Con el último dato de inflación publicado este lunes por el INDEC, las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales tendrán en agosto un aumento del 1,62%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio. Esta suba se enmarca en la fórmula de movilidad vigente desde abril, que ajusta los haberes mes a mes según la inflación.
Aunque resta la confirmación oficial por parte de ANSES, se estima que el haber mínimo jubilatorio bruto pasará de $309.294,79 a $314.305. A este monto se le sumaría, si el Ejecutivo así lo dispone, el bono extraordinario de $70.000, que se entrega de manera mensual desde marzo. De este modo, el haber mínimo totalizaría $384.305.
El bono, sin embargo, no está incluido en la fórmula de movilidad y su valor no se actualiza automáticamente. Su continuidad depende de una decisión del Poder Ejecutivo cada mes, lo que genera incertidumbre respecto al poder adquisitivo de los beneficiarios.
Impacto en otras prestaciones
El ajuste también alcanza a otros beneficios. Por ejemplo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% del haber mínimo, pasará de $247.435,83 a $251.444, y con el bono de $70.000 llegaría a $321.444.
En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se incrementará a $112.919,95 para menores de 18 años y a $367.687,47 para hijos con discapacidad. Estos montos se pagan en un 80% mensual y el 20% restante se liquida anualmente, sujeto al cumplimiento de los requisitos de salud y escolaridad.
El haber máximo jubilatorio también se actualizará, pasando de $2.081.261,17 a $2.114.978, conforme a la suba correspondiente por IPC.
Tensión con el Congreso por el aumento extraordinario
Pese a que el Senado aprobó recientemente una suba adicional del 7,2% más un bono de $110.000, el presidente Javier Milei anticipó que vetará la ley. Por esa razón, los montos proyectados para agosto no contemplan ese eventual aumento.
El incremento del 7,2% busca complementar el aumento del 12,5% otorgado por decreto en abril, para equiparar la inflación de enero (20,6%). Aunque el Ejecutivo se opone, el Congreso podría insistir con su aprobación tras el veto, lo que abriría también la vía judicial.
Desde la Casa Rosada justifican el rechazo con el argumento de preservar el superávit fiscal. Según estimaciones del Ministerio de Economía, la medida tendría un costo de hasta 0,42% del PBI en 2026, mientras que el bono implicaría un gasto equivalente al 0,26% del producto si se actualiza por inflación.
Moratoria previsional: el Congreso logró su extensión
En la misma sesión, el Congreso también aprobó la extensión por dos años de la moratoria previsional, un mecanismo clave que permite completar años de aportes para acceder a la jubilación mínima. Este régimen había vencido en marzo, y su no renovación dejaba fuera del sistema a siete de cada diez personas en edad jubilatoria sin los aportes necesarios, según advirtió la oposición.