La renuncia de Marco Lavagna a la conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ha resignificado sus últimas definiciones públicas sobre la modificación metodológica del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este cambio estructural, proyectado para implementarse plenamente a partir de 2026, representa el desafío técnico más importante para el organismo en la última década. En su despedida mediática, el economista minimizó el impacto del nuevo esquema en el dato final de inflación y subrayó la independencia técnica con la que, según afirmó, funcionó el instituto durante sus seis años de gestión bajo su mando directo.
En su última entrevista como director, concedida a Newsweek Argentina, Lavagna sostuvo con firmeza que la actualización del IPC "no va a cambiar mucho" el resultado general y que no produciría una "diferencia estadística significativa". Para el ex funcionario, el foco no debe estar en la variación de la cifra final, sino en la robustez interna del sistema de recolección de datos, ya que el nuevo esquema busca modernizar la medición para adaptarla a los nuevos hábitos de consumo de la sociedad argentina.
A pesar de la estabilidad que pronostica en los resultados globales, Lavagna remarcó que se trata de una modificación de gran relevancia desde el punto de vista metodológico. Explicó que este proceso es mucho más que un simple cambio de ponderación, puesto que el organismo logró duplicar la cantidad de precios relevados y la cantidad de informantes que nutren el índice. Asimismo, detalló que el índice pasará a tener 13 divisiones, incorporando una más que el sistema vigente, y que se garantizará una serie empalmada hacia adelante para que no se pierda la referencia histórica, permitiendo que algunos productos cambien de categoría sin alterar sustancialmente la lectura general de la inflación.
El calendario técnico frente a la especulación política
Uno de los puntos que Lavagna defendió con mayor énfasis fue el calendario elegido para la implementación de estos cambios, rechazando tajantemente cualquier motivación política o electoral detrás de los tiempos del organismo. El economista explicó que las modificaciones en el IPC se anunciaron con mucho tiempo de antelación específicamente para disipar cualquier duda o sospecha sobre el momento de la transición. Según su testimonio, el nuevo índice estuvo técnicamente terminado entre los meses de marzo y abril, pero la compleja coyuntura económica de ese período obligó a postergar su debut oficial.
Lavagna reconoció que la realidad argentina vuelve al IPC un tema de alta sensibilidad y controversia. En su análisis, el momento de lanzamiento coincidió con procesos económicos profundos, como la salida del cepo cambiario y la implementación de bandas cambiarias, un escenario que, según su criterio técnico, no resultaba adecuado para introducir ruidos metodológicos adicionales. En ese sentido, enfatizó que lo recomendable desde lo profesional es iniciar con el año calendario y aseguró que la decisión de postergar el índice no fue solicitada por nadie ajeno al instituto, sino que respondió a una lógica estrictamente institucional.
Uno de los pilares que hoy se analiza con detenimiento tras su salida es la defensa que Lavagna hizo de la autonomía del INDEC. A pesar de depender formalmente del Ministerio de Economía, el ex titular aseguró que durante su gestión funcionaron de forma casi totalmente autónoma, afirmando que nunca tuvo un ministro que intentara opinar sobre la metodología o que pretendiera condicionar el manejo técnico del instituto. Si bien admitió que existían consultas ocasionales de funcionarios, periodistas o actores del sector privado, aclaró que nunca fueron en términos de interferir en la dirección del organismo.
Finalmente, Lavagna lanzó una advertencia sobre las implicancias legales y contractuales de la publicación de los datos estadísticos. Rechazó de plano la posibilidad de publicar múltiples índices de inflación en simultáneo, señalando que esto generaría graves problemas de seguridad jurídica. Dado que estos índices se utilizan para ajustar contratos de alquiler, paritarias y bonos del Estado, cualquier ambigüedad en la inflación oficial podría desencadenar una ola de conflictos legales. Con la designación de nuevas autoridades, estas definiciones técnicas y el énfasis en la independencia institucional quedan como el último marco referencial de una gestión que intentó blindar la estadística pública de los vaivenes políticos.