En un contexto de alta sensibilidad económica, el Gobierno nacional ha formalizado una nueva estructura para los gravámenes que pesan sobre el sector energético. Mediante el decreto 302, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía resolvió aplicar de manera parcial la actualización tributaria que originalmente había sido postergada durante el mes de abril. Esta medida implica un ajuste directo en el costo que enfrentan los consumidores de todo el país al cargar combustible.

La resolución no es aislada, sino que responde a una planificación que el Ejecutivo justifica bajo la premisa de "continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible". En términos porcentuales, la actualización que entrará en vigencia representa un alza del 0,5%, una cifra que, si bien parece marginal, tiene un correlato nominal específico en el precio por litro. Al postergar el grueso del incremento, las autoridades buscan equilibrar las necesidades de recaudación fiscal con la urgencia de no asfixiar el consumo interno.

El impacto nominal en naftas y gasoil

La implementación de este componente impositivo se traduce en valores concretos para el usuario final. A partir de este viernes 1 de mayo, los precios en los surtidores de todas las banderas que operan en el territorio argentino experimentarán un incremento derivado exclusivamente de la carga tributaria. La actualización, que sigue la evolución trimestral del Índice de Precios al Consumidor (IPC), se ha desglosado de la siguiente manera:

Naftas: El incremento por componente impositivo será de $11 por litro.

Gasoil: El aumento correspondiente a los gravámenes será de $9 por litro.

Este ajuste parcial deja para el mes próximo, específicamente para el 1 de junio, el traslado total del remanente pendiente del año 2024 y los primeros tres trimestres de 2025. Es una dilación que el Ejecutivo viene sosteniendo hace meses para evitar un shock de precios en un sector que es transversal a toda la cadena productiva y logística del país.

El contexto internacional 

La dinámica de los precios en Argentina no puede entenderse sin observar el mercado global. Tras el aumento del 25% que sufrieron los combustibles anteriormente debido al alza del petróleo internacional por la guerra en Medio Oriente, el Gobierno había decidido aplazar las actualizaciones impositivas. En aquel momento, la empresa estatal YPF, seguida por el resto de las compañías petroleras, se acopló a la estrategia oficial con un anuncio clave: no trasladar el impacto de los precios internacionales hasta mediados de mayo.

Actualmente, el barril de petróleo se sitúa en torno a los US$110, un valor que se mantiene similar a los registros de inicios de abril. No obstante, la vigencia del acuerdo entre las empresas y el Estado sigue siendo el pilar de la estabilidad temporal. Las petroleras mantienen un compromiso hasta el 16 de mayo por el que no trasladarán las variaciones del crudo internacional a los precios finales de sus productos, con el objetivo de contener la inflación, que en marzo cerró en el 3,4%.

Expectativas y atrasos en el sector energético

A pesar de la estabilidad lograda mediante acuerdos, en el sector hidrocarburífero crece la incertidumbre sobre lo que sucederá en las próximas dos semanas. La extensión del conflicto bélico en Medio Oriente y la amenaza latente de un bloqueo en el estrecho de Ormuz han vuelto a presionar el valor del crudo por encima de los US$110. Esta situación pone en jaque la sostenibilidad de los precios actuales en el mercado local.

Según analistas y actores del sector, existen variables críticas a considerar para el futuro cercano:

Atraso de precios: Se estima que los valores de las naftas y el gasoil presentan un atraso de hasta un 15% respecto de la situación previa a la guerra.

Componentes variables: Si bien el precio internacional está congelado hasta mediados de mes, las empresas sí trasladan al surtidor otros costos como los biocombustibles o la propia actualización de impuestos definida por el decreto actual.

Tendencia inflacionaria: El Gobierno aspira a que en abril se haya quebrado la tendencia del IPC, por lo que cualquier ajuste mayor en mayo podría comprometer ese objetivo.

La resolución actual, por tanto, funciona como un paliativo que intenta administrar las tensiones entre un petróleo internacional encarecido, una carga tributaria que debe actualizarse por ley y la necesidad política de estabilizar los precios internos en un año de desafíos económicos profundos.