El juicio por la expropiación de YPF ingresa en una nueva etapa tras el fallo favorable a la Argentina en la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Ahora, la atención se centra en los próximos movimientos de los fondos litigantes Petersen y Eton, financiados por Burford, que anticiparon nuevas estrategias para intentar revertir la decisión.

El primer paso posible sería solicitar una revisión ante todos los jueces de la Cámara, un recurso excepcional conocido como hearing en banc. Según explicó el director de Latam Advisors, Sebastián Maril, si los magistrados aceptaran esa instancia el caso adquiriría una dimensión extraordinaria dentro de la justicia neoyorquina.

La presentación debería realizarse dentro de los 14 días posteriores al fallo y la respuesta del tribunal podría demorar entre 20 y 45 días. En el Gobierno consideran que esta es la vía más probable en lo inmediato, aunque remarcan que este tipo de revisiones rara vez prospera.

Si ese pedido es rechazado, los demandantes podrían recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos mediante un pedido de revisión (certiorari), que el máximo tribunal solo acepta en casos de relevancia excepcional. El calendario judicial también condiciona ese escenario: la Corte entra en receso el 31 de julio y retoma su actividad en octubre. Una presentación previa a esa fecha podría tener respuesta en diciembre. Si el tribunal decide intervenir, el proceso podría extenderse hasta julio de 2027; en caso contrario, se agotarían las vías legales en Estados Unidos.

En paralelo, existe otra alternativa: acudir al CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial, lo que abriría un nuevo frente internacional en el reclamo contra la Argentina.

Desde la Casa Rosada sostienen que el escenario cambió de forma significativa tras el fallo de la Cámara y consideran limitadas las chances de que prospere una nueva apelación, aunque aseguran que se preparan para todos los escenarios posibles. En los equipos jurídicos destacan que la defensa se mantendrá en los argumentos que recogió la mayoría del tribunal: que los reclamos de daños por incumplimiento contractual no son admisibles bajo el derecho argentino y que, aun si existiera una obligación derivada del estatuto de YPF, los reclamos quedan desplazados por el derecho público que regula la expropiación.