Recientemente, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley en Materia de Requisitos de Accesibilidad de Determinados Productos y Servicios, que introduce un cambio drástico en los cajeros automáticos. La razón es que la normativa establece la obligatoriedad de que los cajeros automáticos, así como los terminales de autoservicio, sean 100% accesibles para las personas con discapacidad.

La nueva legislación traspasa a la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019. Determina una serie de condiciones de acceso en todos los estados miembro de la Unión Europea en varios productos y servicios.

Una de las medidas más relevantes es la protección del derecho de las personas con discapacidad a acceder a todos los bienes y servicios que hay disponibles en el mercado con las mismas condiciones. Una vez la norma entre en vigor, los cajeros automáticos y los terminales de autoservicio tendrán que ser completamente accesibles.

También tendrán que serlo los libros electrónicos, los servicios de comercio electrónico y los servicios de transporte de viajeros y sus terminales de servicio. Otra de las medidas que introduce la norma es que el teléfono de emergencias (112) sea accesible en toda la UE, algo que no ocurre a día de hoy.

Este cambio beneficiará sobre todo a las personas sordas, a las que en la actualidad les resulta muy complicado acceder a los servicios de emergencia llamando a este número de teléfono.

Cabe señalar que la Ley en Materia de Requisitos de Accesibilidad de Determinados Productos y Servicios no entrará en vigor hasta el 28 de junio de 2025 para los nuevos productos y servicios, tal y como ha publicado el diario 'Cinco Días'.

Ahora bien, la fecha de entrada en vigor para los bienes y servicios cuyos contratos ya estuvieran vigentes antes de esta fecha, la puesta en marcha se retrasará hasta el 29 de junio de 2030.

En lo que respecta a los terminales instalados antes del 28 de junio de 2025, podrán seguir utilizándose hasta que lleguen al final de su vida útil. Ahora bien, en ningún caso podrán continuar en funcionamiento más de diez años desde su instalación.

«El aumento de la esperanza de vida en la sociedad europea y española está llevando a un proceso de envejecimiento de la población que hace prever un importante incremento del número de personas con discapacidad en los próximos años, al ser la edad un factor determinante que lleva a esta situación», señala el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.