El inicio de la misión humanitaria que llegó este lunes a la madrugada al aeropuerto de El Alto, en Bolivia, terminó abruptamente con la retención de documentos, la interrupción de su circulación y la posterior deportación forzada de sus integrantes. Según la información proporcionada, el gobierno de Rodrigo Paz Pereira impidió la fiscalización de presuntas violaciones a los derechos humanos en el país y dispuso la expulsión de la comitiva.
La delegación estaba integrada por:
- Juan Marino, diputado nacional de Fuerza Patria (FP)
- Vanina Biassi, legisladora de la Ciudad por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda (FIT/PO)
- Soledad Mosquera, secretaria general del gremio docente Ademys
- María José Cano, de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A)
- Alejandrina Barry, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos
- Otros miembros de organizaciones sociales y políticas
De acuerdo con los testimonios, tras su llegada fueron obligados a abordar un avión hacia la ciudad boliviana de Santa Cruz y posteriormente se encontraban en viaje de regreso hacia Argentina.
Denuncias de detención, coerción y trato "como secuestro"
Las declaraciones de los integrantes de la misión describen una situación de extrema tensión. Vanina Biassi afirmó que estuvieron "secuestrados con represión policial", señalando además que la experiencia se inscribe en un contexto más amplio de misiones previas realizadas en situaciones similares dentro de Bolivia.
Biassi sostuvo también que lo ocurrido responde a un escenario político grave, al afirmar que en el país se vive "una verdadera dictadura militar". En esa línea, agregó que la delegación había informado claramente los objetivos de su presencia y que incluso habían denunciado al Presidente por intentar instalar un "Estado de sitio".
Por su parte, Alejandrina Barry confirmó que los integrantes de la comitiva no fueron autorizados a descender del avión, y describió el tratamiento recibido como equivalente a un secuestro. Además, señaló que intentaron hacerles firmar un documento con "causas truchas" vinculadas a los objetivos del viaje.
Intervenciones políticas y reclamos diplomáticos
Desde el ámbito político argentino, el jefe de bloque de Diputados del peronismo (FP), Germán Martínez, exigió que Juan Marino pudiera desempeñar las tareas para las cuales había sido invitado por la Asamblea Plurinacional del país limítrofe.
En ese sentido, Martínez reclamó:
- Que las autoridades bolivianas garanticen el cumplimiento de las funciones de la misión
- Que las autoridades consulares argentinas aseguren la libertad e integridad física de los integrantes de la delegación
Estas declaraciones se inscriben en un marco de creciente tensión diplomática tras la expulsión de la misión.
El comunicado de la Misión Humanitaria y las denuncias centrales
La propia misión emitió un comunicado en el que sostuvo que su convocatoria surgió de legisladores, organizaciones sociales y población civil del país vecino, con el objetivo de relevar violaciones a los derechos humanos en el marco de la represión estatal.
En el texto se afirma que la expulsión constituye una decisión política que violaría:
- La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia
- Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos
Además, se advirtió que la situación atentó contra los fueros diplomáticos de los legisladores Juan Marino y Vanina Biassi, integrantes de la delegación.
El comunicado calificó el accionar del gobierno de Rodrigo Paz Pereira como "dictatorial".
Denuncias sobre el contexto de represión estatal
El documento también describió un escenario de grave conflictividad en Bolivia, señalando que la represión estatal y paraestatal incluiría:
- Una decena de asesinatos
- Centenares de presos políticos con denuncias de tortura
- Falta de asistencia médica a personas heridas
- Secuestros de dirigentes sindicales, campesinos y pueblos originarios
- Agresiones a la prensa durante protestas
- Estigmatización de manifestantes
- Actos de discriminación y racismo
Frente a este panorama, la misión hizo un llamado a organizaciones de derechos humanos, políticas y sindicales a mantenerse en estado de alerta ante la situación denunciada.
