Brasil: la Justicia prorrogó la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro
El expresidente brasileño continuará bajo arresto domiciliario en su residencia de Brasilia tras la decisión de la Corte Suprema. La medida se extiende pese a una "mejoría clínica" y en el marco de su condena de 27 años de cárcel.

Un juez de la Corte Suprema de Brasil prorrogó este viernes la prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado. La decisión implica que el exmandatario, de 71 años, seguirá cumpliendo su pena en su residencia acomodada en Brasilia, donde permanece desde marzo.

El beneficio de arresto domiciliario le había sido concedido inicialmente por un período de 90 días, con el objetivo de permitir su recuperación de una neumonía. Sin embargo, el plazo vencía la semana pasada y derivó en una revisión judicial de su situación.

La decisión del juez Alexandre de Moraes y el fundamento médico

La extensión de la medida fue dispuesta por el juez Alexandre de Moraes, quien evaluó el estado de salud del exmandatario y concluyó que existe una evolución favorable. Según el documento de la decisión, Bolsonaro muestra una "mejoría clínica", no solo respecto de la neumonía, sino también en relación con el resto de las afecciones de salud que padece.

El magistrado sostuvo en su escrito una justificación que resultó clave para la continuidad del régimen domiciliario:

  • "En el momento actual, el mantenimiento de la prisión domiciliaria humanitaria se muestra razonable, adecuado y proporcional".

Esta formulación fue central para sostener la prórroga bajo criterios de proporcionalidad y estado de salud, en el marco de una medida calificada como prisión domiciliaria humanitaria.

El episodio de la pistola Glock y el control de armas

En paralelo a la situación judicial del expresidente, un episodio ocurrido en junio generó tensión y llegó a poner en duda la continuidad del beneficio de arresto domiciliario.

Durante un control de tránsito regular en Brasilia, a uno de los escoltas de Bolsonaro le fue confiscada una pistola Glock 9 milímetros. El arma no contaba con la documentación que justificara su portación.

En ese contexto, se conoció que la defensa del exmandatario argumentó que el equipo de seguridad había inutilizado el arma mediante el retiro de una pieza, debido a los medicamentos psiquiátricos que utiliza Bolsonaro.

El episodio derivó en una secuencia de hechos posteriores:

  • Al advertir que la pistola no funcionaba, el propio Bolsonaro pidió a su escolta que la revisara.
  • En un breve interrogatorio policial, el exmandatario reconoció ser el propietario del arma.
  • También admitió haberla mantenido en su domicilio.

La resolución judicial sobre las armas de Bolsonaro

Tras estos hechos, el juez Alexandre de Moraes resolvió no penalizar a Bolsonaro por el hallazgo de la pistola, pero sí adoptó medidas estrictas respecto de su arsenal.

Entre las disposiciones adoptadas se destacan:

  • Prohibición de que Bolsonaro continúe en posesión de cualquier arma de fuego.
  • Orden de control sobre aproximadamente una decena de armas registradas a su nombre, que incluyen:
    • Pistolas
    • Rifles
    • Revólveres

Esta decisión reforzó la supervisión sobre el patrimonio armamentístico del exmandatario, en un contexto judicial ya altamente sensible.

Condena por intento de golpe de Estado y contexto político

El trasfondo de toda esta situación se remonta a la condena dictada en septiembre del año pasado, cuando Bolsonaro fue sentenciado por fraguar un plan para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022.

En esos comicios, el expresidente fue derrotado por el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, lo que derivó en el proceso judicial que culminó con la condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

La continuidad de su prisión domiciliaria, la supervisión de sus armas y los episodios recientes en torno a su entorno de seguridad configuran un escenario judicial complejo, en el que la Corte Suprema brasileña mantiene un seguimiento estrecho sobre las condiciones de cumplimiento de su pena.