El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que "no volverá a haber elecciones" en el país, una declaración que, en los hechos, cancela los próximos comicios previstos originalmente para noviembre de 2027.
El mandatario sostuvo que la decisión busca evitar que la oposición vuelva a "atrapar el gobierno" y "el poder". Sus palabras fueron pronunciadas el domingo durante el aniversario de la Revolución Sandinista, que derrocó la dictadura de Anastasio Somoza en 1979 y llevó por primera vez a Ortega al poder.
El anuncio se produce en un contexto marcado por la permanencia de Ortega al frente del gobierno durante casi 20 años y por un proceso de concentración del poder que, según las denuncias de opositores y organizaciones de derechos humanos, incluyó la reescritura de la Constitución, el aplastamiento de la oposición política y la consolidación del control sobre prácticamente todas las ramas del Estado nicaragüense.
Ortega regresó a la presidencia en 2007 y desde entonces ha permanecido en el poder junto a su esposa y copresidenta, Rosario Murillo.
En enero de 2025, el Congreso controlado por Ortega había votado ampliar en un año el mandato presidencial de cinco años. Con la declaración del mandatario, las elecciones que estaban previstas para 2027 quedaron canceladas de facto.
"Aquí no volverá a haber elecciones"
Durante un discurso en Managua, Ortega arremetió contra Washington, su adversario de larga data, y justificó su decisión con un discurso abiertamente dirigido contra la posibilidad de que la oposición vuelva a acceder al gobierno. "Aquí no volverá a haber elecciones (...) para que por ahí intenten ellos [la oposición] atrapar al Gobierno, atrapar al poder", declaró.
Luego agregó: "Se acabó la historia de que los partidos puestos por los 'yanquis', puestos por los 'somocistas', vuelvan a llegar al Gobierno. Jamás, jamás, jamás".
Las declaraciones fueron interpretadas por opositores y grupos defensores de los derechos humanos como una confirmación pública de una estrategia destinada a impedir cualquier competencia democrática.
Ortega se declaró ganador de las elecciones de 2021, una votación que la comunidad internacional consideró ilegítima. Antes de esos comicios, fueron encarcelados todos los candidatos que podrían haberlo derrotado. Estados Unidos no reconoce su presidencia.
Desde las protestas masivas de 2018, que derivaron en una sangrienta represión gubernamental que dejó cientos de muertos, Ortega y Murillo se han aferrado al poder.
Fuerte condena de Estados Unidos y la OEA
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó las declaraciones del presidente nicaragüense. "La declaración de Daniel Ortega de que bajo su dictadura familiar Nicaragua no volverá a celebrar elecciones muestra su verdadera naturaleza autoritaria", declaró Rubio en un comunicado.
El funcionario pidió además a la comunidad internacional "unir fuerzas" para demostrarle a la "dictadura que no puede seguir haciendo como si nada pasara".
También se pronunció el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, quien consideró que las palabras de Ortega hicieron explícito lo que, a su juicio, las acciones del régimen ya venían demostrando desde hace tiempo.
"El régimen nicaragüense ha hecho ahora explícito lo que sus acciones venían demostrando desde hace tiempo: ha abandonado la democracia, incluso la apariencia de ella", afirmó Ramdin. A través de X, añadió que esa postura "constituye la negación definitiva del derecho soberano del pueblo a elegir a su gobierno".
Qué dijo la oposición
Los opositores y grupos defensores de los derechos humanos señalaron que el anuncio representa una intensificación de las maniobras destinadas a consolidar el control de Ortega y Murillo sobre Nicaragua.
Juan Sebastián Chamorro, candidato en 2021, estuvo preso hasta que fue enviado a Estados Unidos en 2023 junto con más de 200 presos políticos. El dirigente sostuvo que la declaración deja al descubierto el plan de larga data de Ortega de concentrar el poder en manos del Partido Sandinista, en una estructura similar a la de otros países de partido único como China y Cuba. Otro dirigente opositor, Félix Maradiaga, excarcelado y deportado a Estados Unidos en 2023, sostuvo que Ortega reconoció públicamente lo que, según su interpretación, siempre fue su verdadera intención: impedir que su proyecto tiránico fuera sometido a cualquier forma de competencia democrática.
