En su primera declaración formal ante los investigadores que lo indagan en Bolivia, Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Javier Milei, reconoció haber acumulado ingresos cercanos a US$ 1 millón mensuales durante 2025 y 2026. Explicó que esos ingresos provenían de actividades desarrolladas fuera de Bolivia y que trabaja como consultor político para dirigentes de distintos países a través de empresas que montó en la Argentina y Estados Unidos.

La declaración se produjo siete días después del allanamiento que terminó con su detención. El operativo se realizó el 20 de agosto en un inmueble de La Paz, donde los investigadores secuestraron documentación, un arma de fuego, el título de propiedad de la vivienda y un automóvil.

Cerimedo declaró acompañado por uno de sus abogados defensores, José Vega, ante el fiscal de La Paz, Miguel Cardozo Ramírez, y el investigador policial asignado al caso, el teniente Gabriel Quispe Mendoza. La copia de la denominada "declaración informativa" fue obtenida por LA NACION.

El interrogatorio incluyó 219 preguntas, pero Cerimedo se negó a responder más de 150. Su argumento fue reiterado casi hasta el final de la audiencia: las consultas, según sostuvo, "no tienen nada que ver con el caso" por el que se encontraba detenido.

Un entramado empresarial entre Argentina y Estados Unidos

Frente a las acusaciones de la Fiscalía, que sostiene que habría "aumentado su patrimonio de manera desproporcionada sin justificación alguna" durante 2025 y este año, Cerimedo presentó como explicación su actividad profesional y empresarial.

Dijo que en 2021 creó Numen Group Inc en Estados Unidos, firma de la que afirmó ser "socio único". En la Argentina, en tanto, señaló que posee una empresa de publicidad llamada Numen, que cuenta con 35 empleados, dos sucursales y 12 clientes, aunque no proporcionó los nombres de esos clientes.

A ese esquema sumó otras tres actividades:

• La Academia Numen, dedicada a cursos de tecnología asociados a un proyecto denominado "Magament Institute".
• Una productora audiovisual.
• Una razón social propia con facturación.

En estas últimas estructuras, explicó, es socio junto con su esposa, Natalia Basil.

Cerimedo agregó que controla otras empresas, aunque aseguró que actualmente no tienen movimientos. Según su explicación, había proyectado radicarse en Bolivia para montar allí una firma de marketing y "poder establecerme acá", pero la detención se produjo antes de concretar ese proyecto.

La cifra que puso en el centro de la investigación

Uno de los momentos centrales del interrogatorio estuvo vinculado con sus ingresos personales.

Ante la pregunta de los fiscales sobre cuánto había ganado aproximadamente por mes durante 2025, Cerimedo respondió: "Cerca de un millón de dólares con actividades fuera de Bolivia".

Consultado luego por 2026, respondió que el monto era similar, aunque aclaró que se trataba de un cálculo parcializado del año 2025 con todos los ingresos provenientes de las empresas del exterior.

También aseguró que no percibía otros ingresos y que no posee cuentas bancarias en Bolivia, aunque sí las tiene en la Argentina y Estados Unidos. Negó, además, tener inversiones, sociedades, propiedades o activos registrados a nombre de terceros.

"No, ni en Bolivia ni en Argentina", respondió cuando le preguntaron si tenía bienes de ese tipo a nombre de otras personas. Según afirmó, "tengo todos a mi nombre".

El caso de la casa de cambios

La investigación fiscal también se apoya en los movimientos vinculados con una casa de cambios de la Zona Sur de La Paz denominada "Exchange".

Durante el allanamiento, según consta en el expediente, el representante legal del establecimiento escapó después de retirar aproximadamente US$ 700.000 de las cajas fuertes.

De acuerdo con la Fiscalía, a través de esa casa de cambios Cerimedo habría recibido "sumas en dólares", además de acumular cajones repletos de dinero y desplazarse con una credencial de la Policía boliviana.

Estos elementos forman parte del contexto en el que se desarrolla la investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Su vínculo con Rodrigo Paz

Cerimedo también reconoció haber trabajado como "consultor político" del presidente boliviano Rodrigo Paz y haberle ofrecido "consejos de comunicaciones digitales".

