El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador avanzó con una nueva propuesta que profundiza su política de seguridad: la aplicación de cadena perpetua a menores de edad que cometan delitos graves como homicidios o violaciones, independientemente de si pertenecen o no a pandillas.
La iniciativa fue confirmada por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y deberá ser sometida a la aprobación de la Asamblea Legislativa, un cuerpo que cuenta con mayoría oficialista.
Este proyecto se inscribe en una estrategia más amplia de endurecimiento penal impulsada por el Ejecutivo salvadoreño, que en los últimos días ya había logrado avances legislativos en la misma dirección.
La ampliación de una reforma constitucional reciente
La propuesta busca extender el alcance de una reforma constitucional aprobada días atrás por la Asamblea Legislativa, a pedido del propio Bukele. Esa modificación estableció la cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas.
El nuevo proyecto introduce un cambio significativo: incorporar también a los menores de 18 años dentro de ese esquema punitivo.
En ese sentido, Villatoro explicó que el objetivo es equiparar el tratamiento penal de los menores en determinados casos con el de los adultos, especialmente cuando se trata de delitos de extrema gravedad o vinculados a organizaciones criminales.
Durante su presentación ante una comisión legislativa, el funcionario sostuvo:
"Estamos proponiendo traer ese juzgamiento a las penas de cadena perpetua aún en el caso de menores de edad".
Señaló además que se busca aplicar el mismo criterio que ya se utiliza con menores vinculados a organizaciones terroristas.
Argumentos oficiales
El ministro Villatoro fundamentó la iniciativa en la necesidad de modificar el rol que, según el Gobierno, ha tenido la legislación vigente en relación con los menores.
Entre los argumentos expuestos, destacó que la ley penal juvenil habría funcionado como un mecanismo que garantizaba:
"Recurso humano barato"
Impunidad
Reciclaje de integrantes para organizaciones criminales
Además, remarcó que un menor que ingresa voluntariamente a una organización criminal o que comete delitos como violación u homicidio debe recibir un "tratamiento diferente" respecto de quienes incurren en delitos menos graves.
En la misma línea, el ministro de Defensa, Francis Merino, sostuvo que muchos homicidios cometidos por pandillas fueron consecuencia de la "permisibilidad de las leyes", que, según indicó, deben ser reformadas.
Cambios en el marco legal y pasos legislativos
Hasta el momento, la legislación salvadoreña establecía un límite de 60 años como condena máxima, mientras que la pena de cadena perpetua estaba expresamente prohibida en la Constitución.
Con la reciente enmienda constitucional, ese escenario comenzó a modificarse. Sin embargo, para su implementación plena, se requieren pasos adicionales:
Ratificación de la enmienda constitucional por el Congreso
Aprobación legislativa de la norma específica que incluye a menores
Ambos procesos deberán concretarse en los próximos días para que la iniciativa tenga vigencia.
Antecedentes: medidas previas sobre menores
La propuesta actual se suma a decisiones adoptadas anteriormente por el gobierno de Bukele en materia de menores vinculados al delito.
Hace un año, a pedido del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa reformó una ley que permite:
Enviar a menores detenidos vinculados a pandillas a cárceles de adultos
Mantenerlos separados hasta que cumplan 18 años
Estas medidas forman parte de una política sostenida de endurecimiento del sistema penal en el contexto de la lucha contra las pandillas.
El contexto
La política de seguridad del gobierno salvadoreño se apoya en un régimen de excepción vigente desde hace cuatro años, en el marco de la denominada guerra contra las pandillas.
Bajo este esquema:
91.500 personas han sido detenidas sin orden judicial
Son acusadas de ser miembros o cómplices de pandillas
En paralelo, un informe de julio de 2024 de Human Rights Watch documentó la detención de más de 3.000 niños y adolescentes, lo que fue considerado por esa organización como una violación de normas internacionales.
Resultados y respaldo político
El presidente Bukele mantiene altos niveles de popularidad, en gran parte por los resultados de su política de seguridad, que logró reducir los homicidios a mínimos históricos y desarticular a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas terroristas por Estados Unidos y El Salvador.
En el plano político interno, la iniciativa también cuenta con respaldo dentro del oficialismo. La diputada Suecy Callejas afirmó: "No hay vuelta atrás, lastimosamente con los pandilleros esa es la realidad . No hay posibilidad de reinserción con los pandilleros, no hay posibilidad de rehabilitación".
Críticas y cuestionamientos internacionales
La estrategia del gobierno salvadoreño ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.
Entre ellas se encuentran:
Cristosal
Amnistía Internacional
Human Rights Watch
Estas entidades han denunciado:
Arrestos de miles de personas inocentes
Torturas
Muertes en prisión
Desapariciones forzadas
Asimismo, un grupo de juristas internacionales señaló recientemente que la política contra las pandillas podría constituir "crímenes de lesa humanidad".