En un movimiento administrativo de alto impacto que redefine la estructura del Poder Ejecutivo en Venezuela, Delcy Rodríguez, sucesora del narcodictador Nicolás Maduro, ha formalizado una drástica reorganización del aparato estatal. A través del Decreto N.º 5.248, la administración ha ordenado la eliminación de siete organismos que formaban parte del entramado construido por el chavismo durante más de dos décadas. Esta medida alcanza a fundaciones, programas sociales y entes de inteligencia que, hasta la fecha, funcionaban bajo la órbita directa del despacho presidencial.
La normativa establece la supresión y liquidación de entidades adscritas al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, argumentando que la reestructuración resulta "obligatoria para adecuar la gestión pública a los objetivos actuales". El proceso, que entró en vigencia el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial, implica el inicio inmediato de un cierre administrativo supervisado por una junta liquidadora.
El fin de organismos estratégicos y de seguridad
Entre las instituciones suprimidas destaca el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa). Creado en 2013, este organismo era una pieza fundamental en el control del Estado, pues centralizaba la coordinación de información sobre seguridad, defensa, inteligencia, orden interno y relaciones exteriores. Su objetivo principal era unificar el flujo informativo sobre aspectos estratégicos sensibles, funcionando como un nodo de control de datos críticos para la supervivencia del régimen.
Asimismo, el decreto pone fin a la Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, una estructura nacida en 2015 para la atención de zonas fronterizas y de seguridad. En este caso, la gestión de sus competencias no desaparece por completo, sino que será absorbida por la cancillería venezolana.
Infraestructura y corrupción: El cierre de entes cuestionados
La purga administrativa alcanza con especial fuerza a los organismos encargados de la obra pública, los cuales han acumulado graves denuncias por irregularidades financieras a lo largo de los años.
Fundación Propatria 2000: Es la entidad eliminada con mayor historial de denuncias de corrupción. Encargada de ejecutar infraestructura y proyectos especiales, quedó en el centro del escándalo por el proyecto "Gimnasios Verticales" (2013-2015), donde se adjudicaron contratos millonarios a empresas sin experiencia investigadas por lavado en Colombia y Panamá. Investigaciones han revelado sobreprecios, obras inconclusas y transferencias sospechosas desde el Banco de Venezuela a la fundación, con desvío de fondos hacia contratistas cercanos al régimen.
Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE): Fundada en 2011 para el desarrollo urbanístico y arquitectónico, ha sido señalada por organizaciones como Transparencia Venezuela debido a la opacidad en la asignación de contratos. Se le cuestionan contrataciones directas sin licitación en obras emblemáticas como el mausoleo de Bolívar, así como proyectos sobrevalorados o nunca terminados.
Impacto en el tejido social y productivo
La eliminación de estos entes también afecta a programas de formación y prevención que eran pilares de la narrativa social del chavismo:
Fundación Misión Jóvenes de la Patria "Robert Serra": Encargada de proyectos de emprendimiento y formación juvenil, su cierre deja sin soporte institucional a los programas gestionados desde la presidencia.
Fundación José Félix Ribas (Fundaribas): Con una trayectoria que databa de 1986 en la prevención del consumo de drogas, sus funciones de tratamiento de adicciones serán ahora reasignadas a la Fundación Misión Negra Hipólita.
Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez: Creada en 2016, esta entidad impulsaba programas socio-productivos en sectores críticos como el agroalimentario, farmacéutico e industrial.
Reasignación de competencias y control institucional
El decreto no solo liquida, sino que redistribuye el poder. Mientras algunos entes mueren, otros son transferidos a ministerios específicos para intentar garantizar la continuidad de ciertas funciones bajo un nuevo mando.
Nuevas adscripciones ministeriales:
Ministerio de Interior, Justicia y Paz: Recibe al Cuerpo Nacional Contra la Corrupción y a la Fundación Movimiento por la Paz y la Vida.
Ministerio de Comunicación e Información: Asume el control de la Fundación Radio Miraflores.
Ministerio de Educación: Absorbe el Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes.
Ministerio de Educación Universitaria: Pasa a tutelar el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento Hugo Chávez.
Este proceso de liquidación incluye la revisión exhaustiva de bienes y la adecuación institucional definitiva, cerrando un capítulo de descentralización de recursos que caracterizó la gestión de las misiones durante el apogeo del chavismo bajo el mando de Maduro.
