La infancia y la adolescencia están ingresando en un "repliegue analógico", o al menos eso es lo que intentan promover algunos gobiernos del primer mundo frente a una crisis de salud mental juvenil que no reconoce fronteras. En el centro de la discusión aparece el acceso considerado "prematuro" a las redes sociales y la necesidad de definir hasta qué punto el Estado, las familias, las escuelas y las propias empresas tecnológicas deben intervenir para proteger a chicos y adolescentes.

La reciente ley aprobada en Francia marca una barrera inédita dentro de la Unión Europea. A partir del 1° de septiembre, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo europeo, ningún menor de 15 años podrá crear nuevas cuentas en plataformas digitales.

La medida no se limitará a los nuevos registros. Para los millones de chicos franceses que ya tienen perfiles activos en TikTok, Instagram, Snapchat o X, las empresas tendrán plazo hasta enero de 2027 para identificar y suspender obligatoriamente esas cuentas.

La normativa también alcanza el uso de los teléfonos celulares en las escuelas secundarias. Los dispositivos deberán permanecer guardados en lockers o apagados en las mochilas desde el ingreso hasta la salida, al igual que ya ocurre en las escuelas primarias.

Francia coloca la edad en el centro de la discusión

La decisión francesa reavivó un debate que en Argentina, hasta hace poco, se limitaba principalmente a las recomendaciones pedagógicas de cada colegio y a los llamados "pactos parentales" acordados en grupos de WhatsApp de "papis y mamis".

La discusión tomó ritmo legislativo en los últimos meses, especialmente después de la prohibición para menores aplicada en Australia, país pionero en este tipo de medidas, y de las limitaciones implementadas en Gran Bretaña.

La pregunta central es si el Estado tiene capacidad real para obligar a gigantes tecnológicos como Meta, TikTok o Google a cerrar las cuentas de los chicos. También aparece otro interrogante: si sería posible aplicar un apagón digital en las aulas argentinas.

Las respuestas todavía dependen de leyes que no existen. Antes, el debate exige definir si debería existir una "mayoría de edad" para el uso de las redes sociales y, en caso de que así fuera, qué tipo de contenidos podrían mantenerse disponibles para los menores.

El argumento de quienes cuestionan

Roxana Morduchowicz, doctora en Comunicación y consultora de Unesco, no está a favor de prohibir las redes sociales más allá de los 13 años, que es el límite vigente para abrir una cuenta.

La especialista advierte que, aunque las redes plantean riesgos, prohibirlas a los adolescentes podría empujarlos hacia otros espacios de Internet, más oscuros y sin ningún tipo de regulación, que incluso pueden ser peores. En relación con el bullying, Morduchowicz plantea que una prohibición no necesariamente garantiza que el problema desaparezca. Quien participa de acciones de bullying podría buscar otras vías en Internet para continuar impulsándolo, porque el problema no serían las redes sociales en sí mismas, sino que estas constituyen el medio.

Desde esa perspectiva, el debate debería concentrarse en cómo lograr que los chicos comprendan el significado y el alcance de la intimidación y del acoso digital. La especialista también señala que una prohibición para quienes tienen 14, 15, 16 o 17 años podría ignorar las oportunidades que las redes ofrecen para:

• Aprender.
• Conectarse.
• Comunicarse.
• Participar.
• Expresarse con su propia voz.

Morduchowicz advierte que una sobreprotección digital podría generar el efecto contrario y volver a los adolescentes más vulnerables cuando finalmente utilicen las redes. Su argumento es que resulta muy difícil enseñar usos reflexivos y apropiados de las plataformas si los adolescentes no tienen acceso a ellas.

Por eso, plantea la necesidad de una formación en ciudadanía digital que permita a los estudiantes reflexionar y debatir sobre las tecnologías y pensarlas de manera crítica y ética.

La respuesta de Emmanuel Macron

La argumentación del presidente francés, Emmanuel Macron, fue tajante. "Los dejamos en una jungla que les robó la atención. Las emociones de nuestros hijos no están a la venta ni son manipulables por algoritmos", sostuvo el mandatario en la recta final de su gestión. La base científica detrás de la ley francesa fue aportada por la agencia de salud de ese país y por comisiones parlamentarias que investigaron el impacto de TikTok.

