La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Washington DC, falló en contra de la Argentina en el juicio que el país mantiene con el fondo Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008. El tribunal rechazó el recurso presentado por la administración nacional y confirmó la sentencia que obliga al Estado argentino a pagar más de US$390,9 millones, una cifra que se incrementa con los intereses correspondientes.
La resolución representa un nuevo revés judicial para la Argentina en un litigio que se inició a partir de la estatización de la compañía aérea y que, con el paso de los años, atravesó distintas instancias de arbitraje y tribunales de justicia. El fallo de la Cámara de Apelaciones confirmó la decisión de primera instancia, que ya había desestimado el pedido argentino para rechazar la demanda presentada por el fondo.
Según informó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que sigue las causas contra la Argentina, el tribunal estadounidense ratificó la sentencia que reconoce el reclamo de Titan Consortium. El caso cuenta con un laudo favorable emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial.
La decisión de la Corte de Apelaciones constituye, de esta manera, una nueva instancia desfavorable para el país en el intento de evitar el reconocimiento y la ejecución del reclamo económico planteado por el fondo.
El laudo del CIADI y la estrategia de Titan Consortium
Titan Consortium procura que la Justicia estadounidense reconozca la validez del laudo emitido por el CIADI. Los arbitrajes de ese tribunal dependiente del Banco Mundial no son ejecutables por sí mismos, pero pueden servir como antecedente para recurrir posteriormente a la justicia ordinaria y obtener una resolución que permita avanzar en el reclamo.
En ese marco, el fondo recurrió a los tribunales estadounidenses para hacer efectivo el pago establecido en el laudo arbitral. La estrategia judicial comenzó a tomar forma a partir de 2021, cuando Titan Consortium inició las acciones en la Justicia de Estados Unidos con el objetivo de lograr el reconocimiento de la obligación y avanzar hacia su ejecución.
El caso se encuentra vinculado con la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, compañías que estaban bajo control del grupo español Marsans cuando fueron estatizadas por el Estado argentino en 2008.
De Marsans a Burford y luego a Titan
El origen del reclamo ante el CIADI se encuentra en la demanda presentada por el grupo español Marsans, que controlaba Aerolíneas Argentinas y Austral al momento de la expropiación.
Posteriormente, ese derecho fue transferido al fondo Burford Capital, la misma entidad que litigó contra la Argentina por la expropiación de YPF. Más adelante, el reclamo quedó en manos de Titan Consortium, que desde 2021 lleva adelante el proceso ante la Justicia estadounidense para obtener el pago de la indemnización establecida.
El recorrido judicial incluyó una primera resolución favorable a los demandantes en el CIADI. El tribunal arbitral emitió el laudo en 2017, en una decisión que reconoció el reclamo relacionado con la expropiación de Aerolíneas Argentinas.
La Argentina intentó posteriormente anular ese fallo, pero el CIADI rechazó el pedido en 2019. El proceso continuó entonces en los tribunales estadounidenses, donde Titan Consortium buscó que el laudo fuera reconocido y pudiera ser utilizado como base para reclamar el cumplimiento de la obligación económica.
En 2024, Estados Unidos reconoció la sentencia
Recién en 2024, el fondo Titan logró que la Justicia de Estados Unidos reconociera la sentencia y ordenara a la Argentina pagar US$390,9 millones más intereses.
Ese reconocimiento abrió la puerta para que el fondo avanzara con el objetivo de hacer efectivo el cobro. Sin embargo, la situación tuvo un nuevo capítulo a partir de las negociaciones que ambas partes mantuvieron durante noviembre de 2024. En ese momento, parecía que la Argentina y Titan Consortium estaban encaminados a alcanzar un acuerdo para pagar la deuda y cerrar el litigio. Las partes habían negociado los términos y las condiciones del pago, además del monto de la deuda y los intereses.
El entendimiento podía evitar un nuevo juicio y poner fin al proceso, aunque implicaba que la Argentina debía cumplir con el pago establecido. En caso contrario, el país quedaría expuesto a la posibilidad de embargos.
Estrategias y embargos
Sin embargo, la Argentina modificó su estrategia judicial y decidió no cancelar la sentencia. A partir de esa decisión, Titan Consortium inició los procedimientos destinados a ejecutar el fallo mediante el embargo de activos soberanos argentinos.
La ejecución de una sentencia de estas características enfrenta, no obstante, una dificultad concreta: encontrar bienes o cuentas que efectivamente cumplan con los requisitos necesarios para ser embargados.
Por ese motivo, el litigio no se limita únicamente al reconocimiento de la deuda. La disputa también se centra en la posibilidad práctica de localizar activos soberanos argentinos que puedan ser alcanzados por una medida de ejecución judicial.
Con el rechazo de la apelación argentina, la Corte de Apelaciones de Washington DC confirmó la condena y dejó firme la obligación de pago de más de US$390,9 millones, más intereses, en favor de Titan Consortium. El fallo vuelve a colocar al Estado argentino ante un reclamo derivado de la expropiación de una empresa estatalizada en 2008 y refuerza el recorrido judicial que comenzó con el reclamo de Marsans ante el CIADI, continuó con la transferencia de los derechos a Burford Capital y terminó en manos de Titan Consortium.
La resolución estadounidense se suma así a una extensa cadena de decisiones judiciales y arbitrales que, desde el laudo favorable de 2017 y el rechazo del pedido de anulación en 2019, mantuvieron vigente el reclamo. La confirmación de la condena representa ahora un nuevo paso en el intento del fondo de convertir el reconocimiento judicial de la deuda en un pago efectivo.