Según su propia declaración, desarrolló tareas de consultoría política también en otros países. Sin embargo, cuando los investigadores intentaron reconstruir cómo comenzó su relación con Paz, sus respuestas fueron limitadas.

Afirmó no recordar cuándo ni quién lo contactó con el actual presidente boliviano. Sí reconoció que ya conocía a Paz antes de las elecciones de 2025, aunque tampoco recordó en qué circunstancias. Precisó, además, que no existió un contrato escrito por sus servicios durante la campaña electoral que llevó a Paz al poder durante el segundo semestre del año pasado.

Las respuestas que sí proporcionó fueron puntuales:

• ¿Quién coordinaba sus actividades en Bolivia? "Yo".
• ¿Quién era su principal contacto dentro del entorno de Rodrigo Paz? "El presidente Rodrigo Paz".
• ¿Quién le proporcionaba información para desarrollar sus actividades? "Nadie".
• ¿Quién financiaba esas actividades? "Nadie".

Después de esas respuestas, el nivel de detalle de su declaración volvió a reducirse de manera drástica.

Las 219 preguntas y los resortes del poder

El cuestionario de los investigadores avanzó mucho más allá de sus ingresos y empresas. Las preguntas buscaron establecer cuál era exactamente su grado de influencia y participación dentro del gobierno de Paz.

Los investigadores quisieron saber si Cerimedo impartía "instrucciones" en Bolivia, si escribía discursos del Presidente, si ocupaba algún cargo formal en el gobierno y cuál era su función respecto de las redes sociales de Paz.

También preguntaron si había intervenido en la elaboración o modificación de decretos y proyectos de ley, en decisiones económicas y en cuestiones relacionadas con combustibles, seguros, empresas públicas, seguridad, fuerzas militares y policiales y asuntos internacionales.

El interrogatorio incluyó además preguntas sobre si disponía de una oficina dentro de la Casa Grande del Pueblo, si tenía credencial y acceso permanente, si participaba en reuniones de gabinete y si los ministros tomaban en consideración sus opiniones.

Los investigadores buscaron determinar incluso quién tenía las contraseñas de las cuentas oficiales del Presidente en redes sociales y si Cerimedo tenía capacidad para eliminar o modificar publicaciones.

La respuesta se repitió ante más de 150 preguntas: "No tiene que ver con el caso".

La misma contestación recibió una pregunta sobre si alguna vez había mantenido reuniones con empresas o autoridades extranjeras en nombre del Presidente, y otra acerca de quién le permitía acceder a funcionarios y ministros.

La denuncia de un supuesto golpe de Estado

La respuesta más extensa llegó al final de la audiencia, cuando los investigadores le preguntaron si tenía algo más que señalar o declarar.

Cerimedo aprovechó ese momento para plantear su propia interpretación del proceso judicial. Sostuvo que su detención forma parte de "un intento de golpe de Estado para desestabilizar al Gobierno de Rodrigo Paz", y denunció que se estaban violentando sus derechos y tratados internacionales.

También afirmó que se reserva el derecho de iniciar acciones legales en Bolivia y ante cortes internacionales contra quienes, según su planteo, hayan vulnerado sus derechos internacionales. Cerró esa declaración asegurando que no entiende los cargos que le han señalado.

Desde Palmasola, la misma defensa

Recluido en la cárcel de Palmasola, Cerimedo ya había enviado anteriormente un mensaje a la prensa en una línea similar.

Allí rechazó las "mentiras" y "chismes" que lo vinculan con supuestos negociados o actividades ilícitas. También sostuvo que su papel como colaborador del presidente Paz no le otorgaba autorización ni poder para actuar en nombre del mandatario o de la familia presidencial.

Así, su primera declaración formal dejó planteados dos planos contrapuestos. Por un lado, la Fiscalía sostiene una investigación centrada en un presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, respaldada, según el expediente, por los elementos encontrados durante el allanamiento y por movimientos de dinero que considera relevantes. Por otro, Cerimedo presentó sus ingresos como resultado de una estructura empresarial y de su actividad como consultor político, negó tener activos a nombre de terceros y cuestionó el alcance de las preguntas sobre su relación con el gobierno boliviano.

En medio de ambos planteos quedó su decisión de no responder buena parte del interrogatorio y su denuncia de que la detención responde a un supuesto intento de golpe de Estado contra Rodrigo Paz.