Los informes señalaron que la exposición continua al scroll infinito produce cuadros severos de depresión, pérdida de autoestima, trastornos del sueño, sedentarismo y una exposición peligrosa a dinámicas de ciberacoso.

Así, la discusión francesa no se limita a la edad de ingreso a las plataformas, sino que también apunta al modo en que están diseñadas y a la forma en que sus mecanismos pueden influir en la atención, las emociones y los hábitos de los usuarios más jóvenes.

Argentina: un vacío legal y proyectos en marcha

En Argentina, el panorama es diferente. "Todo depende de la jurisdicción", sostiene Morduchowicz, quien asegura que la Secretaría de Educación de la Nación ni siquiera brinda lineamientos que funcionen como guía.

En la práctica, la potestad queda principalmente en las condiciones de uso de empresas como Meta o TikTok, que establecen que la edad mínima para registrarse es de 13 años. Sin embargo, el control no existe realmente, ya que los usuarios pueden mentir sobre su fecha de nacimiento al crear una cuenta de correo electrónico.

La presión internacional provocó, de todos modos, una serie de iniciativas en el Congreso de la Nación y en las legislaturas provinciales.

El proyecto de mayor peso en el ámbito nacional es la Ley de Acompañamiento Parental, presentada en la Cámara de Diputados por la diputada María Jimena López. La iniciativa busca crear un régimen de responsabilidad compartida entre el Estado, las familias y las corporaciones tecnológicas.

El proyecto establece que los adolescentes de entre 14 y 16 años solo podrán navegar si cuentan con un consentimiento explícito y rastreable de sus padres o tutores legales. La autonomía digital plena quedaría liberada recién a partir de los 16 años. En paralelo, en el Senado avanzan iniciativas más drásticas, como la de Luis Juez, que apunta a desactivar los rasgos adictivos de las plataformas en las cuentas utilizadas por menores de edad.

La propuesta contempla:

• Prohibir las notificaciones automáticas durante la madrugada.
• Ocultar los contadores de "me gusta".
• Mitigar la ansiedad y la búsqueda obsesiva de aprobación social.

La edad como única respuesta

Para Marcela Czarny, fundadora y directora de Chicos.net, organización que promueve el uso seguro de Internet, reducir todo el debate a la prohibición por edad simplifica un problema mucho más complejo.

La especialista sostiene que, en los países que ya implementaron restricciones, una parte importante de los chicos continúa accediendo a las plataformas: falsea su edad, migra a espacios con menos controles o encuentra maneras de sortear los sistemas de verificación.

Un estudio de Internet Matters, realizado con 1.000 chicos en Reino Unido, mostró que un tercio ya había burlado los sistemas de verificación de edad. Según Czarny, esto puede generar más desprotección, porque los menores acceden con perfiles de adultos y sin las limitaciones predeterminadas pensadas para ellos.

Por eso, plantea que la protección debe estar incorporada en el diseño mismo de las plataformas, antes de que el daño ocurra, además de apoyarse en los sistemas educativos y en los responsables de la crianza. La protección, según su mirada, no debería depender únicamente de una barrera de edad en la puerta de entrada a las redes.

El celular ya está instalado en la infancia argentina

La discusión sobre las redes también se cruza con otra realidad: la expansión del uso de celulares entre los chicos. Seis de cada diez chicos argentinos de 8 años tienen un celular propio, según el último informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, que analizó tanto la expansión del uso de teléfonos entre los alumnos como la evidencia científica disponible y las regulaciones adoptadas en distintos países y jurisdicciones.

Además, el 23% no tiene un dispositivo personal, pero utiliza el de un familiar. Solo el 18% no tiene acceso a un teléfono celular.

El panorama presenta diferencias importantes entre provincias. En Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego, más del 65% de los alumnos de tercer grado tiene celular propio. En Misiones y Formosa, en cambio, la proporción ronda el 40%.

También existen diferencias según el nivel socioeconómico. El 63% de los estudiantes del quintil más alto cuenta con un dispositivo propio, frente al 52% de los pertenecientes al quintil más bajo.