La actualización del salario mínimo tendrá un impacto en el cálculo que se toma para el pago del impuesto a las Ganancias y el monto que el Poder Ejecutivo paga en distintos programas sociales, como el Potenciar Trabajo, que alcanza a más de un millón de personas, y las Becas Progresar. Además, influirá en un cálculo jubilatorio clave.El salario mínimo vital y móvil (SMVM) fue fijado en $180.000 para febrero y $202.800 en marzo. En enero, mientras tanto, el SMVM estuvo fijado en $156.000, por lo que la suba de este mes es del orden del 15% mientras que, entre enero y marzo, trepa al 30 por ciento.
El salario mínimo es fijado en negociaciones entre cámaras y sindicatos, aunque en esta ocasión el Poder Ejecutivo fue el encargado de decidirlo ante la falta de consenso. Surge de la Constitución Nacional y, entre otras cosas, pone un piso a los montos de los contratos laborales y cifras a montos inembargables, entre otras variables.
La reforma del impuesto a las Ganancias que aprobó el Congreso tras la propuesta impulsada por el entonces ministro de Economía Sergio Massa eliminó la cuarta categoría de ese tributo. Y estableció, como nuevo criterio, que las remuneraciones alcanzadas son las que suman a partir de 15 salarios mínimos. El problema es que la ley establece que esa suma sea la de enero, y en ese mes el mínimo salarial siguió siendo de $156.000. Por lo tanto, Ganancias no será actualizado y muchos asalariados podrían empezar a abonarlo.
“Con esta confirmación, el Mínimo No Imponible (MNI) para el primer semestre de 2024 aplicable a los empleados en relación de dependencia que no encuadran en las excepciones legales, quedó establecido en $2.340.000 mensuales (SMVM de $156.000 multiplicado por 180 y dividido por 12). Este MNI se mantendrá inalterado hasta la próxima actualización en julio de 2024″, planteó el tributarista Sebastián Domínguez.
“Dejando de lado que desde el punto de vista tributario no fue razonable la reforma del impuesto a las ganancias para empleados que se realizó, la falta de actualización del MNI en línea con la inflación podría tener consecuencias significativas. Con una inflación tan alta en los últimos meses, muchos empleados pronto podrían comenzar a tributar el impuesto a las Ganancias”, continuó Domínguez.
“Siguiendo la intención del legislador respecto a la creación del impuesto cedular, en nuestra opinión, lo razonable hubiese sido que la Ley contemplara un MNI que se actualice en forma trimestral por IPC con una cláusula gatillo que adelante la misma cuando la inflación acumulada dentro de ese período fuera igual o superior al 20%”, mencionó el especialista.
En términos prácticos la actualización del piso remunerativo tiene mayor influencia en el gasto del propio Estado que en el mercado laboral privado, pues hay varias prestaciones sociales que otorga el Poder Ejecutivo atadas al valor del salario mínimo, mientras que la mayoría de los convenios colectivos de trabajo ya tienen salarios que superan el SMVM.
El SMVM se toma como referencia para cinco programas sociales. Uno de ellos es “Potenciar Trabajo”, que equivale al 50% de un salario mínimo. De esa forma, quedará en $101.400. También se verá afectada la Prestación por desempleo, que es equivalente 75% de un SMVM. Influye también en el Programa Acompañar (beneficios para mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género). Las beneficiarias de ese plan perciben el total de una remuneración mínima.
Por otro lado, el salario mínimo sirve como tope para otros programas administrados por Anses. Es el caso de las Becas Progresar. La reglamentación establece que para acceder al subsidio, el grupo familiar del solicitante no debe superar los tres pisos remunerativos. Desde marzo será $608.400.
Un cambio en el salario mínimo también impacta en parte del sistema previsional. Es el caso de las jubilaciones de personas que completen los 30 años de aportes: sus haberes deberán ser como mínimo equivalentes al 82% del salario mínimo, vital y móvil, que desde marzo será $166.296.
El gasto social forma parte de las erogaciones que el ministro de Economía Luis Caputo busca recortar en el marco de su plan de ajuste fiscal para llegar este año al déficit cero. La parte que corresponde a programas sociales -principalmente el Potenciar Trabajo- implicaría según la hoja de ruta del Palacio de Hacienda, unos 0,4% del PBI, que equivalen a $750.000 millones.
