Perú celebra este domingo unas nuevas elecciones generales en un escenario atravesado por la incertidumbre política, la fragmentación electoral y la ausencia de una salida clara a la crisis institucional que domina al país desde 2016. La jornada tiene como telón de fondo una marca que resume la profundidad del problema: ocho presidentes en una década, la mayoría de ellos destituidos por diferentes motivos, en un proceso que consolidó una sensación de inestabilidad permanente.

En este contexto, más de 27,3 millones de peruanos están habilitados para votar en unos comicios que rompen todos los registros previos: 35 candidatos presidenciales compiten por llegar al poder, un récord absoluto en la historia electoral del país. La cifra no solo expresa la amplitud de la oferta política, sino que evidencia una enorme fragmentación del voto, al punto de que, según las últimas encuestas difundidas, ningún postulante supera el 14% de intención de voto.

Con números tan estrechos, la definición de quiénes pasarán a la segunda vuelta permanece completamente abierta. El panorama se complejiza aún más por la magnitud de la boleta: los ciudadanos deberán resolver cinco elecciones simultáneas.

• Presidente
• Senadores nacionales
• Senadores regionales
• Diputados
• Representantes del Parlamento Andino

La extensión de la oferta electoral y la dispersión de preferencias han dejado un amplio margen para que un sector decisivo del electorado defina su voto en el último minuto, condicionado por la sobrecarga informativa y la falta de liderazgos dominantes.

La delincuencia, eje central de la campaña

Entre todas las preocupaciones que atraviesan al electorado, la criminalidad aparece como la principal demanda social. El avance de la delincuencia se convirtió en el gran ordenador de la campaña, desplazando otros debates y empujando a los candidatos a competir con promesas de mano dura y estabilidad.

En ese marco, cobraron fuerza propuestas de fuerte impacto institucional y jurídico, entre ellas:

• Salir del Pacto de San José
• Aplicar la pena de muerte
• Implementar "jueces sin rostro" (encubiertos)

Estas iniciativas, presentadas como respuestas al crecimiento del delito, marcaron el tono de una campaña atravesada por discursos orientados al orden y al endurecimiento de las políticas de seguridad.

Keiko Fujimori y el peso del apellido

Uno de los nombres centrales vuelve a ser el de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quien afronta su cuarta candidatura presidencial luego de haber perdido en segunda vuelta las tres elecciones anteriores. La dirigente derechista, hija y heredera política del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), basó su mensaje en la promesa de "orden", evocando el período de gobierno de su padre, quien fue condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos y corrupción.

El ascenso de outsiders y el voto protesta

En los últimos días, uno de los fenómenos más notorios fue el crecimiento del ex alcalde de Lima Ricardo Belmont (Obras). El empresario, de 80 años, registró un ascenso fulgurante con un discurso que mezcla posturas conservadoras y sociales, logrando conexión con un electorado profundamente desencantado.

En paralelo, también canaliza parte del voto protesta el cómico Carlos Álvarez (País Para Todos), figura televisiva que durante más de tres décadas imitó a dirigentes políticos y que ahora dio el salto a la competencia electoral con un proyecto de derecha. Su irrupción lo llevó a ser comparado con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, conocido previamente por su carrera como comediante. Otro de los aspirantes que pelea por la segunda vuelta es Rafael López Aliaga, ex alcalde de Lima, líder y candidato de Renovación Popular, identificado con la ultraderecha, conocido como "Porky", profeso católico, miembro del Opus Dei y admirador del presidente estadounidense Donald Trump.

La izquierda, Castillo y la herida abierta

Desde la izquierda, gana espacio Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), ex ministro de Pedro Castillo, cuya candidatura se sostiene sobre la promesa de liberar al ex presidente de la condena que recibió por su intento de autogolpe de Estado, con el objetivo de retomar ese proyecto político.

La figura de Castillo conserva identificación en una parte considerable de la sociedad peruana, especialmente entre quienes consideran que las élites políticas y económicas no le permitieron gobernar.

La crisis posterior a su encarcelamiento sigue abierta. La represión de las protestas que siguieron a su caída dejó más de 50 muertos, una herida que aún condiciona el escenario político y que se profundizó con el ascenso de Dina Boluarte (2022-2025), quien, según sus rivales, se alineó con las fuerzas dominantes del Legislativo en lo que denominan "pacto mafioso".

El regreso del Senado y un presidente condicionado

Estas elecciones también marcarán el retorno del Parlamento bicameral. Perú elegirá 60 senadores, 130 diputados y 5 representantes para el Parlamento Andino. La restitución del Senado fue impulsada por el actual Legislativo en contra de lo votado en el referéndum de 2018, cuando el "No" al sistema de dos cámaras obtuvo el 90,5% de los votos válidos.

El dato institucional más sensible es que el nuevo Senado no podrá ser disuelto por el presidente, un elemento que, según anticipan los analistas, dejará como resultado un jefe de Estado débil frente a un Parlamento con enorme poder.

Lejos de clausurar la crisis, el diseño que emerja de las urnas amenaza con prolongar la inestabilidad y la sucesión de presidentes que marcó la última década peruana, en un país que vuelve a votar sin una certeza clara sobre cómo salir de su laberinto político.