La investigación iniciada por un presunto caso de abigeato en la provincia de Catamarca dio un giro luego de que comenzaran a presentarse denuncias por presuntas irregularidades cometidas durante el operativo policial y judicial desarrollado el pasado lunes en el Puesto La Pastora, en el marco de una causa que se instruye en dos departamentos de la provincia.

Según había informado oportunamente la Policía de Catamarca, el procedimiento fue el resultado de una ardua investigación contra el delito de abigeato. El operativo estuvo a cargo de personal de la División Abigeato de la Policía de la Provincia, siguiendo directivas de la Fiscalía de Instrucción N° 2 del Distrito Este, a cargo del Dr. Laureano Palacios.

La medida fue autorizada por el Juzgado de Control de Garantías N° 1, bajo la conducción del Dr. José Santiago Ahumada Franzzini, y contó con la participación coordinada de distintas áreas especializadas de la fuerza policial.

Entre las dependencias que intervinieron se encontraban efectivos de las Divisiones Policía Montada y Drones, además de personal perteneciente a distintas dependencias de la Jefatura de Zona "B".

La restitución de los animales

Con el avance de las actuaciones, la investigación comenzó a transitar una nueva etapa. Los animales que habían sido secuestrados durante el procedimiento comenzaron a ser restituidos a sus propietarios luego de que se presentara la documentación que acreditaba el origen legal de la hacienda.

De acuerdo con la información suministrada, la mayoría del ganado secuestrado contaba con la documentación que respaldaba la propiedad legítima de los animales. La devolución se concretó por disposición del fiscal interviniente, mientras la investigación principal continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción N° 2.

Durante los procedimientos se realizaron allanamientos en viviendas pertenecientes a la familia Montiveros y a otros vecinos de la zona. Como resultado de esas actuaciones quedaron inicialmente bajo la figura de depositario judicial:

• 28 caballos.
• 42 vacunos.

Posteriormente, tras la presentación de la documentación correspondiente, comenzó el proceso de restitución de la hacienda a sus propietarios.

Las denuncias presentadas por la familia Montiveros

Paralelamente al avance de la causa principal, integrantes de la familia Montiveros presentaron denuncias judiciales contra quienes encabezaron el operativo. Según las presentaciones realizadas, sostienen que durante los procedimientos fueron amenazados, golpeados y presionados para admitir que integraban una banda dedicada al abigeato.

Los denunciantes afirmaron que el jefe de la División Abigeato, identificado de apellido Márquez, junto a otros efectivos, ingresó al predio consultando por una vaca y que posteriormente uno de los integrantes de la familia y otros familiares fueron intimidados.

Asimismo, señalaron que durante el operativo les fueron secuestrados un caballo, un teléfono celular y otros bienes que, al momento de formular la denuncia, aún no les habían sido restituidos. Además, sostuvieron que un funcionario judicial golpeó a un adulto y que el propio jefe de Abigeato habría agredido físicamente a otros miembros de la familia.

La actuación de la delegada judicial

Uno de los aspectos señalados en las denuncias está vinculado con la actuación de la delegada judicial que participó del procedimiento.

Según manifestaron los denunciantes, las presuntas agresiones, amenazas y presiones habrían ocurrido en presencia de la funcionaria judicial, quien se encontraba actuando como garante de la legalidad y transparencia del procedimiento. De acuerdo con esa presentación, la funcionaria no habría intervenido para impedir los hechos que ahora son denunciados por los integrantes de la familia.

Este punto pasó a formar parte de los cuestionamientos planteados en las actuaciones impulsadas por los denunciantes.

Vejaciones y apremios

Uno de los integrantes de la familia, Andrés Montivero, manifestó que, luego de demostrar la propiedad de los animales, toda la hacienda fue restituida.

Sin embargo, aseguró que todavía permanecen secuestrados distintos elementos personales que fueron retirados durante los allanamientos realizados en la propiedad. Asimismo, sostuvo que tanto él como las demás personas involucradas debieron contratar abogados para ejercer su defensa frente a las acusaciones formuladas inicialmente.

Según expresó, esas acusaciones finalmente no pudieron sostenerse, motivo por el cual ahora solicitan que se investiguen las presuntas vejaciones, los apremios ilegales, el abuso de autoridad y los hechos de violencia que, según denuncian, ocurrieron durante el procedimiento.