La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta uno de los desafíos legales más complejos de su historia reciente. En una resolución de alto impacto procesal, el juez en lo penal económico Diego Amarante ha citado a declaración indagatoria a la máxima cúpula de la entidad, incluyendo al presidente Claudio "Chiqui" Tapia y al tesorero Pablo Toviggino. La medida no se limita a la citación: el magistrado ha dictado la prohibición de salir del país para los involucrados, fundamentada en la gravedad de los hechos y la severidad de la pena en expectativa vinculada a la eventual calificación jurídica de los delitos investigados.
La causa se inició formalmente el 12 de diciembre de 2025 tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), encabezada por Andrés Vázquez. La acusación sostiene que la AFA, en su rol de agente de retención y percepción, descontó sumas millonarias a terceros pero no las depositó en el fisco dentro del plazo legal de 30 días corridos tras su vencimiento. La investigación abarca un periodo extenso que va desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, detectándose un total de 69 hechos independientes que configuran la hipótesis fiscal. El monto global de la presunta apropiación indebida asciende a la cifra récord de $19.353.546.843,85.
El detalle técnico de los fondos no ingresados revela que el mayor volumen corresponde a las contribuciones a la seguridad social, con un total de $8.675.262.968,47, seguido de cerca por el régimen del artículo 79 de Ganancias, que suma $8.016.291.166,48. Asimismo, se investigan retenciones del Impuesto a las Ganancias por $1.998.652.056,40 y de IVA por $663.340.652,50. Los meses de mayor irregularidad, según el expediente, coinciden con la etapa final del periodo investigado: julio de 2025, con una deuda mensual de $2.854.022.660,98, y septiembre de 2025, con $1.730.951.796,37.
El juez Amarante ha convocado a los directivos a la sede judicial de avenida de los Inmigrantes 1950, en la Ciudad de Buenos Aires, bajo un esquema estricto de audiencias. El 5 de marzo de 2026 se presentará la Asociación del Fútbol Argentino como persona jurídica a las 10:30 y Claudio Fabián Tapia a las 12:00 horas. Al día siguiente, el 6 de marzo de 2026, será el turno del tesorero Pablo Toviggino y del director general Gustavo Roberto Lorenzo, en los mismos horarios de la mañana. Finalmente, el 9 de marzo de 2026 deberán comparecer el ex secretario general Víctor Blanco Rodríguez y el actual secretario general, Cristian Malaspina, para completar el círculo de la comisión directiva imputada.
ARCA fundamenta la imputación en que la AFA poseía la capacidad fáctica para cumplir con sus obligaciones. El escrito judicial menciona que la entidad registró "abultadas acreditaciones bancarias", alcanzando solo en diciembre de 2024 ingresos superiores a los $45.000 millones. Además, se resalta que durante 2024 y 2025 la institución constituyó múltiples plazos fijos en pesos y dólares, lo que para los investigadores descarta cualquier imposibilidad financiera de pago y refuerza la idea de una decisión deliberada de no transferir los fondos al fisco.
La querella invoca los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario, que estipulan penas de dos a seis años de prisión para los agentes que no depositen los importes retenidos cuando superan los mínimos mensuales. Según la jurisprudencia de la Corte Suprema en el precedente "Lambruschi", el delito se consuma de forma instantánea al no realizar el depósito en el plazo establecido. ARCA sostiene que no se trata de un error administrativo, dado que la conducta se mantuvo durante 19 meses consecutivos, lo que permite inferir la existencia de dolo en esta etapa procesal.
A partir de testimonios del personal administrativo, la justicia reconstruyó que la gerencia de Administración y Control confeccionaba las declaraciones juradas y comunicaba los vencimientos al tesorero. Según el expediente, era el tesorero quien tomaba las decisiones financieras y contables, daba la orden de pago y generaba el Volante Electrónico de Pago (VEP). Sin embargo, para la acusación resulta difícil suponer que una omisión de tal magnitud pudiera adoptarse sin el conocimiento del resto de la conducción, especialmente cuando el presidente y el secretario general firmaron los estados contables de 2023 y 2024 donde constaban las deudas registradas.
Mientras la defensa de la AFA ya ha apelado ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico solicitando el sobreseimiento mediante un planteo de "excepción de falta de acción", la instrucción avanza de manera firme. La declaración indagatoria constituirá el primer acto formal de defensa, donde Tapia y su equipo deberán explicar el destino de los más de 19.300 millones de pesos que pertenecen a los contribuyentes y que, según la justicia, nunca llegaron a las arcas del Estado.
