político y judicial luego de que un tribunal del departamento de Tarija lo declarara en rebeldía tras su inasistencia a la audiencia inaugural del juicio en su contra por el presunto delito de trata agravada de personas. El caso está vinculado a una presunta relación con una menor de edad durante su gestión de gobierno, una causa que ha generado una fuerte confrontación entre el Ministerio Público y la defensa del exmandatario.
La decisión fue asumida por el Tribunal Primero de Sentencia, presidido por el juez Carlos Oblitas, luego de constatar que ni Morales ni su equipo jurídico acudieron a la audiencia, tal como había sido anticipado previamente por la defensa. La medida implica no solo la declaratoria formal de rebeldía, sino también la emisión inmediata de una orden de captura, arraigo migratorio y otras restricciones judiciales.
El tribunal sostiene que se cumplieron todas las formalidades
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Luis Esteban Ortiz, afirmó que para la instalación y apertura del juicio oral se cumplieron "todas las formalidades de rigor", dando validez al procedimiento desarrollado por el órgano judicial.
La ausencia del exmandatario marcó el eje central de la audiencia. Según la información reportada por el sitio Nueva presencia, el tribunal entendió que existían las condiciones legales necesarias para avanzar con la declaratoria de rebeldía, una figura procesal que se aplica cuando una persona imputada no comparece ante la autoridad judicial.
La resolución tiene consecuencias inmediatas para Morales, líder histórico del Movimiento al Socialismo (MAS), quien actualmente se encuentra en la región cocalera del Chapare. Con la orden de captura ya emitida, el proceso judicial adquiere una nueva dimensión política y operativa para las autoridades bolivianas.
La investigación y las acusaciones de la fiscalía
El Ministerio Público sostiene que existe una base probatoria sólida para sustentar la acusación contra el expresidente. El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, aseguró que la investigación permitió reunir un volumen importante de elementos probatorios.
"Se han logrado recolectar más de 170 pruebas en contra del exmandatario que sustentan la acusación de trata agravada", aseguró Mogro.
La fiscalía investiga la presunta relación de Morales con una adolescente con la que habría tenido una hija. Según la información difundida, el expresidente no ha negado públicamente el caso, aunque su defensa rechaza de manera categórica las acusaciones y sostiene que el proceso responde a intereses políticos.
Entre los puntos más sensibles del expediente aparece precisamente la calificación penal de trata agravada, una figura de elevada gravedad dentro del sistema judicial boliviano y que coloca al caso en el centro de la agenda pública nacional.
Orden de captura y nuevas restricciones judiciales
Tras la declaratoria de rebeldía, el tribunal avanzó con varias medidas judiciales de cumplimiento inmediato:
- Emisión de una orden de captura contra Evo Morales.
- Arraigo migratorio, limitando la posibilidad de salida del país.
- Aplicación de otras restricciones judiciales derivadas de la condición de rebeldía procesal.
La resolución profundiza la tensión política en Bolivia, especialmente por el peso que mantiene Morales dentro del MAS y en amplios sectores sociales vinculados al movimiento cocalero del Chapare.
El escenario judicial se vuelve aún más delicado debido a que el exmandatario decidió no presentarse ante el tribunal, respaldado por la estrategia legal de sus abogados, quienes cuestionan la legalidad de las notificaciones y la imparcialidad del proceso.
La defensa denuncia "persecución política"
El equipo jurídico de Morales, encabezado por el exprocurador Wilfredo Chávez, justificó la ausencia del exmandatario argumentando supuestas fallas en el procedimiento de notificación judicial.
Según Chávez, el proceso constituye una "persecución política" orientada a desviar la atención de la crisis económica y los conflictos sociales que atraviesa Bolivia bajo la administración de Rodrigo Paz.
La defensa sostiene que el juicio no responde exclusivamente a criterios jurídicos, sino a una estrategia política dirigida contra el exmandatario. En esa línea, el abogado Nelson Cox afirmó que el tribunal no está respetando estándares internacionales y denunció una supuesta instrumentalización de la justicia.
Cox remarcó además que la causa tuvo inicio en 2024 durante el gobierno de Luis Arce y que continúa desarrollándose en la actualidad, lo que, según la postura de la defensa, demostraría la existencia de una continuidad política en el impulso del proceso judicial.
Un caso con fuerte impacto político y judicial
La declaratoria de rebeldía contra Evo Morales instala un nuevo capítulo en la compleja disputa política boliviana. Mientras la fiscalía asegura contar con un amplio conjunto de pruebas que respaldan la acusación de trata agravada, la defensa insiste en denunciar irregularidades procesales y motivaciones políticas detrás del caso.
La emisión de la orden de captura representa uno de los hechos judiciales más significativos que enfrenta el exmandatario en los últimos años y coloca nuevamente al líder del MAS en el centro de la tensión institucional del país.
El proceso continuará ahora bajo un escenario de mayor presión política y judicial, con un tribunal que ya activó mecanismos coercitivos y una defensa que mantiene su estrategia de cuestionamiento frontal al procedimiento y a las autoridades encargadas de llevar adelante la causa.
