La Justicia Federal respaldó la decisión del Gobierno de prohibir la inclusión de tasas municipales en las facturas de luz y gas, un fallo que afecta directamente a la forma en que los municipios recaudan ingresos y que podría generar un alivio en el bolsillo de los consumidores.

El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín rechazó los amparos presentados por siete municipios de la provincia de Buenos Aires, avalando la resolución 267/2024 de la Secretaría de Comercio. Esta normativa establece que las facturas de servicios públicos solo podrán incluir cargos relacionados con el consumo de los usuarios, sin sumar conceptos ajenos al servicio.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la medida y aseguró que la resolución no viola la Constitución ni avasalla las autonomías provinciales, argumento central en la disputa legal con los municipios afectados.

Municipios en contra: los distritos que presentaron amparos

Siete municipios bonaerenses impulsaron medidas judiciales para frenar la resolución del Gobierno:

Tigre

Hurlingham

Moreno

General Rodríguez

José C. Paz

Ituzaingó

San Martín

Sin embargo, el juez Oscar Alberto Papavero determinó que la Secretaría de Industria y Comercio actuó dentro de sus atribuciones, lo que dejó sin efecto los amparos presentados.

La Justicia otorgó a los municipios un plazo de 90 días para encontrar alternativas de recaudación, en línea con las disposiciones de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que protege a los usuarios de cobros indebidos en facturas de servicios esenciales.

¿Qué cambia con la nueva resolución?

La resolución 267/2024 establece que las empresas proveedoras de luz y gas deberán emitir facturas claras y transparentes, excluyendo cualquier cargo que no esté directamente vinculado al servicio prestado.

Esto significa que los usuarios pagarán únicamente por su consumo de luz y gas, sin cargos extra por tasas municipales. Además, los municipios deberán buscar nuevas formas de recaudación, ya que no podrán utilizar las facturas de servicios como medio de cobro, por lo cual las empresas de servicios públicos estarán obligadas a cumplir con la normativa, garantizando que la facturación refleje exclusivamente los costos asociados al suministro de energía y gas.

Desde el Ministerio de Economía, Caputo destacó que esta medida forma parte del plan de reducción de costos en servicios esenciales para mitigar el impacto inflacionario.

Conflicto entre el Gobierno y los municipios

El enfrentamiento entre el Gobierno y los municipios escaló a principios de enero, cuando Luis Caputo envió una nota a los 23 gobernadores, instándolos a que adecuaran las tasas municipales al costo real de los servicios.

En ese momento, el ministro apuntó contra los "intendentes K", acusándolos de intentar "obstaculizar el proceso de baja de inflación" con el cobro de tasas adicionales en las facturas.

En respuesta, más de 500 intendentes, nucleados en la Federación Argentina de Municipios, rechazaron la medida y acusaron al Ejecutivo de vulnerar la autonomía municipal.

"Intendentes en ejercicio de sus funciones comunales, elegidos democráticamente por nuestros pueblos, rechazamos la notificación y expresiones carentes de contenido republicano y sentido federal vertidas por el ministro de Economía, Luis Caputo", expresaron en un comunicado conjunto.

Un fallo con impacto en consumidores y municipios

El respaldo judicial a la prohibición de incluir tasas municipales en las boletas de luz y gas representa una victoria para el Gobierno en su plan de reducir costos y simplificar las facturas de servicios públicos.

Para los consumidores, este fallo podría traducirse en facturas más transparentes y sin costos adicionales, lo que supone un alivio en un contexto de inflación y ajuste económico.

Sin embargo, para los municipios afectados, la resolución supone un desafío financiero, ya que tendrán que buscar nuevas estrategias de recaudación sin afectar los servicios que prestan a sus comunidades.

En los próximos meses, el cumplimiento de esta medida será clave para evaluar su impacto real en la economía doméstica y en la administración municipal, mientras el Gobierno continúa con su política de desregulación y reducción del gasto público.