La ejecución de Saleh Mohammadi, un joven de apenas 19 años e integrante del equipo nacional de lucha libre de Irán, ha puesto en el centro del debate internacional el accionar del sistema judicial iraní en el contexto de las recientes protestas contra el régimen. Junto a él, también fueron ejecutados Mehdi Ghasemi y Saeed Davoudi, en un caso que combina acusaciones graves, denuncias de tortura y un proceso judicial cuestionado.
Según confirmaron dos fuentes a CBS News, los tres hombres fueron ejecutados el jueves, en lo que constituye un episodio particularmente significativo por su contexto político y social. La noticia no solo impacta por la juventud de Mohammadi, sino también por su perfil como deportista que había representado a su país en certámenes internacionales.
Las acusaciones: asesinato y colaboración extranjera
Las autoridades iraníes acusaron a los tres hombres de haber participado en el asesinato de dos agentes de policía durante las protestas que se desarrollaron este invierno. Además, se les imputó haber llevado a cabo "acciones operativas" en favor de Israel y Estados Unidos, una acusación que agrava considerablemente el carácter de los cargos en el sistema judicial iraní.
Las condenas se basaron en la figura de moharebeh, un término que significa literalmente "declarar la guerra a Dios" y que en Irán se utiliza para tipificar delitos considerados de extrema gravedad contra el Estado y el orden religioso.
Sin embargo, el caso presenta elementos que generan fuertes cuestionamientos:
Los acusados negaron inicialmente las imputaciones.
Posteriormente, confesaron bajo severas torturas, según las fuentes citadas.
Las confesiones habrían sido obtenidas mediante coacción, de acuerdo con denuncias de organismos de derechos humanos.
Denuncias de tortura y juicio sin garantías
La organización de derechos humanos HENGAW, reconocida por su seguimiento de las protestas en Irán, afirmó que las ejecuciones se llevaron a cabo en la prisión central de Qom. Este dato refuerza la gravedad institucional del caso, al situarlo dentro de un marco de represión sistemática.
HENGAW también sostuvo que:
Las confesiones utilizadas como prueba fueron obtenidas bajo tortura.
Existió un proceso marcado por la coacción y la falta de garantías judiciales.
A estas denuncias se suman las preocupaciones expresadas por Amnistía Internacional, que había advertido previamente sobre el destino de Mohammadi. Según esta organización, el joven atleta:
No tuvo acceso a una defensa adecuada.
Fue obligado a realizar confesiones en un proceso acelerado.
Fue juzgado sin respetar las garantías de un juicio justo.
Un precedente en la represión de las protestas
El caso adquiere una dimensión aún más significativa al tratarse de las primeras ejecuciones por ahorcamiento directamente vinculadas a las manifestaciones a nivel nacional. Estas protestas, que se extendieron por diversas regiones del país, han sido objeto de una brutal represión por parte de las autoridades.
La ejecución de Mohammadi, Ghasemi y Davoudi no solo representa el desenlace de un proceso judicial controvertido, sino también un mensaje político en un contexto de creciente tensión interna.
El peso de un nombre y una historia
Dentro de este escenario, la figura de Saleh Mohammadi destaca con particular fuerza. Su condición de joven deportista, integrante del equipo nacional de lucha libre, añade un componente simbólico que trasciende el caso individual.
Su historia concentra múltiples dimensiones:
La juventud truncada en un contexto de conflicto.
La utilización de figuras públicas como ejemplo disuasorio.
La fragilidad de las garantías judiciales en situaciones de crisis política.
Una señal al interior y al exterior
Las ejecuciones, realizadas en la prisión central de Qom, envían una señal clara tanto al interior de Irán como a la comunidad internacional. Por un lado, refuerzan la postura del régimen frente a las protestas; por otro, intensifican las críticas de organismos de derechos humanos que cuestionan la legitimidad de estos procesos.
El uso de cargos como moharebeh, sumado a denuncias de tortura y juicios acelerados, configura un escenario en el que la justicia aparece subordinada a la lógica de control político.
