El Congreso de Nicaragua, controlado por el sandinismo, aprobó este martes una reforma constitucional que introduce nuevas restricciones para acceder a cargos electivos y que podría dejar fuera de las elecciones a distintos sectores de la oposición.

La iniciativa aprobada establece la exclusión de los comicios de quienes hayan participado en lo que el oficialismo define como "actos golpistas" o de "traición a la patria". Las restricciones también alcanzan a quienes soliciten una "intervención militar" extranjera.

Además de las nuevas limitaciones para las candidaturas y el ejercicio de funciones públicas, la reforma amplía la duración del mandato presidencial, que pasará de seis a siete años.

El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, integrante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), anunció que el proyecto fue aprobado por unanimidad.

Nuevas restricciones para acceder a cargos electivos

Antes de la aprobación, Porras había anticipado el alcance de la iniciativa y las consecuencias que tendría para quienes aspiren a presentarse en elecciones o ejercer funciones públicas. Según explicó el titular del Parlamento, la reforma impedirá ser candidatos a cargos de elección popular y desempeñar funciones públicas a quienes el oficialismo considere responsables de acciones contra "la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua".

La prohibición también abarcaría a quienes reclamen una intervención militar estadounidense o promuevan sanciones contra Nicaragua.

De esta manera, la reforma introduce nuevas condiciones para la participación política y electoral en el país. Las expresiones empleadas por el oficialismo se producen en un contexto atravesado por el prolongado enfrentamiento entre el gobierno de Daniel Ortega y distintos sectores opositores, muchos de cuyos referentes se encuentran actualmente en el exilio.

Una reforma que todavía debe ser ratificada

Pese a la aprobación anunciada por la Asamblea Nacional, la reforma constitucional todavía no completó todo el proceso institucional necesario para su entrada definitiva en vigor.

La iniciativa deberá ser ratificada durante la segunda legislatura, cuyo inicio está previsto para principios de 2027. Por lo tanto, los cambios aprobados representan un nuevo paso dentro de la modificación del sistema político y electoral nicaragüense, aunque su vigencia definitiva dependerá todavía de esa instancia parlamentaria.

La reforma abre así un nuevo escenario de cara a los próximos comicios, particularmente por las restricciones establecidas para quienes pretendan participar como candidatos o desempeñar funciones públicas.

Las protestas de 2018, un punto de quiebre

Uno de los principales antecedentes del prolongado enfrentamiento entre el gobierno y la oposición fueron las protestas que sacudieron Nicaragua en 2018. Aquellas movilizaciones marcaron un punto de quiebre en el escenario político del país. La represión de las manifestaciones dejó más de 300 muertos, de acuerdo con datos de Naciones Unidas.

El gobierno de Daniel Ortega, sin embargo, sostiene que esas movilizaciones constituyeron un intento de golpe de Estado impulsado con apoyo de Estados Unidos.

Desde entonces, el escenario político nicaragüense quedó atravesado por un fuerte enfrentamiento entre el oficialismo y sus adversarios. En ese contexto se inscriben las expresiones incorporadas a la nueva reforma constitucional y las restricciones que podrían afectar a determinados sectores de la oposición.

El trasfondo político de la iniciativa está, de este modo, vinculado a un conflicto que se prolonga desde aquellos acontecimientos y que mantiene enfrentados al gobierno sandinista y a sus opositores, muchos de ellos fuera del país.

Ortega y Murillo, al frente del país

Daniel Ortega, de 80 años, asumió la Presidencia de Nicaragua en 2007 y permanece desde entonces al frente del país.

El dirigente sandinista ya había gobernado Nicaragua anteriormente, entre 1985 y 1990. Desde 2025, además, cogobierna junto con su esposa, Rosario Murillo, de 75 años, quien ejerce como copresidenta.

La reforma constitucional aprobada ahora profundiza los cambios en el sistema político y electoral de Nicaragua. La extensión del mandato presidencial de seis a siete años y las nuevas restricciones para acceder a cargos electivos forman parte de un mismo proceso de modificación institucional.

Mientras la iniciativa espera la ratificación parlamentaria prevista para la segunda legislatura de 2027, el debate político continúa atravesado por la confrontación entre el oficialismo sandinista y sus sectores opositores.

La aprobación unánime anunciada por Gustavo Porras en un Congreso controlado por el sandinismo constituye, así, un nuevo capítulo dentro de ese escenario. La reforma todavía deberá completar el proceso institucional correspondiente, pero ya plantea nuevas condiciones para la participación electoral y el ejercicio de funciones públicas, con potenciales consecuencias para quienes el oficialismo vincule con acciones consideradas contrarias a la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua.