El escenario judicial internacional de la Argentina se tensó aún más tras el nuevo fallo de la jueza del Segundo Distrito de Nueva York, Loretta Preska, que ordenó al país transferir el 51% de las acciones de YPF como parte de la condena por su expropiación en 2012. La medida establece un plazo de 14 días para que el Estado argentino gire los títulos clase D a una cuenta en The Bank of New York Mellon (BNYM), en favor de los fondos demandantes Burford Capital y Eton Park.
El fallo representa una etapa clave dentro de un litigio que lleva una década. En septiembre de 2023, Preska ya había condenado a la Argentina a pagar US$16.000 millones por la forma en que se llevó adelante la estatización de YPF. Al incluir los intereses acumulados desde entonces, la cifra asciende hoy a US$17.750 millones, con una tasa de interés fija anual del 5,42%, lo que equivale a casi US$3 millones por día.
Aunque el presidente Javier Milei anunció que apelará la decisión, los fondos beneficiarios del fallo se muestran dispuestos a entablar una negociación. Entre las alternativas que analizan figuran una quita sobre el total de la sentencia o un esquema de pago mediante bonos soberanos.
Según un informe de Adcap Grupo Financiero, el Gobierno nacional tiene tres opciones para encarar el caso: acatar el fallo y ceder el control accionario, apelar con la esperanza de obtener una suspensión, o iniciar conversaciones directas con los acreedores. "Sin un diálogo significativo, no hay resolución posible. Depender únicamente de los recursos legales agrava la crisis de credibilidad", señala el documento.
El informe también advierte que la prolongación del litigio sin una solución negociada podría afectar las negociaciones con el FMI y frenar inversiones clave para revertir el delicado cuadro macroeconómico del país. "Una venta forzada de YPF a precio de liquidación deterioraría aún más el valor de mercado de la compañía", advierten.
El origen del conflicto
El juicio se originó en 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió el 51% de YPF, entonces en manos de Repsol. A la petrolera española se le pagó con bonos, pero no ocurrió lo mismo con el resto de los accionistas minoritarios, lo que violó el estatuto de la empresa y generó la demanda.
Desde el fallo de septiembre, la Argentina ha intentado apelar y dilatar su cumplimiento. Sin embargo, al no haber depositado la garantía exigida al asumir el actual gobierno, Preska quedó habilitada para autorizar el embargo de activos. De allí la orden de entregar las acciones que posee el Estado.
La Procuración del Tesoro de la Nación será la encargada de encabezar la apelación ante la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York. Mientras tanto, en la Casa Rosada se mantiene un fuerte hermetismo sobre los detalles y los plazos del recurso.