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Lo fija el Presupuesto 2027

El Gobierno eliminaría la actualización automática de la AUH y las asignaciones familiares

La iniciativa no contempla una fórmula sustituta ni una periodicidad mínima de actualización. Si se aprueba sin modificaciones, las prestaciones continuarían vigentes, pero sus aumentos dejarían de estar garantizados por el mecanismo automático actual.

16 Septiembre de 2026 12.44

El proyecto de Presupuesto 2027 incorpora un cambio de alcance significativo sobre el régimen de asignaciones familiares: el Gobierno propone derogar las disposiciones legales que establecen la movilidad automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del resto de las asignaciones familiares. La modificación aparece en el artículo 17 de la iniciativa enviada al Congreso y plantea eliminar tres artículos de la Ley 27.160, sancionada en 2015 para establecer el mecanismo de actualización.

La propuesta adquiere particular relevancia porque se produce al mismo tiempo que el propio Gobierno presenta la recuperación de la AUH como uno de los principales componentes de su política social. En el mensaje que acompaña al Presupuesto, destaca que la prestación aumentó casi 110% en términos reales desde diciembre de 2023 y que, junto con la Prestación Alimentar, permite cubrir más del 95% de las necesidades básicas de alimentación medidas por el Indec.

El proyecto, sin embargo, plantea modificar precisamente el mecanismo legal que actualmente garantiza la actualización de esos beneficios. La Ley 27.160 establece la movilidad de las asignaciones familiares y universales, y su régimen se encuentra vinculado con la movilidad previsional. La normativa oficial confirma que la movilidad alcanza tanto los montos de las prestaciones como los límites y rangos de ingresos familiares utilizados para determinar quiénes pueden acceder a ellas.

Qué establece el artículo 17 del proyecto

El artículo 17 es uno de los apartados más breves del proyecto de Presupuesto, pero propone una modificación relevante sobre el funcionamiento del sistema. Allí se dispone la derogación de los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160.

La iniciativa no incorpora, en reemplazo de esas disposiciones, una nueva fórmula de actualización, una periodicidad mínima ni otro parámetro obligatorio para determinar futuros incrementos.

El punto central del cambio se encuentra en el artículo 1° de la Ley 27.160, considerado el corazón del régimen de movilidad. Esa norma establece que las prestaciones contempladas en la Ley 24.714, con excepción de la asignación por maternidad, son móviles. También dispone que la actualización alcanza tanto los montos de los beneficios como los límites y rangos de ingresos familiares utilizados para determinar el acceso.

La Ley 27.160 establece expresamente que la movilidad se aplica a los montos de las asignaciones y a los límites y rangos de ingresos del grupo familiar.

El universo comprendido por este esquema es amplio. Incluye, entre otras prestaciones:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH).
  • Asignación por Embarazo (AUE).
  • Asignación por hijo.
  • Asignación por hijo con discapacidad.
  • Asignación prenatal.
  • Asignación por nacimiento.
  • Asignación por adopción.
  • Asignación por matrimonio.
  • Ayuda escolar.
  • Otras prestaciones contributivas y no contributivas comprendidas en el régimen.

La relación con la movilidad previsional

La Ley 27.160 vinculó los aumentos de las asignaciones con la movilidad previsional. A partir de la reforma implementada en 2024 por el Poder Ejecutivo, los haberes jubilatorios y las asignaciones se actualizan mensualmente de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec. La normativa de Anses de 2026 continúa describiendo la movilidad de las asignaciones en esos términos.

Los otros dos artículos cuya derogación se propone tienen una función diferente. El artículo 3° pone el cálculo en manos de la Anses, mientras que el artículo 4° estableció la primera aplicación del régimen, que se produjo en marzo de 2016.

Esta última disposición ya agotó sus efectos al haber cumplido con la implementación inicial del mecanismo. Sin embargo, su derogación aparece junto con la eliminación del artículo que establece la obligación legal de aplicar la movilidad.

No significa eliminar ni congelar la AUH

La modificación propuesta no implica por sí misma que la AUH vaya a desaparecer, quedar congelada o reducirse. El régimen general de asignaciones familiares continuaría vigente y el Poder Ejecutivo conservaría facultades para establecer o aumentar los valores.

El cambio central estaría en otro punto: el Gobierno dejaría de tener la obligación legal de trasladar automáticamente la movilidad a los montos de las prestaciones y a los rangos de ingresos.

En otras palabras, el proyecto no elimina el beneficio, sino que propone modificar el mecanismo que actualmente determina su actualización. Si el artículo 17 fuera aprobado sin modificaciones, los aumentos dejarían de estar garantizados por la fórmula automática vigente y pasarían a depender de las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo.

Ese aspecto resulta particularmente relevante porque el proyecto no establece una fórmula alternativa ni fija una frecuencia mínima de actualización. Por lo tanto, el texto presentado al Congreso no reemplaza el mecanismo eliminado por otro parámetro obligatorio.

El equilibrio presupuestario

El planteo aparece en un contexto en el que el Gobierno reivindica en el mensaje presupuestario la evolución de la AUH durante su gestión.

Según la presentación oficial incluida en el proyecto, la prestación aumentó 109,8% en términos reales frente a diciembre de 2023, y en agosto alcanzó los $150.848 mensuales. El Gobierno indicó que ese nivel de prestación alcanzó a más de 4,2 millones de niños. También destacó el comportamiento de la Prestación Alimentar, cuyos valores fueron informados de la siguiente manera:

  • $72.250 para familias con un hijo.
  • $113.299 para familias con dos hijos.
  • $149.425 para hogares con tres o más hijos.

Según el Gobierno, la combinación de la AUH, la AUE y la asistencia alimentaria permite cubrir más del 95% de la canasta básica alimentaria, frente a menos del 55% al inicio de la gestión.

Así, el mismo mensaje presupuestario que resalta la evolución real de las prestaciones plantea la eliminación del mecanismo legal que garantiza su actualización automática.

Cuánto prevé gastar el Presupuesto 2027

Las planillas presupuestarias contemplan $14,35 billones para el conjunto de las asignaciones familiares durante 2027. El monto representa un incremento nominal del 22,9% respecto de los $11,68 billones estimados para 2026.

Sin embargo, ese crédito presupuestario agregado no permite determinar qué incremento recibiría cada prestación ni cómo se distribuirían los aumentos a lo largo del año en caso de que desaparezca la regla de movilidad vigente. Dentro del total previsto para las asignaciones familiares, el proyecto contempla:

  • $9,18 billones para el subprograma Asignación Universal para Protección Social, que reúne AUH, AUE y ayuda escolar correspondiente a sus beneficiarios.
  • $3,69 billones para las asignaciones de trabajadores activos.
  • $1,30 billones para las asignaciones de jubilados y pensionados.
  • $185.502 millones para las asignaciones del sector público nacional.

Las cifras permiten observar la dimensión presupuestaria del sistema, aunque el monto global destinado a las asignaciones no determina por sí mismo cómo evolucionará cada prestación durante 2027.

Las proyecciones de beneficiarios

El proyecto también establece metas físicas para el próximo ejercicio. El Presupuesto proyecta atender a 4.143.930 beneficiarios de la AUH durante 2027, apenas 10.520 más que en 2026.

Para la AUE se contemplan 90.724 beneficiarios, mientras que se proyectan 3.321.397 pagos de ayuda escolar vinculados con la asignación universal.

Estos números forman parte de la planificación presupuestaria del sistema para el próximo año y acompañan la previsión de recursos destinados a las diferentes categorías de asignaciones familiares.