El Congreso de Paraguay rechazó el pedido de prórroga de 72 horas presentado por el presidente Santiago Peña para preparar su defensa en el marco del juicio político iniciado en su contra. El mandatario había enviado una carta durante la noche del jueves para solicitar más tiempo, luego de quedar convocado a comparecer ante el Senado.

Tras la negativa legislativa, Peña deberá presentarse ante el cuerpo para exponer su posición frente al proceso. Según la información difundida, el presidente fue instado a concurrir en un plazo de treinta minutos, en una instancia que profundiza la tensión institucional que atraviesa el país.

El mandatario había expresado su intención de responder a las acusaciones y defender su postura ante los legisladores. "Voy a exponer mi verdad aunque resulte incómoda para muchos actores políticos", afirmó.

El proceso se puso en marcha luego de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad la acusación contra Peña. A partir de esa decisión, el Senado deberá resolver el juicio político, mientras el presidente permanece formalmente en el ejercicio de sus funciones.

Las consecuencias de una eventual destitución

La situación de Peña presenta una particularidad institucional: el juicio político podría tener consecuencias diferentes a las de una renuncia. Si el Congreso resolviera destituirlo, el mandatario perdería los fueros de senador vitalicio que conservaría si su dimisión fuera aceptada.

El presidente continúa formalmente en la Presidencia debido a que la sesión bicameral convocada para tratar su renuncia quedó sin quórum. En ese contexto, el Congreso no pudo avanzar con la aceptación de la dimisión que Peña había presentado el jueves, en medio del debate de los diputados para formalizar el inicio del juicio político.

La falta de quórum dejó al mandatario en una situación en la que sigue ocupando el cargo, al tiempo que el Senado debe definir el curso del proceso iniciado tras la acusación aprobada por la Cámara Baja.

De esta manera, el escenario político quedó atravesado por dos instancias: por un lado, la renuncia presentada por Peña, cuyo tratamiento no pudo concretarse; por otro, el juicio político que avanzó con la aprobación unánime de los diputados y que ahora deberá ser resuelto por el Senado.

El escándalo de Ueno Bank 

Mientras se desarrollaba la crisis política, una comitiva fiscal y policial realizó un procedimiento en la residencia de Miguel Vázquez, vicepresidente primero de Ueno Bank, en Asunción.

El operativo tuvo lugar el jueves por la noche y se enmarcó en la investigación por el presunto vaciamiento de la entidad financiera. Durante el procedimiento, las autoridades retiraron siete vehículos de alta gama, que fueron trasladados mediante grúas y quedaron a disposición de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados.

La medida se produjo en medio de la investigación que involucra a directivos del banco y a personas vinculadas con empresas bajo análisis judicial.

Vázquez fue imputado junto con otros siete directivos de la entidad y otras 19 personas relacionadas con las firmas investigadas. La investigación por el presunto vaciamiento de Ueno Bank constituye uno de los principales focos del escándalo que afecta al gobierno de Peña y que derivó en la actual crisis institucional.

El retiro de los vehículos de la residencia del vicepresidente primero de la entidad financiera se sumó a las actuaciones judiciales que se desarrollan en torno al caso, mientras el Congreso avanzaba con el proceso político contra el presidente.

Renuncias en el gabinete y en el entorno presidencial

La crisis también provocó una serie de renuncias en el Gobierno paraguayo. Según decretos difundidos este viernes, el jefe del Gabinete Civil, Javier Giménez; el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno; y el ministro del Interior, Enrique Riera, presentaron sus dimisiones.

El presidente Santiago Peña aceptó las renuncias, en medio de la controversia por el cierre privado de Ueno Bank y las consecuencias políticas del caso.

Las salidas de estos funcionarios se produjeron mientras el mandatario permanece formalmente en el cargo, luego de que el Congreso no aceptara la renuncia que había presentado el jueves. La decisión de Peña de aceptar las dimisiones se conoció a través de decretos difundidos durante la jornada del viernes.

La salida del jefe del Gabinete Civil, del asesor jurídico presidencial y del ministro del Interior amplió el alcance de la crisis dentro de la estructura gubernamental, en un momento en que el presidente debe afrontar el proceso de juicio político y responder ante el Senado.