Juicio por YPF: el Gobierno advierte que entregar las acciones violaría el derecho internacional
La Argentina presentó ante la Corte de Apelaciones de Nueva York un escrito para revertir la orden que obliga al Estado a entregar su participación del 51% en YPF. La defensa se apoya en la inmunidad soberana, la legislación local y el derecho internacional.

La Argentina presentó este jueves sus argumentos escritos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, en busca de que se anule de manera definitiva la orden judicial que dispone la entrega del 51% de las acciones estatales en YPF a los beneficiarios del fallo por la expropiación de la petrolera.

La sentencia había sido dictada por la jueza Loretta Preska, aunque quedó en suspenso mientras avanza la apelación argentina. La defensa está a cargo de la Procuración del Tesoro, junto con un estudio de abogados estadounidense.

El escrito presentado por el Estado argentino se basó en cuatro ejes centrales:

Violación de la inmunidad soberana: se recordó que, según la Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA) de 1976, la protección alcanza a los bienes de los Estados en el extranjero y que las excepciones solo aplican a activos situados dentro de EE.UU.

Interpretación errónea del derecho de Nueva York: se cuestionó la aplicación de la figura de "turnover" (entrega de acciones), al remarcar que nunca fue pensada para obligar a un Estado soberano a transferir activos desde su territorio.

Inaplicabilidad de la FSIA al caso: se señaló que las acciones de YPF no están radicadas en EE.UU. ni fueron usadas en actividades comerciales vinculadas con ese país.

Violación del derecho argentino e internacional: se argumentó que la orden contradice la ley nacional, que desde 2012 exige aprobación del Congreso con mayoría especial para transferir acciones de YPF, y además vulnera principios internacionales como la "cortesía entre Estados" y la doctrina del acto de Estado.

Desde la Procuración subrayaron que incluso el gobierno de Estados Unidos intervino a favor de la posición argentina, advirtiendo que el fallo de Preska no tiene precedentes y que, de confirmarse, podría abrir la puerta a represalias contra activos estadounidenses en el exterior.

"La República Argentina confía en que la Corte de Apelaciones revertirá esta decisión y reafirmará el respeto a la soberanía de los Estados y a las normas fundamentales del derecho internacional", afirmaron en un comunicado oficial.

Lo que viene

El cronograma del juicio establece que el 14 de noviembre los beneficiarios de la orden de Preska presentarán sus argumentos escritos. La Argentina tendrá plazo hasta el 12 de diciembre para responder y solicitar que se fije una audiencia, prevista para 2026.

De todas formas, el 29 de octubre habrá un capítulo clave: se expondrán los argumentos orales de la apelación contra la condena original, lo que podría anticipar definiciones sobre el futuro de la causa.