El gobierno nacional avanzó con una nueva modificación sobre el marco regulatorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), en una decisión que profundiza el proceso de desregulación iniciado en diciembre de 2023. A través del decreto 812, firmado por el presidente Javier Milei, el Poder Ejecutivo alteró nuevamente la normativa que rige al organismo creado en 2002 para intervenir en el mercado, fijar precios y coordinar la producción entre las provincias yerbateras y el sector privado. Esta vez, el cambio apunta directamente a reducir al mínimo su capacidad de acción.
El decreto modifica el artículo 8 del decreto 1240/2002, que establecía como función del Instituto "facilitar el equilibrio entre la oferta y la demanda de la yerba mate y derivados". Esa cláusula era considerada por el Gobierno como una herramienta para sostener un esquema de intervención estatal que, según su postura, "distorsionaba" el funcionamiento del mercado. Con el cambio, el nuevo artículo determina de manera explícita que el organismo "no podrá dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado, generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada y/o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda".
El Poder Ejecutivo explica en los considerandos que "resulta necesaria una modernización" del INYM, con el fin de reorientar sus tareas hacia la verificación de calidad y evitar "su intromisión en un mercado competitivo". La medida, según el Gobierno, busca consolidar un esquema de reglas que impida al organismo ejercer funciones de regulación económica o establecer parámetros en la producción y comercialización de la yerba mate.
El decreto también deroga los artículos 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del decreto 1240/2002, una decisión que elimina de manera definitiva atribuciones históricas del instituto. Esos artículos habilitaban al organismo a fijar precios para la materia prima, imponer límites a nuevas plantaciones, definir pautas de cosecha y establecer requisitos para los operadores del sector. En este sentido, el Ejecutivo sostiene que estas facultades "resultaban contrarias al proceso de desregulación vigente".
La iniciativa se inscribe en la misma línea del DNU 70/23, firmado en diciembre de 2023, que ya había recortado atribuciones del INYM y modificado de manera sustancial su funcionamiento. A partir de ese decreto, el instituto perdió la potestad de fijar precios obligatorios para la hoja verde y la yerba canchada, uno de los puntos más sensibles para los productores de Misiones y Corrientes.
El nuevo decreto establece un plazo de 30 días para que el organismo adecúe toda normativa interna que contradiga lo dispuesto, un proceso que implicará revisar resoluciones vigentes y ajustar los mecanismos de control y fiscalización.
En paralelo, el Gobierno sostiene que el proceso de desregulación ya muestra impactos en el mercado. Un reciente informe del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, indicó que desde la implementación del DNU la yerba mate experimentó una baja real del 44,3% respecto del nivel general de precios en diciembre de 2023. El documento también señala que la producción y las exportaciones crecieron un 29% y 16,6% respectivamente entre 2023 y 2024, mientras que el precio nominal se estabilizó desde julio de 2024.
Por su parte, el INYM informó recientemente que las exportaciones alcanzaron los 42 millones de kilos a septiembre, un número que ya supera los niveles de 2021, 2022 y 2023. Ese volumen se acerca al récord de 2024, cuando se lograron 43,8 millones de kilos. Las proyecciones indican que 2025 podría cerrar con más de 50 millones de kilos exportados, lo que consolidaría un crecimiento en el mercado externo.
La medida del Gobierno abre una nueva etapa en la relación con el sector yerbatero, que ha manifestado posiciones diversas frente a la desregulación. Mientras algunos actores celebran la liberalización como una oportunidad de competitividad, otros advierten que la ausencia de regulaciones podría profundizar desigualdades entre productores, particularmente los pequeños y medianos. El impacto definitivo de estas modificaciones dependerá de cómo se reacomode el mercado en los próximos meses.