La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) elevó un reclamo formal a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) con el objetivo de frenar los embargos impuestos sobre empresas y PyMEs que atraviesan situaciones de crisis financiera y operativa. La entidad empresaria advirtió que este tipo de medidas puede profundizar las dificultades que ya enfrentan numerosas compañías y, en los casos más delicados, derivar en consecuencias irreversibles.
La presentación fue realizada mediante una carta enviada al titular de ARCA, Andrés Vásquez, con copia al ministro de Economía, Luis Caputo. En el documento, la CAC expresó su preocupación por el impacto que tienen los embargos sobre el flujo comercial de las empresas afectadas y alertó que estas acciones pueden "agravar su situación hasta un punto irreversible", además de "empujar a las más pequeñas a la marginalidad".
La preocupación por los embargos sobre cobros comerciales
En la nota, firmada por el presidente de la CAC, Mario Grinman, y el secretario de la entidad, Ángel Machado, se detalla particularmente la preocupación por los embargos aplicados sobre sumas que las empresas deben cobrar de sus clientes.
"Nos referimos en particular a la traba de embargos sobre sumas a cobrar de sus clientes por los contribuyentes afectados, clientes que son notificados para que retengan los pagos y los depositen a favor de ARCA hasta completar la suma embargada", señala el texto enviado al organismo recaudador.
La Cámara sostuvo que este mecanismo tiene un efecto directo sobre la operatoria cotidiana de las compañías, ya que interrumpe el ingreso de fondos necesarios para sostener la actividad comercial, afrontar costos operativos y mantener el funcionamiento normal de las empresas.
Críticas a las acciones de cobro impulsivo
El planteo de la CAC apunta especialmente contra los embargos implementados por ARCA en el marco de acciones de cobro impulsivo. Si bien la entidad reconoció que el organismo actúa dentro de las facultades legales que posee para resguardar el crédito fiscal, cuestionó el momento en el que estas medidas son aplicadas.
"No desconocemos que esta y otras medidas cautelares las realiza ARCA en el marco de sus facultades legales y en defensa del crédito fiscal, resultando un accionar lícito; pero nos permitimos afirmar que lo consideramos totalmente inoportuno en las actuales circunstancias", indicaron Grinman y Machado en la carta.
La CAC remarcó que el escenario económico que enfrentan muchas empresas, y especialmente las MiPyMEs, se encuentra atravesado por múltiples factores adversos que dificultan la continuidad de la actividad y reducen la capacidad de afrontar obligaciones fiscales bajo condiciones normales.
Un contexto de caída de ventas y dificultades financieras
En su argumentación, Mario Grinman describió el cuadro económico que afecta al sector empresario y explicó que muchas compañías operan actualmente en un contexto caracterizado por:
- Reducción de ventas y márgenes de rentabilidad.
- Incremento de costos operativos.
- Altas tasas de interés.
- Dificultades de acceso al crédito.
Según expresó la CAC, estas condiciones son consecuencia de los "desarreglos macroeconómicos de larga data que aún no han podido ser plenamente corregidos". No obstante, la entidad también destacó "el mayúsculo ordenamiento que felizmente ha efectuado la actual administración nacional".
El documento plantea que, en este escenario, las medidas de embargo sobre fondos comerciales pueden agravar aún más las dificultades de empresas que ya enfrentan restricciones financieras y limitaciones para sostener sus operaciones habituales.
El pedido de flexibilización y acompañamiento
Frente a esta situación, la Cámara instó al Gobierno nacional a adoptar una postura de acompañamiento hacia las empresas en dificultades hasta que la situación económica general muestre una mejora más consolidada.
En la carta enviada a ARCA y al Ministerio de Economía, la entidad sostuvo la necesidad de "acompañar a las empresas en dificultades hasta que la situación económica general mejore, como algunos indicios permiten atisbar".
En ese marco, la CAC solicitó específicamente que ARCA instruya a sus áreas legales para evitar la adopción de nuevas medidas precautorias contra compañías afectadas por la crisis económica. Además, reclamó una flexibilización en las condiciones de acceso a los planes de facilidades de pago, con el objetivo de brindar mayor margen financiero a las empresas para regularizar sus obligaciones tributarias sin comprometer su continuidad operativa.
El impacto sobre el entramado empresarial
La Cámara advirtió que la continuidad de este tipo de acciones podría tener consecuencias especialmente severas sobre el entramado productivo y comercial, en particular en el segmento de pequeñas y medianas empresas.
Según el planteo de la entidad, preservar la actividad de las compañías permitiría no solo sostener el empleo y la operatoria económica, sino también garantizar, en el largo plazo, la recuperación de los créditos fiscales reclamados por el Estado.
"Esta forma de accionar preservará a la gran mayoría de las empresas y permitirá su adecuación a las nuevas condiciones de la economía, y a la vez posibilitará en el tiempo la recuperación del crédito del fisco. No dudamos que es el deseo de la enorme mayoría del empresariado", concluyó la nota enviada por la CAC.
