La Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió este miércoles una orden de aprehensión contra el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia presentada por el Comité pro Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno por los 53 días de bloqueo registrados en el país.
De acuerdo con el documento citado, la orden fue emitida por un fiscal de materia de la Unidad Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción, en el contexto de una causa que busca establecer responsabilidades por los hechos ocurridos durante las jornadas de bloqueo. La información fue reportada por el diario La Razón.
La decisión representa un nuevo avance dentro de una investigación que involucra al ex mandatario y a otras personas señaladas por su presunta participación en una serie de hechos que las autoridades consideran de gravedad por su impacto sobre la seguridad del Estado y el funcionamiento de servicios esenciales.
Los delitos que forman parte de la investigación
Según la información contenida en la nota, Evo Morales y otros investigados enfrentan una causa en la que se analizan presuntos delitos de diversa naturaleza.
Entre las figuras penales mencionadas en la investigación se encuentran:
- Alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado.
- Terrorismo.
- Atentado contra la seguridad de los medios de transporte.
- Asociación delictuosa.
- Instigación pública a delinquir.
- Atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
La orden de aprehensión se enmarca en esta investigación, que busca determinar la eventual responsabilidad de los involucrados en los acontecimientos derivados de los bloqueos que afectaron distintas regiones del país.
El origen de la denuncia y los otros investigados
La denuncia que dio origen al proceso fue presentada a comienzos de julio por los líderes cívicos de Santa Cruz. Posteriormente, la iniciativa recibió el respaldo del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien acompañó la presentación realizada por el sector cívico.
La investigación no se limita al ex presidente. También incluye a otros dirigentes vinculados a organizaciones sociales y sindicales.
Entre los investigados figuran:
- Marco Argollo, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB).
- Vicente Salazar, líder campesino del departamento de La Paz.
La incorporación de estos dirigentes refleja el alcance de una investigación que comprende a diferentes actores señalados en relación con los bloqueos que se extendieron durante 53 días.
Las consecuencias de los bloqueos
De acuerdo con la información difundida, los bloqueos tuvieron un fuerte impacto sobre el abastecimiento y el funcionamiento de servicios considerados esenciales para la población.
Entre las principales consecuencias señaladas se encuentran:
- Desabastecimiento de alimentos.
- Escasez de combustible.
- Falta de insumos sanitarios.
Asimismo, el informe indica que los bloqueos dejaron al menos 16 personas fallecidas. De ese total, trece murieron como consecuencia de la falta de atención médica, una situación atribuida a las dificultades generadas durante las jornadas de interrupción de rutas y circulación.
En el plano económico, el gobierno de Rodrigo Paz Pereira estimó que las pérdidas provocadas por los bloqueos superaron los 3.000 millones de dólares, una cifra que refleja la magnitud del impacto económico atribuido a los 53 días de conflicto.
Una causa que se suma a otra investigación
La nueva orden de aprehensión contra Evo Morales se agrega a otra medida judicial que ya pesaba sobre el ex mandatario.
Según la información disponible, Morales enfrenta además una orden de detención por una presunta causa de trata de personas. En esa investigación se sostiene que el ex presidente habría mantenido una relación con una menor de edad diez años atrás, cuando se encontraba al frente del Poder Ejecutivo boliviano.
De esta manera, la orden emitida por la Fiscalía de Santa Cruz se incorpora a un escenario judicial en el que el ex mandatario ya enfrentaba otra investigación independiente.
La situación actual de Evo Morales
El informe señala que, desde 2024, el ex presidente permanece atrincherado en la región del Chapare, un territorio donde continúa resguardado por cientos de seguidores.
Según la información proporcionada, esa protección ha impedido, hasta el momento, que las autoridades concreten su detención.
En este contexto, la nueva orden de aprehensión emitida por la Fiscalía Departamental de Santa Cruz incorpora un nuevo capítulo judicial para el ex mandatario, en una investigación relacionada con los 53 días de bloqueos que afectaron al país, provocaron problemas de abastecimiento, dejaron 16 fallecidos, ocasionaron pérdidas económicas estimadas en más de 3.000 millones de dólares y derivaron en una causa que también alcanza a otros dirigentes sociales y sindicales investigados por una serie de delitos vinculados a la seguridad del Estado, los servicios públicos y los medios de transporte.