Maradiaga es presidente del movimiento opositor en el exilio Ruta del Cambio y uno de los seis candidatos presidenciales encarcelados por Ortega antes de las elecciones de 2021. "Es evidente que Ortega y Murillo temen la idea de que la más mínima apertura política pueda crear las condiciones para que se manifieste la disidencia y amenace su control del poder", afirmó Tiziano Breda, analista senior para América Latina de ACLED, monitor independiente de conflictos.
"En lugar de montar una elección amañada, han optado por eliminar por completo la competencia electoral", añadió.
Advertencias por la represión y los presos políticos
Danny Ramírez Ayérdiz, abogado nicaragüense y fundador del Centro Interamericano para la Asistencia Legal en Derechos Humanos, que investiga abusos del gobierno de Ortega y Murillo desde la Argentina, consideró que el anuncio evidencia "el rostro de una dictadura que ya sin ningún tipo de pudor se enraizó al poder".
También advirtió sobre un posible aumento de la represión contra quienes exijan la salida del poder o la realización de procesos electorales. Según el grupo Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, que da seguimiento a los casos, al menos 46 personas permanecen encarceladas en Nicaragua por razones políticas. El gobierno nicaragüense niega tener presos políticos.
Tras la operación militar de Estados Unidos en enero que capturó al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el gobierno nicaragüense anunció que liberaría a más presos, aparentemente en un intento por evitar presiones sobre sí mismo.
Sin embargo, no hubo continuidad y existe poca transparencia sobre el tema. Al menos un activista encarcelado murió desde entonces. En los últimos años, el gobierno liberó a cientos de activistas, líderes religiosos y políticos encarcelados, incluidos varios candidatos presidenciales de 2021, y los envió hacia Estados Unidos y Guatemala. Muchos fueron despojados de su ciudadanía nicaragüense y de sus pertenencias.
Quienes fueron liberados describieron períodos de aislamiento y denunciaron haber sido sometidos a tortura física y psicológica.
Más de 5.000 organizaciones clausuradas
El proceso de control político y social también alcanzó a organizaciones de la sociedad civil. Desde 2018, Nicaragua clausuró más de 5.000 organizaciones, en su mayoría religiosas, y obligó a miles de personas a abandonar el país.
A ese escenario se sumó, previamente en julio, el despojo masivo de licencias para ejercer la profesión a abogados por parte del gobierno de Ortega y Murillo. Expertos de la ONU calificaron esa medida como una "purga de la profesión jurídica". La sucesión de medidas denunciadas por opositores y organismos internacionales configura el contexto en el que Ortega anunció que no volverá a haber elecciones.
La declaración, además de cancelar de facto los comicios previstos para noviembre de 2027, marca una nueva etapa en la relación entre el gobierno nicaragüense y la oposición, que ve frustradas sus expectativas de una votación democrática. Mientras el oficialismo sostiene un discurso de rechazo a cualquier posibilidad de que sus adversarios recuperen el poder, los opositores denuncian que la decisión confirma la intención de perpetuar el control del Partido Sandinista y eliminar la competencia electoral.
En ese escenario, las condenas de Marco Rubio y Albert Ramdin se sumaron a las advertencias de dirigentes opositores, defensores de los derechos humanos y analistas que consideran que Nicaragua atraviesa una profundización de su deriva autoritaria.
La frase de Ortega —"no volverá a haber elecciones"— quedó así como el eje de una decisión que, según sus críticos, elimina la posibilidad de una alternancia democrática y consolida un sistema político cada vez más concentrado en manos del mandatario y de Rosario Murillo.
