La Penha, uno de los mayores complejos de favelas de la zona norte de Río de Janeiro, se vio sumida en el espanto y la conmoción este miércoles, cuando vecinos trasladaron al menos 64 cuerpos a la calle José Rucas, una de las arterias principales del barrio, apenas horas después de la operación policial más letal registrada en la ciudad.

El operativo, que movilizó a 2.500 agentes de seguridad y tuvo como objetivo desarticular al Comando Vermelho, el principal grupo criminal de Río, dejó el martes un saldo oficial de 60 presuntos delincuentes muertos y cuatro policías fallecidos en la Penha y el Alemão. Sin embargo, el secretario de la Policía Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, aclaró que los cuerpos trasladados por los vecinos no están incluidos en el conteo oficial, lo que podría llevar la cifra total de víctimas a más de 128 muertos, un número sin precedentes incluso para una ciudad acostumbrada a la violencia.

El traslado de los cuerpos desde la Serra da Misericórdia, escenario de los enfrentamientos más violentos entre bandas criminales y las fuerzas de seguridad, fue llevado a cabo principalmente por familiares de las víctimas. El activista Raull Santiago, que participó en el traslado, relató al medio g1: "En 36 años de favela, pasando por varias operaciones y masacres, nunca vi nada parecido. Es algo nuevo. Brutal y violento en un nivel desconocido".

Los testimonios de vecinos y abogados que representan a las familias denuncian ejecuciones, personas atadas, asesinatos a quemarropa y signos de tortura. Albino Pereira Neto, representante legal de tres familias, afirmó a la AFP: "Se ven marcas de quemaduras, personas amarradas, hay personas allí que fueron sometidas y asesinadas fríamente".

La madrugada también estuvo marcada por escenas de desesperación en los hospitales. Vecinos trasladaron seis cuerpos en una Kombi al Hospital Estadual Getúlio Vargas, causando conmoción entre el personal sanitario y la comunidad. Mientras tanto, imágenes de cuerpos apilados y mujeres velando a sus familiares circulaban en redes sociales y medios locales, reflejando el impacto de la tragedia.

El gobernador de Río, Cláudio Castro, reforzó el patrullaje en vías expresas, accesos metropolitanos y transporte público. Además, una delegación del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajará a Río para mantener una reunión de urgencia con Castro. Ministros del gobierno federal ya se reunieron en Brasilia para evaluar la crisis generada por la operación.

El megaoperativo provocó caos en la ciudad: escuelas suspendieron clases, el transporte colapsó y miles de habitantes quedaron atrapados sin poder regresar a sus hogares. La acción generó condenas de organismos internacionales y civiles; la ONU se declaró horrorizada y 30 entidades, incluida Amnistía Internacional, denunciaron que la operación coloca a la ciudad "en un estado de terror".

La situación en Río de Janeiro sigue siendo crítica, con la comunidad afectada intentando reconocer y velar a sus familiares, mientras las autoridades enfrentan un desafío sin precedentes para controlar la violencia y garantizar justicia.