Dos funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA) investigados por supuestas maniobras irregulares en la venta de dólar oficial iniciaron su estrategia judicial y solicitaron la nulidad de los allanamientos realizados a fines del año pasado en sus domicilios.
Se trata de Diego Volcic, inspector jefe del organismo, y María Valeria Fernández, supervisora de entidades financieras, quienes cuestionaron la legalidad de las requisas y sostuvieron que la causa se sustenta en "elementos probatorios endebles".
Ambos plantearon que la investigación se originó a partir de la declaración de un supuesto arrepentido que no estaría directamente vinculado con los hechos bajo análisis y de un audio cuya autenticidad no habría sido verificada. Según señalaron, estas falencias invalidarían las medidas judiciales adoptadas.
Se trata de la primera intervención formal de las defensas en el expediente y apunta a frenar el avance de la causa. Los planteos comenzarán a analizarse la próxima semana, una vez concluida la feria judicial de enero. El fiscal federal Franco Picardi deberá emitir su opinión y luego resolverá el juez Sebastián Casanello.
La investigación busca determinar si, durante 2022 y 2023, en pleno cepo cambiario, Elías Piccirillo, Francisco Hauque y Martín Migueles, socios en distintas financieras y casas de cambio, accedieron de manera irregular al dólar oficial con la presunta colaboración de funcionarios del Banco Central.
En sus presentaciones, los abogados defensores —Ignacio Trimarco, por Volcic, y Aníbal Campana, por Fernández— sostuvieron que la identificación de los funcionarios se basó en pruebas viciadas. Argumentaron que Carlos "Lobo" Smith no declaró como arrepentido en esta causa en particular y que pudo haber mentido para mejorar su situación procesal en otro expediente. Además, pusieron en duda la integridad de los audios incorporados, al señalar que no está probado que no hayan sido editados.
En uno de los escritos, Trimarco afirmó que las órdenes de allanamiento se apoyaron en "pruebas afectadas por una nulidad absoluta", al provenir de los dichos de un testigo que no tenía obligación de decir la verdad y que se refirió a hechos ajenos al objeto principal de la investigación.
Por su parte, Fernández negó haber tenido participación en los episodios investigados. Aseguró que durante el período bajo análisis se encontraba con licencia médica o asignada a otras tareas. Detalló que desde agosto de 2023 está de licencia y que entre abril y agosto de 2022 trabajó con jornada reducida y modalidad remota, utilizando una computadora personal y abocada exclusivamente a actuaciones vinculadas al Banco Galicia y Buenos Aires SAU.
El origen de la causa
El expediente se inició a partir del testimonio de Carlos "Lobo" Smith, exintegrante de la Policía Federal, quien declaró como arrepentido en otra causa. Smith relató que participó de un operativo ilegal armado en enero de 2025 para perjudicar a Hauque por una deuda millonaria y aseguró que Piccirillo le habría confesado que contaban con funcionarios del BCRA "arreglados" para facilitar la compra de divisas.
Como parte de su declaración, Smith entregó audios. En uno de ellos se escucha una conversación entre Piccirillo y Romina García, inspectora de Supervisión de Entidades No Financieras del Banco Central. Allí, García admite haber asesorado a Hauque y reconoce que esa conducta estaba prohibida. También sostiene que Hauque amenazaba a ella y a otros funcionarios y que esa situación habría sido informada a las autoridades del organismo sin que se adoptaran medidas, debido a que "había gente de arriba involucrada".
Con esos elementos, a fines del año pasado el juez Casanello y el fiscal Picardi realizaron un procedimiento en la sede del Banco Central y ordenaron allanamientos en los domicilios de Volcic, Fernández, García, Analía Jaime —inspectora general de Supervisión de Entidades No Financieras— y Fabián Violante, gerente principal de Supervisión de Entidades "A". Todos aparecen mencionados en las grabaciones.
Durante los operativos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, notebooks y dispositivos de almacenamiento, que se encuentran bajo peritaje. En paralelo, el Banco Central inició una investigación interna sobre los cinco funcionarios para evaluar posibles incumplimientos al Código de Ética del organismo y a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.