En una medida que los fiscales venían reclamando desde hace varios meses, la Cámara Federal de Bahía Blanca finalmente ordenó este viernes por la tarde que se allane el puesto policial de la localidad de Origone en el que se detuvo al joven Facundo Astudillo Castro que luego fue encontrado sin vida.

Además el tribunal de apelaciones dio luz verde para que se incauten los teléfonos celulares de los seis policias bonaerenses vinculados a la desaparición del joven, que fue arrestado mientras caminaba por la ruta en pleno confinamiento por la pandemia de coronavirus.

El puesto policial de Teniente Origone es un destacamento muy pequeño donde fue encontrado el amuleto de la víctima, pero hasta ahora nunca se allanó. En este lugar también apareció un cabello dentro de uno de los patrulleros que se corresponde con Facundo.

El pedido de la querella era que se peritaran 40 teléfonos celulares, pero esto no fue habilitado por la Cámara Federal que solo permitió el secuestro de los aparatos móviles de los agentes sospechados.

A su vez, este viernes los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin recusaron y pidieron apartar por “parcialidad” a la jueza federal de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, a quien acusan por abonar la hipótesis única del accidente.

Los representantes del Ministerio Público hicieron su solicitud a raíz de otra controversia muy marcada entre ellos y la magistrada, surgida a raíz de un nuevo informe de peritos. El fiscal natural del caso, Santiago Ulpiano Martínez, que se acaba de excusar de seguir interviniendo en la causa aduciendo “violencia moral”, dijo estar en disparidad de criterio para con sus dos colegas de unidades especiales, Heim y Azzolin.

Durante los primeros días de febrero, el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) presentó a pedido de los fiscales un informe sobre el estudio de mareas del lugar donde Facundo fue encontrado sin vida el 15 de agosto pasado en un cangrejal en la zona de Villarino Viejo, partido de Bahía Blanca.

El joven fue visto por última vez el 30 de abril pasado, luego de que al menos en dos ocasiones fuera demorado por la Policía en controles por violación de la cuarentena obligatoria por el Covid-19.

Sin embargo ese informe, según dijeron las fuentes judiciales consultadas, no tenía firmas y estaba incompleto. Además, entre otras conclusiones establecía que el lugar donde fue encontrado muerto Facundo se inundaba con una profundidad aproximada de entre 40 a 50 centímetros.

Pero curiosamente y sin que se le haya pedido, el titular del IADO, Eduardo Gómez, presentó un informe aparte con su firma en el que analizó el terreno del lugar donde fue encontrado Facundo y hasta hizo valoraciones que abonan la teoría de una muerte accidental por ahogamiento.

Por este motivo los fiscales le llamaron la atención a Gómez, ya que nunca le solicitaron ese informe. Tras esto la jueza Marrón instó a los fiscales a que incorporaran a la causa el primero de los estudios, aunque al mismo tiempo ordenó una ampliación del mismo.

Lo llamativo es que la jueza lo hizo estando la causa delegada en la Fiscalía, que es la que tiene la dirección de la causa. Esto despertó el malestar de los fiscales y planteos varios, incluido el de recusación por parcialidad.

Además, los representantes del Ministerio Público plantearon la nulidad de la disposición de la magistrada que ordena una ampliación del informe de los peritos. En concreto, los fiscales acusan a la jueza de abonar la hipótesis del accidente por lo cual no hizo lugar a pedidos de medidas de prueba solicitados por ellos, y que apuntan a los policías bonaerenses involucrados.