El inicio de 2026 dejó una señal de alerta para las finanzas provinciales. En medio del debate legislativo por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, la coparticipación federal registró en enero una caída real interanual del 7,5%, tomando como referencia una inflación mensual del 2%. El impacto volvió a poner en tensión la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores dialoguistas, entre ellos el mandatario catamarqueño Raúl Jalil.
El dato se conoció en plena negociación política por el proyecto oficial que incluye una reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades, un tributo coparticipable cuyo recorte implicaría una pérdida directa de recursos para las provincias.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los recursos de origen nacional transferidos a las provincias retrocedieron un 6,2% real interanual en enero, mientras que la Coparticipación Federal de Impuestos mostró una contracción mayor, del 7,5%. El estudio atribuyó el deterioro principalmente a la fuerte caída del IVA, que descendió un 11,3% real, en un contexto de debilidad del consumo y la actividad económica.
Un diagnóstico similar presentó la consultora Politikon Chaco, que describió enero como uno de los peores meses en materia de envíos automáticos. Según ese relevamiento, las transferencias automáticas totalizaron $5,8 billones, con una suba nominal que no logró compensar la inflación, lo que derivó en una caída real del 6,7%. En términos históricos, enero de 2026 fue el segundo peor registro desde al menos 2017, solo superado por el de 2024.
La baja fue generalizada: las 24 jurisdicciones recibieron menos recursos en términos reales. Salta (-4,3%) y Buenos Aires (-5,5%) exhibieron las caídas más moderadas, mientras que Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires (-8%) encabezaron los descensos. En el caso de la coparticipación pura, que concentra la mayor parte de los envíos, la contracción se acercó al 8%.
Ganancias, el eje del conflicto fiscal
El retroceso se dio en un contexto de comportamiento dispar de los principales impuestos coparticipables. Mientras Ganancias mostró una mejora marginal, insuficiente para revertir el resultado general, el IVA volvió a ser el principal factor de arrastre negativo. Ambos tributos explican cerca del 95% de la masa coparticipable, por lo que cualquier modificación en su estructura impacta de lleno en las cuentas provinciales.
Ese punto es central en la discusión política. El proyecto de reforma laboral enviado por el Ejecutivo contempla, en sus artículos 190 y 191, una reducción de alícuotas del impuesto a las sociedades y del Impuesto a las Ganancias, lo que profundiza la preocupación de los gobernadores.
Un informe elaborado por el diputado nacional Guillermo Michel estimó que la pérdida total de recaudación alcanzaría los $3,1 billones en 2026, equivalentes a 0,3 puntos del PBI. De ese total, $1,7 billones corresponderían a las provincias por efecto de la coparticipación.
Buenos Aires encabezaría el ranking de pérdidas, con una merma proyectada de $366.557 millones anuales. Le seguirían Santa Fe ($148.698 millones) y Córdoba ($145.240 millones). Ninguno de esos gobernadores integra, por ahora, la agenda de reuniones abiertas por el Gobierno nacional.
Reclamos y condicionamientos de los gobernadores
Frente a este escenario, los mandatarios provinciales endurecieron su postura. Los reclamos apuntan a la necesidad de compensaciones para sostener el funcionamiento de los Estados subnacionales. "Buscamos alternativas, compensaciones para no seguir resignando fondos", afirmó el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, tras reunirse con el ministro del Interior, Diego Santilli.
Entre las propuestas figura la reactivación de la coparticipación del impuesto al cheque, además del reclamo por la paralización de obras públicas nacionales, especialmente las viales y de infraestructura estratégica.
En esa línea, Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) confirmaron que se discuten "mecanismos de compensación que permitan sostener el funcionamiento de los Estados provinciales y los servicios esenciales". Ambos gobernadores condicionaron su respaldo a la reforma laboral a la implementación de esas herramientas.
Una posición similar expresaron otros mandatarios con buen vínculo con la Casa Rosada. En el espacio de Provincias Unidas, que integran Córdoba y Santa Fe, se reclama un debate punto por punto y sin apuro legislativo. También se manifestaron en ese sentido Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén).
El apoyo de los gobernadores resulta clave para el oficialismo, especialmente en el Senado, donde su influencia es determinante.
Transferencias discrecionales en mínimos
A la caída de la coparticipación se sumó otro dato crítico: el derrumbe de las transferencias no automáticas. Según Politikon, los envíos discrecionales alcanzaron en enero los $39.491 millones, con una caída real interanual del 65,4%. Fue el segundo peor enero desde 2005.
Casi la totalidad de esos fondos se concentró en transferencias a cajas previsionales provinciales y Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que explicaron el 98,8% del total. Cinco provincias concentraron prácticamente todos los recursos: Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, Chubut y Corrientes.
Desde una mirada estructural, CEPA advirtió que la situación se agrava por el alto nivel de dependencia de muchas provincias de los recursos nacionales. En promedio, estos ingresos representan el 54% del total, con un 44,8% explicado exclusivamente por la coparticipación. En provincias como Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, Jujuy y La Rioja, esa dependencia es aún mayor.
El informe concluyó que el inicio de 2026 combinó tres factores de presión simultánea: caída de la coparticipación, derrumbe de las transferencias discrecionales y ausencia de impuestos nacionales no coparticipables que amortigüen el impacto. Un escenario que explica la resistencia de los gobernadores a avanzar con la reforma laboral sin garantías fiscales.
