La Justicia de Estados Unidos ordenó al Estado argentino transferir el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo que condenó al país a pagar US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera. La decisión fue tomada por la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en el marco del litigio iniciado por accionistas minoritarios afectados por la estatización de 2012.
En su resolución, Preska concedió el pedido de los demandantes y estableció: "La República Argentina transferirá sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM (Bank of New York Mellon) en Nueva York dentro de los 14 días siguientes a la fecha de esta orden, e instruirá a BNYM a iniciar la transferencia de la participación de la República en sus acciones clase D de YPF a los demandantes o a quienes estos designen, dentro de un día hábil desde el depósito de las acciones".
Además, la magistrada rechazó la solicitud del Estado argentino para realizar una audiencia oral y concluyó el proceso en esta instancia: "Convencida de que no es necesario presentar argumentos orales, se deniega la solicitud de la República y se solicita al Secretario del Tribunal que dé por concluido el presente caso".
Según explicó a Todo Noticias el analista Sebastián Maril, del fondo Latam Advisors, el Gobierno argentino debió haber depositado una garantía en enero de 2024 para evitar embargos mientras tramitaba la apelación presentada en octubre de 2023. Al no cumplir con ese paso, la legislación estadounidense habilitó a los demandantes a solicitar la ejecución del fallo.
Uno de los principales activos apuntados eran las acciones de YPF. "Después de año y medio de presentaciones judiciales, y a pesar de la recomendación en contra del Departamento de Justicia de EE.UU., Preska accedió al pedido y ordenó la entrega de esas acciones como parte de pago", indicó Maril.
Ante esta nueva orden judicial, se espera que el Estado argentino presente una nueva apelación, que sería la tercera en el marco del mismo proceso. Actualmente están en curso una apelación general contra la sentencia, otra impulsada por la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG) para anular el fallo y una tercera que se formalizó en noviembre de 2023.
Contexto del juicio por la expropiación de YPF
El 15 de septiembre de 2023, la jueza Preska condenó a la Argentina a pagar US$16.000 millones por la estatización de YPF concretada en 2012. El fallo favoreció a representantes de empresas que eran accionistas minoritarias de la petrolera en ese momento.
El núcleo del reclamo radica en que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó la participación de Repsol —a quien luego se le pagó con bonos—, pero no ofreció una operación equivalente al resto de los accionistas, incumpliendo el estatuto de la compañía.
Desde entonces, Argentina ha apelado la sentencia y evitado negociar una compensación directa. Esa estrategia dilatoria llevó a los demandantes a redoblar la presión legal, incluyendo el pedido para que se transfiera el paquete accionario en poder del Estado.