En una decisión considerada histórica para el derecho internacional, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de Naciones Unidas, declaró que Myanmar (ex Birmania) cometió genocidio contra la minoría rohinya durante la brutal operación militar desarrollada en 2017 en el estado de Rakhine.
El pronunciamiento fue emitido el jueves y representa un acontecimiento sin precedentes, debido a que es la primera vez que este tribunal determina que un Estado cometió genocidio. La decisión establece que las acciones desplegadas por las fuerzas de seguridad de Myanmar contra la población rohinya constituyeron una violación de las obligaciones internacionales asumidas por el país en virtud de la Convención sobre el Genocidio.
El presidente de la Corte Internacional de Justicia, Yuji Iwasawa, comunicó que el tribunal resolvió el caso por una votación de nueve jueces contra seis. En su dictamen, sostuvo que Myanmar había cometido genocidio contra el grupo rohinya en el estado de Rakhine, en incumplimiento de sus compromisos internacionales.
El panel de 15 magistrados rechazó, además, el argumento presentado por Myanmar, que había defendido su campaña militar como una operación legítima destinada a combatir una insurgencia. La Corte consideró que las pruebas examinadas demostraban la gravedad de los crímenes cometidos contra la población civil.
Iwasawa señaló que las fuerzas de seguridad de Myanmar mataron a miles de civiles rohinya, perpetraron actos generalizados de violencia sexual, cometieron actos de violencia extrema contra niños y atacaron a integrantes de esa comunidad que intentaban huir en masa.
Entre los datos más contundentes del fallo figura la estimación de que alrededor de 10.000 rohinya fueron asesinados durante las acciones militares.
Las órdenes de la Corte
La sentencia no se limitó a establecer la responsabilidad de Myanmar por los hechos denunciados. Los jueces también dispusieron una serie de medidas destinadas a investigar los crímenes, reparar los daños ocasionados y atender las consecuencias que sufrió la comunidad rohinya.
Entre las exigencias establecidas por el tribunal se encuentran:
Investigar a los responsables de los crímenes cometidos contra la minoría rohinya.
Indemnizar a las víctimas por los daños sufridos.
Facilitar el regreso de las personas desplazadas.
Devolver o sustituir las propiedades individuales y colectivas que fueron perdidas o dañadas.
Facilitar la búsqueda de las personas desaparecidas.
Garantizar la rehabilitación física y psicológica de las víctimas que sufrieron lesiones o daños mentales.
Estas disposiciones buscan responder a las distintas consecuencias de la operación militar, que incluyeron asesinatos, violencia sexual, ataques contra niños, desplazamientos forzados y destrucción de propiedades.
La decisión también establece obligaciones relacionadas con la recuperación de las condiciones de vida de las víctimas y la posibilidad de reconstruir los vínculos con sus lugares de origen
El reconocimiento de las víctimas y el reclamo de dignidad
La lectura del fallo se extendió durante tres horas en el ornamentado Gran Salón de Justicia de la Corte Internacional de Justicia, revestido de madera. Entre las personas presentes se encontraba Yasmin Ullah, activista rohinya de derechos humanos, quien celebró la decisión como un reconocimiento para una comunidad que durante años denunció los crímenes y reclamó que su sufrimiento fuera escuchado.
"Este es un gran día para los rohinya y un gran día para todas las personas oprimidas, en todas partes, a quienes se les ha dicho que su sufrimiento no cuenta y que nadie está escuchando", expresó Ullah.
La activista huyó de Myanmar cuando era una niña pequeña, junto con su madre, durante la década de 1990. Su presencia durante la lectura de la sentencia estuvo vinculada con un reclamo que, según explicó, no se limita a las consecuencias materiales de los crímenes, sino que también comprende el reconocimiento y la dignidad de su comunidad.
Ullah sostuvo que las demandas presentadas en el proceso judicial responden precisamente a esa necesidad de reconocimiento, después de años en los que los rohinya permanecieron en una situación de incertidumbre y precariedad.
"Porque hasta ahora, simplemente nos han empujado a este estado de limbo", manifestó. También recordó que han pasado casi diez años desde que los integrantes de esta minoría comenzaron a vivir en condiciones muy precarias en diferentes lugares de la región de Asia-Pacífico.
El origen del proceso judicial y la Convención sobre el Genocidio
El procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia fue iniciado en 2019 por Gambia, un país africano de mayoría musulmana, que solicitó al máximo tribunal de Naciones Unidas que determinara si Myanmar había incumplido la Convención sobre el Genocidio de 1948.
La presentación buscaba que la Corte estableciera la responsabilidad del Estado por las acciones cometidas contra los rohinya y ordenara poner fin a cualquier actividad ilegal dirigida contra esa población. También reclamaba que los responsables del genocidio fueran castigados.
Uno de los elementos centrales del análisis jurídico fue la determinación de la intención de destruir total o parcialmente a un grupo, un requisito fundamental para establecer que determinados crímenes constituyen genocidio conforme al derecho internacional.
En virtud de la convención de 1948, el tribunal debía determinar si existió la intención de destruir a los rohinya en su totalidad o en parte. La evaluación de las pruebas permitió establecer que las fuerzas de Myanmar mataron a unos 10.000 integrantes de esa minoría y cometieron distintos actos de violencia contra la población civil.
Gambia también solicitó reparaciones para los rohinya, entre ellas una orden para que Myanmar les conceda la ciudadanía plena y el derecho a regresar a sus hogares.
La operación militar de 2017 y las matanzas en el estado de Rakhine
Los hechos que dieron origen al proceso internacional se remontan a agosto de 2017, cuando el ejército de Myanmar lanzó una operación militar que denominó campaña de "limpieza" en el estado de Rakhine.
La ofensiva fue presentada como una respuesta a un ataque de un grupo insurgente rohinya. Sin embargo, las acciones de las fuerzas de seguridad derivaron en acusaciones de violaciones masivas, asesinatos y destrucción de viviendas.
De acuerdo con las denuncias vinculadas con aquella operación, las fuerzas militares también habrían quemado miles de viviendas, en un contexto de violencia generalizada contra la población de esa minoría.