US$390 millones más intereses, y ahora un tribunal del distrito de Columbia autorizó al fondo Titan Consortium a buscar bienes argentinos fuera del país.
La posibilidad de avanzar sobre activos y solicitar embargos introduce una nueva instancia en un proceso que comenzó con el laudo arbitral y que ahora se proyecta sobre el ámbito de la Justicia estadounidense.
De acuerdo con la información consignada, existen cuatro casos con laudo del CIADI en contra de la Argentina, con diferentes grados de avance en las instancias judiciales. Además, hay otros procesos que permanecen pendientes ante el organismo.
Los cuatro casos con laudo definitivo
Además del expediente de Titan Consortium contra Aerolíneas Argentinas, aparecen otros tres casos con decisiones adversas para la Argentina:
- Webuild: la empresa italiana inició el reclamo por la pesificación de contratos en 2001, vinculados con el proyecto de conexión vial del puente Rosario-Victoria. El CIADI falló a favor de los demandantes y, luego de una primera compensación mayor, habilitó un reclamo de US$123 millones. La Argentina presentó un pedido de anulación y el proceso continúa ante el organismo. La firma también obtuvo aval de la Justicia.
- Saur International: la empresa francesa reclama US$72 millones por la rescisión del contrato de concesión de Obras Sanitarias Mendoza. Busca que la Justicia de Estados Unidos reconozca el laudo del CIADI.
- AES Corporation: la compañía energética estadounidense obtuvo un laudo por US$716 millones debido a la pesificación de contratos en la represa de Alicurá. En agosto de 2025 acudió a la Justicia estadounidense para que se reconozca lo actuado ante el CIADI. El proceso de anulación continúa activo en el tribunal arbitral del Banco Mundial.
Estos procesos presentan diferentes niveles de avance y muestran que un laudo adverso no implica automáticamente un cobro. Para que pueda ejecutarse, los beneficiarios deben recurrir a tribunales judiciales.
Qué implica un laudo del CIADI contra la Argentina
La existencia de un laudo del CIADI, incluso cuando todavía se encuentra en trámite un pedido de anulación, representa un antecedente relevante para los demás litigios que la Argentina mantiene abiertos ante el organismo.
Las condenas del tribunal arbitral no son ejecutables de manera directa. Los beneficiarios deben recurrir a la Justicia para conseguir que se los reconozca como acreedores y, eventualmente, obtener una orden que permita avanzar con embargos si el país no cumple con el pago.
Esta particularidad explica por qué existen fallos contra la Argentina correspondientes a 2006 o 2009 que todavía figuran como pendientes. El escenario adquiere mayor relevancia debido a la cantidad de demandas que el país acumuló ante el organismo. Según datos oficiales y privados, la Argentina perdió el 86% de los casos resueltos y enfrenta laudos en contra por más de US$10.046 millones.
Desde 1997, el país recibió 65 demandas ante el CIADI, la mayoría de ellas después de la crisis de 2001 y de la salida de la convertibilidad. Muchas de esas demandas fueron retiradas posteriormente como consecuencia de acuerdos entre las partes alcanzados durante las últimas décadas.
Los procesos que permanecen pendientes
El CIADI funciona como foro para que empresas extranjeras puedan demandar a Estados por presuntos incumplimientos vinculados con contratos, concesiones o expropiaciones, cuando están amparadas por tratados bilaterales de inversión.
De acuerdo con la información pública del organismo, existen siete casos contra la Argentina que aparecen como pendientes. El más reciente corresponde a los fondos Petersen y Eton Park, patrocinados por Burford Capital, que perdieron en Estados Unidos el juicio relacionado con la expropiación de YPF. Los fondos iniciaron el proceso ante el CIADI después de que una Cámara fallara a favor de la Argentina y anulara la condena de primera instancia que establecía un pago de US$16.000 millones.
El proceso fue presentado el 15 de septiembre. El organismo ya aceptó el caso y ahora se abre un período de 90 días para conformar el tribunal arbitral que tendrá a su cargo la decisión. Una vez constituido, las partes acordarán el calendario procesal.
La mayor parte del procedimiento será confidencial, aunque las partes podrán acordar la difusión de determinadas novedades. El contenido completo del proceso recién podrá conocerse cuando el CIADI emita su laudo.
Webuild, Abertis y los demás reclamos
Entre los expedientes pendientes también aparece nuevamente Webuild, por la pesificación de contratos de 2001 y el proyecto del puente Rosario-Victoria. Aunque la empresa puede iniciar acciones de cobro, el pedido argentino de anulación continúa en trámite ante el CIADI. El 1 de septiembre se realizó una audiencia con presentaciones de las partes sobre ese reclamo.
Otro proceso corresponde al grupo Abertis, que demandó a la Argentina en 2023 por el intento de la administración de Alberto Fernández de anular la renegociación de la concesión de la autopista del Sol y del Acceso Oeste, de la que era principal accionista. El expediente tuvo una audiencia de discusión en el CIADI en agosto de 2026 y existe además otro reclamo pendiente por congelamiento tarifario. En total, Abertis reclama US$375 millones.
También figura IJM Corporation, otro de los accionistas del Acceso Oeste, que presentó un reclamo por US$51 millones debido al congelamiento de tarifas. La última novedad pública del expediente fue una audiencia realizada en enero de 2026.
A este listado se suma BA Desarrollos, que reclama más de US$58 millones por terrenos correspondientes al proyecto Catalinas Norte II. La última audiencia sobre cuestiones procesales se realizó el 24 de agosto.
Finalmente, permanece pendiente el proceso presentado en 2019 por tres aseguradoras de Países Bajos y Orígenes AFJP, relacionado con la eliminación del régimen de capitalización y su absorción por el régimen de reparto de jubilaciones y pensiones. La demanda asciende a US$157 millones.