La República Argentina y los demandantes encabezados por Burford Capital volvieron a confrontar este jueves en una audiencia de seguimiento ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en el marco del juicio por la expropiación de YPF. El encuentro, presidido por la jueza Loretta Preska, se desarrolló tras el reclamo de sanciones y desacato contra el Estado argentino y luego de que la defensa solicitara formalmente la suspensión del proceso de discovery.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación aclararon que la audiencia estaba programada con anterioridad tanto al pedido de sanciones presentado por los demandantes como a la solicitud de suspensión elevada por Argentina. Según precisaron, se trató de una reunión destinada a monitorear el avance del discovery, la etapa del proceso en la que las partes intercambian información relevante para el expediente.
El alcance del discovery y el reclamo por el oro
Durante la audiencia, la defensa argentina volvió a rechazar determinados pedidos de información que consideró improcedentes, en especial aquellos vinculados a activos soberanos protegidos por inmunidades del derecho interno y del derecho internacional.
Fuentes oficiales señalaron que "resulta improcedente insistir en requerimientos de información sobre activos que, conforme al derecho interno y al derecho internacional, se encuentran amparados por inmunidades soberanas", y compararon el planteo con una hipotética exigencia para que la Reserva Federal revele al Tesoro de Estados Unidos la composición y localización de sus activos.
Uno de los puntos centrales de la discusión fue el pedido de Burford Capital para acceder a información sobre la localización y el uso de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Argentina reiteró su negativa, al sostener que esas reservas pertenecen a una entidad autónoma e independiente y que el Tesoro Nacional no tiene acceso directo a esa información.
"El Gobierno rechazó este pedido explicando que el oro pertenece al BCRA y, al ser una entidad independiente, el Tesoro no tiene acceso a dicha información", indicaron fuentes vinculadas a la defensa, que agregaron que el Ejecutivo cursó un pedido formal de información directamente al Banco Central.
Según la posición oficial, la negativa se enmarca en la defensa de la soberanía estatal y en la protección de activos que no pueden ser alcanzados por medidas de ejecución. Tras la audiencia, fuentes del equipo legal del Estado afirmaron que "Argentina continúa demostrando responsabilidad y buena fe en el cumplimiento de sus obligaciones procesales", aun en paralelo al pedido de suspensión del proceso.
Pedido de suspensión y acusación de desacato
La audiencia también reflejó las tensiones en torno a la estrategia de Argentina para frenar ciertas etapas del proceso. El país solicitó a la jueza Preska la suspensión del discovery y de la moción de desacato impulsada por Burford Capital, al considerar que se trata de medidas desproporcionadas.
"El hostigamiento sistemático contra un Estado soberano, mediante pedidos de discovery intrusivos, afecta de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales", sostuvieron fuentes oficiales.
La causa se originó en una sentencia de primera instancia que condenó a Argentina a pagar USD 16.000 millones más intereses por la expropiación de YPF en 2012. Los derechos del litigio fueron adquiridos posteriormente por Burford Capital, que busca ejecutar el fallo en tribunales estadounidenses.
En los últimos meses, Argentina presentó distintos recursos para frenar la ejecución de las órdenes judiciales, incluida la solicitud para suspender la entrega del 51% de las acciones de YPF, al considerar que esa medida vulnera principios de soberanía y normas del derecho interno.
Documentación entregada y próximos pasos
La defensa argentina remarcó que ya entregó más de 115.000 páginas de documentación considerada razonablemente relevante para el proceso. Sin embargo, los demandantes sostienen que aún resta información por presentar, en particular comunicaciones privadas de funcionarios.
La audiencia no resolvió de fondo ni el alcance del discovery ni la solicitud de desacato, pero permitió que las partes reiteraran sus posiciones. Argentina presentará su rechazo formal al pedido de sanciones el 19 de febrero, mientras que los demandantes deberán responder la solicitud de suspensión del proceso el 6 de febrero. La réplica argentina está prevista para el 10 de febrero, tras lo cual la jueza Preska quedará en condiciones de resolver.
El juicio por la expropiación de YPF continúa siendo uno de los litigios internacionales más relevantes para la Argentina y su evolución marcará el rumbo del expediente en los próximos meses.