Venezuela reclama al Banco de Inglaterra la devolución de 31 toneladas de oro retenidas desde 2019
Delcy Rodríguez, exigió la restitución inmediata de los lingotes pertenecientes al Banco Central de Venezuela y ordenó activar mecanismos diplomáticos y legales. El reclamo también forma parte de las negociaciones entre el Gobierno y la oposición, que acordaron conformar una delegación paritaria para gestionar la devolución ante las autoridades británicas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reclamó este miércoles al Banco de Inglaterra la devolución inmediata de las reservas de oro venezolano que permanecen bajo custodia de la entidad británica desde 2019. La mandataria calificó la retención de los recursos como una "apropiación ilegítima" del patrimonio nacional y sostuvo que no existen argumentos legales ni políticos que justifiquen que los lingotes continúen fuera del control de las autoridades de Caracas.

El planteo fue realizado durante una reunión del Consejo de Vicepresidentes Sectoriales y Ministros, desarrollada en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano. En ese encuentro, Rodríguez volvió a cuestionar la permanencia de las reservas en territorio británico y reclamó que se concrete su restitución.

"Ya basta de excusas. Ese oro es de los venezolanos y las venezolanas, no del Banco de Inglaterra. Ya basta del robo de nuestros recursos", afirmó la presidenta encargada al referirse a la situación de los activos.

Durante su intervención, insistió en que los recursos pertenecen al Banco Central de Venezuela (BCV) y que no hay "pretextos legales ni políticos" que permitan justificar la congelación de los lingotes. Su reclamo apunta a recuperar el control de un patrimonio que permanece bajo custodia del banco británico desde hace aproximadamente siete años.

La mandataria también cuestionó las demoras acumuladas desde el inicio de la controversia y sostuvo que el prolongado proceso impide que Venezuela disponga de sus propias reservas. En ese sentido, buscó reforzar la presión institucional para que el reclamo avance por las vías diplomáticas y judiciales.

Cancillería y Procuraduría deberán activar mecanismos de presión

Como parte de las medidas anunciadas, Rodríguez instruyó a la Cancillería y a la Procuraduría General a poner en marcha "todos los mecanismos de presión diplomática y legal" necesarios para conseguir la devolución del oro.

La orden contempla la intervención de los organismos responsables de llevar adelante las gestiones ante las autoridades británicas, con el objetivo de impulsar la restitución de los activos que permanecen bajo custodia del Banco de Inglaterra. Al mismo tiempo, la presidenta encargada convocó a otras instituciones del Estado venezolano a sumarse a las acciones destinadas a recuperar las reservas.

La decisión busca ampliar la participación institucional en el reclamo y articular una estrategia que combine herramientas diplomáticas y legales. De acuerdo con lo expresado por Rodríguez, la recuperación del oro constituye una cuestión vinculada con la propiedad de los recursos nacionales y con la posibilidad de que el país vuelva a disponer de ellos.

La mandataria también hizo referencia a un acuerdo alcanzado con exdiputados de la Asamblea Nacional de 2015 para exigir conjuntamente la restitución de este patrimonio. Esa coordinación se inscribe en el diálogo político que se desarrolla en Venezuela y que involucra al Gobierno y a sectores de la oposición.

Al cuestionar el tiempo transcurrido desde que comenzó la disputa, Rodríguez expresó: "Lo que hemos visto durante estos últimos años, en criollo, se llama una 'vaciladera' (dilación) que lo que busca es apropiarse ilegítimamente de las reservas de Venezuela".

Con esa declaración, la presidenta encargada volvió a poner el foco en las demoras del procedimiento y en la necesidad de avanzar hacia una solución que permita recuperar el control de los recursos.

Las 31 toneladas de oro permanecen bajo custodia

El Banco de Inglaterra mantiene bajo su custodia aproximadamente 31 toneladas de oro venezolano desde 2019. La controversia se originó cuando el Reino Unido reconoció al entonces diputado Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

Desde ese momento, la entidad financiera británica rechazó devolver el control de las reservas a las autoridades de Caracas. La decisión dejó los lingotes en el centro de una disputa política e institucional que se prolonga desde entonces.

El oro en cuestión pertenece al Banco Central de Venezuela, según la información proporcionada, y su restitución constituye el objetivo central del reclamo encabezado actualmente por Rodríguez.

La controversia no se limita a una solicitud de devolución de activos financieros. También forma parte de las diferencias políticas que rodean el reconocimiento de las autoridades venezolanas y el control de los recursos depositados en el exterior.

Desde la perspectiva expresada por la presidenta encargada, la permanencia de los lingotes en el Banco de Inglaterra representa una retención injustificada del patrimonio del país. Por esa razón, el Gobierno busca reforzar sus gestiones para que las autoridades británicas reconsideren la situación y permitan recuperar las reservas.

El reclamo se mantiene abierto desde 2019 y ahora vuelve a cobrar relevancia con el anuncio de nuevas acciones diplomáticas y legales, junto con la participación de otros sectores políticos venezolanos.

El reclamo por el oro y diálogo

La recuperación de las reservas constituye uno de los temas centrales de las negociaciones entre el Gobierno venezolano y la oposición. En el tercer ciclo de diálogo, que concluyó la semana pasada, las partes acordaron conformar una delegación paritaria para gestionar la solicitud de restitución ante las autoridades británicas.

El entendimiento busca establecer una representación conjunta que pueda intervenir en las gestiones relacionadas con la devolución del patrimonio. La conformación de esa delegación representa un punto de coordinación entre sectores políticos que mantienen diferencias, pero que coincidieron en la necesidad de avanzar con el reclamo.

La participación de exdiputados de la Asamblea Nacional de 2015, mencionada por Rodríguez, se vincula con esa búsqueda de una posición compartida para reclamar los recursos. La mandataria señaló que existe un acuerdo para exigir conjuntamente la restitución del oro, en el marco del proceso de diálogo político que se desarrolla en el país.

De este modo, el reclamo ante el Banco de Inglaterra se articula con las conversaciones internas entre el Gobierno y la oposición, que buscan encauzar la solicitud mediante una representación equilibrada.

Los recursos se destinarían a las víctimas de los sismos

Uno de los puntos centrales del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la oposición es el destino previsto para los recursos cuya restitución se reclama. Según el pacto firmado por ambas partes, el oro recuperado se destinaría a la atención de las víctimas de los sismos del 24 de junio, que causaron 6.509 fallecidos, y a la recuperación de los servicios públicos.

El compromiso incorpora así dos objetivos concretos para la eventual utilización de los activos: responder a las necesidades vinculadas con las víctimas de los movimientos sísmicos y contribuir a la recuperación de los servicios públicos.

La previsión sobre el destino de los recursos forma parte del entendimiento alcanzado durante las negociaciones y acompaña el pedido de restitución dirigido a las autoridades británicas.

En este escenario, Delcy Rodríguez insistió en la necesidad de recuperar las reservas y ordenó reforzar las gestiones diplomáticas y legales. La conformación de una delegación paritaria, acordada durante el tercer ciclo de diálogo, constituye otro de los mecanismos previstos para impulsar el reclamo.

La disputa por las 31 toneladas de oro venezolano continúa abierta desde 2019, cuando el Reino Unido reconoció a Juan Guaidó como presidente interino. Ahora, el Gobierno encargado busca reactivar la presión institucional para recuperar los lingotes, mientras el diálogo entre oficialismo y oposición incorpora el asunto a una agenda común y establece que los recursos se destinen a las víctimas de los sismos del 24 de junio y a la recuperación de los servicios públicos.