El cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) reactivó la alarma por el estado crítico de la infraestructura vial en todo el país. En un contexto de recortes severos en obra pública y traspaso de responsabilidades a las provincias, el Gobierno de Javier Milei avanza con un plan de privatización de corredores estratégicos, mientras desde el sector de la construcción advierten que los costos de recuperación serán altísimos.
La DNV tenía a su cargo unos 40.000 kilómetros de rutas nacionales, de los cuales más de 6.000 eran gestionados por la empresa estatal Corredores Viales S.A., actualmente incluida en la lista de compañías sujetas a privatización en la Ley Bases.
Desde el inicio de la gestión libertaria, el ajuste afectó con fuerza al área de obras públicas. Solo en los primeros cinco meses de 2025, el gasto devengado por Vialidad cayó un 75% en comparación con el mismo período de 2023, según un informe del Instituto Argentina Grande.
Esta política de ajuste se tradujo en una poda masiva de proyectos: según datos oficiales presentados por el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, de las 2.337 obras bajo responsabilidad nacional al inicio del mandato, el 71% fueron dadas de baja. Actualmente, apenas unas 60 obras están en ejecución o próximas a reiniciarse, muchas de ellas cedidas a provincias y municipios.
"Se contemplarán otras obras a medida que la disponibilidad de recursos y la prioridad lo amerite", indicaron desde el Ejecutivo
Deterioro vial: más de la mitad de las rutas está en mal estado
El ajuste tiene consecuencias visibles: la última evaluación oficial indica que el 29% de las rutas nacionales están en mal estado y otro 23,5% en estado regular. Es decir, que más de la mitad de la red presenta serias deficiencias.
Desde la Federación de Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) advirtieron que el deterioro se debe a la falta sostenida de inversión en obras de conservación, iluminación, señalización, drenaje y mantenimiento de puentes y banquinas.
Además, alertan sobre un "efecto cascada" económico: por cada peso que no se invierte hoy en mantenimiento, se deberán gastar entre tres y cinco veces más en reparación futura.
Privatización: foco en las rutas de alto tránsito
En este escenario, el Gobierno avanza con su plan para concesionar 9.154 kilómetros de rutas nacionales, que concentran el 80% del tránsito vehicular. La licitación pública nacional e internacional lanzada el pasado 3 de junio incluye más de 700 kilómetros de la llamada Ruta del Mercosur, divididos en dos tramos: el "Oriental" (rutas 12, 14, 135, A015 y 117) y el que conecta el Puente Rosario-Victoria.
El 5 de agosto se abrirán los sobres con las ofertas presentadas, dando inicio a la etapa de evaluación y eventual adjudicación.
Sin embargo, desde el sector privado advierten que poner en condiciones esos corredores podría requerir inversiones de hasta US$ 100 millones por tramo, sin contar los costos de mantenimiento. Esto podría trasladarse directamente al precio de los peajes.
Además, el cierre de Vialidad genera incertidumbre institucional: sus funciones fueron repartidas entre la Agencia de Control de Concesiones, la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Obras Públicas, lo que genera dudas sobre la operatividad y coordinación del nuevo esquema.
"No sabemos cómo va a funcionar esta nueva administración, y eso demora también el mantenimiento de rutas que ya están muy deterioradas", señalaron desde el sector de la construcción.
