En medio de una profunda crisis económica y con la sostenibilidad del sistema previsional en debate, el Gobierno argentino se encuentra evaluando una reforma previsional estructural, impulsada por los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este giro en la agenda oficial responde al objetivo de alcanzar el déficit cero fiscal y garantizar la viabilidad a largo plazo de las cuentas públicas, dos condiciones clave exigidas por el organismo internacional.

La titular del FMI, Kristalina Georgieva, expresó recientemente que el programa económico firmado con Argentina se enfocará en fortalecer el ancla fiscal a través de "medidas de eficiencia y reformas bien secuenciadas de los sistemas tributario, de coparticipación y de pensiones". El plazo límite para implementar estos cambios es diciembre de 2026.

Qué contempla el diagnóstico del Gobierno sobre el sistema previsional

Según un informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el Ejecutivo está realizando un diagnóstico profundo del sistema previsional argentino, que analiza aspectos demográficos, financieros y experiencias internacionales. Entre los principales desafíos, se destacan el envejecimiento poblacional, la informalidad laboral —que alcanza al 42% de la población ocupada— y los cambios en las trayectorias laborales de los trabajadores.

El Gobierno remarca que no se ha definido aún una propuesta concreta, pero que cualquier ajuste debe estar respaldado por un análisis riguroso y con perspectiva de largo plazo, respetando tanto los principios del sistema como el equilibrio fiscal.

Fin de la moratoria previsional y su impacto en los futuros jubilados

Una de las primeras medidas que marca este viraje en el sistema fue la decisión de no renovar la moratoria previsional, mecanismo que permitió a miles de personas acceder a una jubilación sin contar con los 30 años de aportes exigidos. Solo en 2024, 313.950 personas utilizaron este régimen, de un total de 427.505 jubilaciones otorgadas.

Desde su implementación hace dos años, 580.623 personas accedieron a un beneficio previsional bajo esta modalidad, de las cuales el 62% son mujeres. El final de la moratoria marca un cambio profundo, ya que eleva de facto la edad de jubilación para muchas mujeres a los 65 años, especialmente aquellas sin aportes suficientes.

El Ministerio de Capital Humano confirmó que continúa vigente el Plan de Pago de Deuda Previsional (PPDP) para personas próximas a la edad jubilatoria, así como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a mayores de 65 años sin los aportes requeridos. A marzo de 2025, 203.521 personas perciben la PUAM.

Envejecimiento poblacional y caída de la natalidad: otro frente crítico

El desequilibrio demográfico también golpea al sistema previsional. Según datos oficiales, en 2023 se registraron 460.902 nacimientos en Argentina, lo que representa una caída de 315.000 nacimientos con respecto al pico de 2014. A su vez, la tasa de fecundidad bajó de 2,4 hijos por mujer en 2014 a 1,4 en 2023, generando una población cada vez más envejecida y una base laboral futura más reducida.

Este fenómeno global, pero con características preocupantes en el país, obliga al Estado a repensar la sostenibilidad del régimen previsional a mediano y largo plazo, en un contexto de mayor expectativa de vida y menor recambio generacional.

Hacia una reforma previsional con impacto social y fiscal

La reforma previsional en Argentina está en el centro del debate económico, presionada por compromisos internacionales y por una estructura interna cada vez más insostenible. El fin de la moratoria previsional, la persistente informalidad laboral, el envejecimiento de la población y la baja tasa de natalidad configuran un panorama que exige decisiones estratégicas y de largo plazo.

Aunque aún no se han definido medidas concretas, el diagnóstico oficial marca un cambio de rumbo inminente. Las próximas reformas deberán equilibrar el control del gasto público con la garantía de derechos sociales, un desafío clave para lograr un sistema previsional justo, inclusivo y financieramente viable.